La sociedad demanda cada vez más y mejores alimentos. Sin embargo, la agricultura puede ocasionar daños al ambiente y a la salud de las personas si algunas prácticas, como la aplicación de fitosanitarios, no son realizadas correctamente. Los caminos para evitarlos son la profesionalidad en la utilización de los productos y el respeto por los valores humanos.
La aplicación de fitosanitarios es una tarea multidisciplinaria en la que intervienen desde los químicos que diseñaron la molécula hasta los operarios aplicadores. Para que la aplicación sea exitosa desde el punto de vista profesional y ambiental, es necesario el aporte de los conocimientos de los actores del proceso.
En algunas comunidades se llevan a cabo experiencias denominadas “agroecología”, que trascienden a la mera producción de alimentos sin el uso de fitosanitarios y que se transforman en una verdadera filosofía de vida y otorga seguridad para la familia y los vecinos. Esto es bueno, pero no lo es considerar como enemigos a los que encaran la producción de materias primas de alimentos para su comercialización en el mercado interno o externo.
En la actualidad existe una tendencia a criticar lo que realiza el otro. Sin embargo, el entendimiento como base de la convivencia debe ser rescatado a través del conocimiento, la organización y el respeto por los valores humanos.
Hace pocos días se dio a conocer lo sucedido en una localidad del interior de Córdoba, donde las actividades urbanas y rurales se encuentran prácticamente fundidas unas con otras. Los pobladores expresaron su temor solicitando que se prohibieran las aplicaciones en los campos cercanos al pueblo. Las autoridades designaron a un profesional en el municipio y se realizaron actividades de capacitación específica para aplicadores de fitosanitarios y para la población en general. La situación de temor e incertidumbre se revirtió y los productores se comprometieron a adoptar las Buenas Prácticas Agrícolas, en base a la profesionalización de las aplicaciones y el respeto a la normativa vigente, que en Córdoba es bastante rigurosa.
Otro caso de entendimiento y convivencia se está dando desde hace varios años en el municipio de Colonia Caroya, donde la mayoría de las viviendas se encuentran en la misma parcela donde se cultivan frutales y hortalizas.
Los organismos de gobierno comenzaron por profesionalizar el área respectiva y convocaron a las partes para llegar a un acuerdo que permite las aplicaciones bajo control y respeto por los vecinos.
También existen experiencias e iniciativas tanto de grupos privados como de organismos públicos a fin de generar alternativas para reducir el uso de fitosanitarios, el INTA expuso la realización de ensayos con secuencias de cultivos que generen alternativas rentables sin tener que acudir al uso de insumos químicos y está organizando consorcios de Manejo Integrado de Plagas en el mismo sentido. Son igualmente importantes las experiencias de producción “orgánica” que se llevan a cabo reduciendo la aplicación de fitosanitarios a un puñado de productos autorizados para ese fin.
Por esto es que proponemos que sea “Prohibido prohibir”, como ocurrió en localidades importantes donde se fijaron arbitrariamente distancias que parecieran dividir mágicamente las zonas con o sin riesgo de ser afectadas por la aplicación de fitosanitarios a los cultivos. Proponemos que si una medida de restricción es necesaria esté basada en condicionamientos técnicos y humanos, no económicos ni políticos.
*Profesora en Dpto. Protección Vegetal en Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Córdoba.
