Es un duelo de reformas laborales. Algunos analistas consideran que la Argentina es, incluso, peor que la brasileña. Sin embargo, para el sector empresario, es necesario “avanzar en mejorar la competitividad” para competir con Brasil, según señaló el representante de Copal y abogado laboralista de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.
“En el caso de la reforma impositiva, hay preocupación por los impuestos internos. Pero en la reforma laboral hay coincidencia. Hay que trabajar en la redacción técnica y legislativa para evitar la industria del juicio”, dijo Funes de Rioja. El martes la UIA se reunirá con funcionarios para evaluar esos temas.
La propuesta recibió el visto bueno de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que ayer se reunió con el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y los secretarios de Coordinación de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. La entidad, pese a que muchas de las empresas que la integran todavía están analizando el impacto, aprobó el proyecto de ley de reforma tributaria porque apunta al desarrollo económico y la creación del empleo.
“Resulta muy positivo para el país que desde el gobierno se avance en un proyecto destinado a promover el desarrollo económico y la creación de empleo mediante la reducción de la elevada presión tributaria, una mayor formalización de la economía y que, simultáneamente se reduzca de manera gradual el déficit fiscal”, detallaron en un comunicado de la entidad que dirige Jaime Campos. También participaron Luis Pagani de Arcor, Sebastián Bagó del laboratorio que lleva su apellido, Aldo Roggio, socio de la brasileña Oderbrecht en una de las obras investigadas, junto con otro de los presentes, José Cartellone; el supermercadista Alfredo Coto, Cristiano Rattazzi de Fiat; Eduardo Elsztain, de IRSA; Enrique Cristofani, del Santander; el textil Teddy Karagozian y uno de los promotores de una reforma “a la brasileña”, el titular de Mercado Libre, Marcos Galperín, entre otros.
Derechos humanos. La reforma brasileña entra en vigencia el 12 de noviembre. En la antesala, la CUT, la Central Única de los Trabajadores de Brasil pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe representantes para evaluar “los retrocesos” de la reforma laboral del Gobierno de Michel Temer. El pedido se hizo en una audiencia en Uruguay la semana pasada, con el argumento de que “las nuevas reglas agreden los derechos humanos. El trabajo digno es uno de esos derechos”, según señaló el secretario de Relaciones Internacionales de la CUT, Antonio Lisboa.
