El uruguayo Alejandro Montes de Oca fue secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica –Gafisud– entre 2005 y 2012. Asegura que hace falta revisar la legislación que rodea al juego y alerta sobre la oscuridad en el negocio del fútbol.
—Teniendo en cuenta que el mercado del juego y las apuestas creció con fuerza en los últimos años, ¿es necesario un cambio de legislación para su control?
—Deberían llevarse a cabo dos tareas fundamentales a este respecto: realizar una evaluación seria de los riesgos que este sector, que es bastante diverso y más complejo de lo que en general se cree, puede presentar para la comisión de estos delitos y, como consecuencia de ello, proceder a revisar la legislación que la enmarca en su totalidad, incluyendo por supuesto lo relativo a la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En suma, deberían evaluarse los riesgos de lavado de activos que presentan las actividades vinculadas al juego y revisar la legislación en función de los riesgos detectados.
—¿Es compatible tener bancos y casinos?
—En principio, no existen obstáculos para que las empresas operen en ambos mercados, siempre y cuando la regulación y la supervisión sean las adecuadas.
—¿Qué otros sectores de la economía son clave controlar?
—Básicamente las denominadas “actividades y profesiones no financieras” o Apnfd, tales como los casinos, notarios, inmobiliarias, etc. Ahora bien, hay una actividad que ha cobrado una notoriedad especial en los últimos días, que es todo lo que rodea al fútbol. A mi juicio, esto no es algo inesperado, ya que el propio GAFI había alertado sobre los riesgos de lavado de activos que este sector presenta. Fíjese que si bien la Argentina ha establecido que la AFA y los clubes son sujetos obligados en esta materia poco, nada se ha avanzado en la implementación de los controles necesarios.
Avances sí, resultados no
Según Alejandro Montes de Oca, el objetivo final de cualquier regulación en lavado de dinero es “desbaratar las organizaciones delictivas, llevar a la cárcel a los delincuentes y privarlos del producto económico de su actividad criminal”. Sin embargo, no tiene un buen diagnóstico de cómo se aplica eso en nuestro país: “Lamentablemente, en la Argentina no se ve mucho de eso”, puntualiza, aunque reconoce que ha habido avances y que se cumple de forma adecuada con los estándares de lavado de activos. “Sin embargo, el déficit más importante es que faltan casos judiciales en casos de lavado de activos”.
