El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, pidió este martes que anulen su procesamiento por haber multado a las consultoras que medían y difundían hasta dos veces más inflación que la oficial del INDEC, a las cuales acusó de actuar en combinación "con el sistema financiero internacional y los bancos locales" para "azuzar el tema" y lograr ganancias con los bonos de deuda.
El funcionario concurrió esta mañana a una audiencia con los jueces de la Sala 2 de la Cámara Federal, que presenció DyN, donde intentó mostrarse como una víctima de las consultoras multadas en 2011 por decisión suya.
"Las mismas consultoras tenían en su patrimonio bonos de la deuda", señaló el secretario e incluso sostuvo que sus titulares en forma reservada "se reunían con los enviados del Fondo Monetario Internacional (FMI) que venían al país", pero lamentó que "nunca se supo dónde se reunían ni de qué hablaban".
Moreno explicó que situaciones como las que lo llevaron a tribunales ocurren “en muchos otros países” y puso de ejemplo a Italia donde, según dijo, “la Justicia allanó las consultoras, recabó las pruebas y las llevó a juicio, todo eso con la misma acusación que acá: agio y especulación”.
A su turno, el abogado defensor Alejandro Rúa, solicitó a los camaristas que “anulen el procesamiento porque es arbitrario” y que la causa “sea sobreseída”, tanto para Moreno como para los co-procesados Fernando Carro y Adalberto Rotella, directores nacionales de Comercio Interior y de Lealtad Comercial, respectivamente.
El juez federal Claudio Bonadío los procesó a los tres por haber aplicado multas de 500 mil pesos a consultoras privadas por supuestas irregularidades en la medición de la inflación que hacían, y cuyos resultados daban hasta más del doble que los números del INDEC.
La figura penal de los procesamientos es “abuso de autoridad”, tipificado en el artículo 248 del Código Penal de la Nación y castigados con "prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo". Ahora la Sala Dos de la Cámara Federal porteña deberá resolver si confirma los procesamientos -lo que haría que Moreno y sus colaboradores queden al borde del juicio oral- o si los revoca.
