Una de las relaciones tan necesarias como controversiales que los gobiernos de Argentina han mantenido durante los últimos años, ha sido con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el estrecho vínculo de la gestión de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, hasta la constante comunicación entre Christine Lagarde con Mauricio Macri y la de Alberto Fernández con Kristalina Georgieva, la actual titular del Fondo tras la marcha de Lagarde al Banco Central Europeo.
Es preciso señalar que Argentina tiene precondiciones macroeconómicas bastante caóticas, que muestran un alto estrés financiero junto a una economía real cerca del colapso. Esas precondiciones se combinan con un escenario de alto endeudamiento y una fuerte restricción presupuestaria por parte del sector público para hacer frente a esas deudas e incluso afrontar gastos operativos tales como las transferencias sociales, los pagos de subsidios a empresas e incluso abonar los sueldos de empleados públicos.
Hay una dificultad en la premisa que la actual gestión sostiene a la hora de señalar que el producto indefectiblemente va a recuperarse porque ya ha caído lo suficiente. Algo comúnmente llamado “el efecto rebote”. Para que esto ocurra, el sector público argentino debe regularizar por completo su situación con los acreedores y de momento, recién comienza el segundo tramo de su negociación con el FMI. Aún así, llegar a un acuerdo con este organismo multilateral de crédito no asegura nada: simplemente regulariza el flujo de pago de deudas de acá en adelante.
Alberto Fernández relanza su gestión bajo el lema de la recuperación
El paso que le falta al Gobierno es delinear un plan macroeconómico integral, donde sea visible y tangible la generación de dólares para poder exportar. Los saldos exportables pueden ser el ingreso para hacer frente a los enormes flujo de pago de intereses y capital de deuda que se deberán abonar a partir de 2026.
El país debe establecer reglas de juego claras en materia institucional, jurídica y económica, que permitan generar buenas condiciones para los negocios. De esa forma, Argentina podrá encontrar un mecanismo económico para empezar a levantarse, además de comprender que su futuro no es de crecimiento inmediato, sino de recuperación.
Nuestro país deberá comenzar rápidamente este proceso porque una situación de amesetamiento del Producto Bruto Interno (PBI) solo provocará mayor tensión social y política. Para entender la dimensión de lo que pasó este último tiempo a causa de la pandemia, basta un dato concreto: Argentina perdió casi un cuarto de lo que produce, pero siguen viviendo la misma cantidad de personas. Eso se traduce en pobreza e indigencia.
Más del 90% de los bonistas entró al canje y Economía logró evitar los juicios
Desde que se conoció el dramático indicador del 25% de caída del PBI, aún no existió una fuerte recuperación. De hecho, ocurrió todo lo contrario: distintos informes de consultoras privadas muestran que la caída de la industria en julio fue del 9,4% en forma interanual, siendo del 11,5% la baja acumulada en lo que va del atípico 2020.
Ante tal panorama el Gobierno deberá tomar cartas en el asunto y atender ambos frentes: cuidar el gasto público para poder hacer frente a las deudas y, a su vez, generar incentivos en el sector privado para mejorar la productividad, que impulsará la inclusión social necesaria. Una sin la otra no lograrían nada.
Argentina no mejorará solo con desarrollo productivo, lo hará si realmente logra incluir y conectar a toda la sociedad. El crecimiento con inclusión social es lo que se llama desarrollo económico. Un sendero que en Argentina se perdió hace más de 50 años, sin importar el color político.
No crecer, acelera la tensión social e incluso estimula condiciones para eventos macroeconómicos disruptivos, como una fuerte devaluación o una aceleración espiralada de la inflación. Además, las reservas del Banco Central son muy pocas en comparación con la circulación de billetes que hay. Todo esto supone escenarios de alta tensión que aún no están descartados en el horizonte de mediano plazo.
"Si los grupos locales no invierten, es difícil que vengan grupos extranjeros"
De momento, se ha solucionado solo uno de los problemas: el de la deuda con los bonistas y de forma parcial. Falta el segundo paso, que sería el acuerdo con el FMI para empezar a arreglar las cuentas del Estado que no pueden seguir con el despilfarro de los últimos 50 años. Encontrar solo un color político en el mal uso de las cuentas públicas sería, por lo menos, sesgado en el análisis. La impericia en las restricciones presupuestarias es un flagelo que no ha distinguido partido político en Argentina.
Un plan económico que incluya exportaciones y crecimiento de la actividad, en sintonía con el mejoramiento de la productividad, sin perder una verdadera estrategia de inclusión social podría ser una forma de encarar la lenta recuperación de la economía argentina que viene de décadas de pérdida del poder adquisitivo. Si se crece sin inclusión social, solo se generará mayor marginalidad, más problemas de división entre una economía formal y otra informal.
Urgentemente Argentina necesita aumentar sus exportaciones. De lo contrario, no va a consolidar una recuperación sostenida en el tiempo. Sobre esto, el último dato de exportación de la balanza comercial muestra que ha caído notablemente: un 22,6% de forma interanual, según cifras del INDEC. Esto es realmente preocupante ya que ataca al crecimiento de largo plazo y, en particular, a la recuperación que nuestro país debe tener para poder dar un alimento digno en la mesa a cada uno de los argentinos.
* Economista y CEO Fintech Más Inversiones
