La Junta General de Accionistas de Repsol aprobó ayer el acuerdo entre la empresa y el Gobierno argentino sobre la indemnización por la expropiación de 51% de las acciones de la compañía en YPF. Ahora el acuerdo deberá ser aprobado por el Congreso de la Nación Argentina. Antonio Brufau, CEO de Repsol, se encargó de explicar en detalle el “Convenio de Solución Amigable y Avenimiento de Expropiación”, que reconoce el derecho de la compañía a percibir US$ 5.000 millones como compensación; y las garantías para su pago efectivo, además del compromiso por ambas partes a desistir de acciones judiciales y arbitrales y la renuncia a nuevas reclamaciones.
El acuerdo estipula que el Gobierno argentino entregará a Repsol títulos de deuda pública en dólares a través de una cartera fija, por un valor nominal de US$ 5.000 millones más US$ 500 millones adicionales en intereses capitalizados, compuesta por los bonos denominados Bonar X (500 millones), Discount 33 (1.250 millones Bonar 2024 (3.250 millones); y una cartera complementaria, por un importe nominal máximo de US$ 1.000 millones, compuesto por bonos Boden 2015 (400 millones, Bonar X (300 millones) y Bonar 2024 (300 millones). La entrega de la cartera complementaria se ajustará de manera que el valor de mercado de todos los bonos entregados a Repsol ascienda, al menos, a US$ 4.670 millones, con un máximo de US$ 6.000 millones de valor nominal.
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La idea es hacer efectivos los bonos que se recibirán del Estado argentino que, unidos a la participación del 12% que posee todavía en YPF -valorada a precio de mercado en unos US$ 1.400 millones- generarán del orden de unos 6.000 o 6.500 millones de dólares.
El presidente de Repsol dijo que con solo mantener en cartera los bonos que recibirán del Estado argentino, la cuenta de resultados se incrementaría entre US$ 400 o 500 millones al año “sin hacer nada” gracias a los intereses, aunque subrayó que el objetivo es venderlos.
Pemex. El blindaje estatutario que eleva al 75% el apoyo necesario del accionariado ante una imprevista escisión de las actividades de upstream y downstream de la compañía o un traslado al extranjero de su domicilio social, también fue aprobado por la Junta General de Accionistas de Repsol este viernes. Dicho acuerdo contó con el voto en contra de Pemex, que posee el 9,3% de las acciones de la petrolera ibérica. De esta forma, Brufau se protege ante Pemex que rechaza abiertamente su gestión. Justificó la medida para asegurar “los grandes consensos y proteger a las minorías” a la vez que deslizó que “quien quiera tener una parte del negocio tendrá que hacer una oferta pública de adquisición”.
