Al menos 900.000 jóvenes de 16 a 24 años no estudian ni trabajan en el país, en un contexto nacional de pobreza estructural que afecta al 22 por ciento de la población y de desigualdad social que triplica la que había en la década del setenta.
Ese panorama fue trazado esta mañana en esta ciudad patagónica por el secretario de Política y Desarrollo de la Nación entre 2003 y 2007, Daniel Arroyo, en el marco de la 34 Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) que se realiza en el hotel Llao Llao, en la apertura del segundo día de debates. El ex funcionario instó, en ese contexto, a "desconcentrar y rediseñar los planes sociales de ayuda" que ofrece el Estado nacional, en virtud de que "el 70 por ciento de ellos está en manos de la Nación, el 23 por ciento en el nivel provincial, y sólo el 7 por ciento a cargo de los municipios, que son los que saben las necesidades específicamente locales".
"Tenemos a nivel país por lo menos 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan, la generación 'ni-ni'", planteó Arroyo durante su disertación, en la que, con cifras, contradijo los números oficiales, especialmente en materia de empleo.
En ese marco, dijo que hay en el país "22,3 por ciento de pobres estructurales", cuando para el Gobierno, según la medición difundida en abril correspondiente al segundo semestre de 2012, es de 5,4 por ciento.
En igual sentido, Arroyo remarcó que la brecha de ingresos entre ricos y pobres es de 22 a 1, cuando para el Gobierno es de 13 a 1. "En la década del '70 era de 7 a 1, y durante la crisis de 2001, de 44 a 1. La desigualdad social sigue siendo muy alta en la Argentina, y es causa de violencia social", advirtió.
En materia de ayuda social, el analista admitió una mejora respecto de lo que ocurría "hace diez años, cuando era de 4.600 millones de pesos. Hoy es de 43.000 millones, pero el desafío es transformar esa ayuda en un puente al empleo". "Y para que quien recibe un plan se anime a dejarlo porque puede conseguir un trabajo, hay que reducir la incertidumbre. La gente pobre decide con racionalidad, y se pregunta '¿por qué voy a dejar de recibir el plan de ayuda si no sé cuánto me puede durar un trabajo?'", remarcó.
Al respecto, sostuvo que es necesario aplicar "un esquema de 'empalme', de modo tal que quien cobra un plan y consigue trabajo, pueda mantener ambos por seis meses. Luego, de mantener el trabajo, al año cobraría el 80 por ciento del plan y a los 18 meses el 60 por ciento". "Pero de vuelta, el gran desafío es saber qué va a pasar", insistió.
