Presión internacional por el blanqueo de capitales y por las promesas incumplidas del Gobierno

Como se hizo costumbre durante el mandato de Néstor Kircher, y se ratificó en la gestión de Cristina, los organismos financieros internacionales y los gobiernos extranjeros cuestionaron una vez más algunas decisiones de los K, en particular el manejo de la deuda, la inflación, y el recientemente proyecto de blanqueo de capitales.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), encargado de luchar contra las operaciones de lavado de dinero en todo el mundo, envió una carta al Gobierno en la que pidió explicaciones sobre el la moratoria impositiva y repatriación de capitales, y sugirió modificaciones al proyecto de ley.

La ley fue aprobada por Diputados la semana pasada, junto a un amplio paquete de medidas contra la crisis; ahora resta que el proyecto pase al Senado esta semana para convertirse en norma. El artículo 32 inciso "c" del proyecto oficial señala que no se preguntará por el origen de los fondos.

Creado en 1989, el GAFI es un organismo intergubernamental con sede en París, integrado por Argentina y otros 33 países. Se dedica a perseguir el lavado de dinero y, desde 2001, reforzó su lucha contra el financiamiento del terrorismo. Hoy lo preside el brasileño Antonio Gustavo Rodrigues.

"Es comprensible que su Gobierno tome medidas para respaldar su economía, especialmente en este período de crisis financiera", dice la carta enviada al ministro de Economía, Carlos Fernández, el pasado 8 de diciembre, publicada hoy por el diario La Nación. "Sin embargo, dado el riesgo potencial involucrado, sería problemático si el proyecto de ley no incluyera alguna previsión para verificar el origen del dinero u otros bienes que sean introducidos en el sistema financiero", completa.

Otra carta con críticas, pero sobre la política económica del gobierno de Cristina, llegó desde el Departamento de Estado de Estados Unidos.

En ella, el gobierno norteamericano afirma que para mejorar el clima de inversiones debe solucionarse la situación de los bonistas que quedaron fuera del canje de la deuda, y el problema de las empresas extranjeras que demandaron a Argentina ante el Centro de Arbitrajes de Disputas sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

Citando una "amplia gama de economistas", el Departamento de Estado advirtió sobre la inflación y cuestionó las heterodoxas políticas oficiales para combatirlas, como las "presiones sobre el sector privado para limitar los aumentos de precios de alguno bienes de consumo, la postergación en la negociación de las tarifas de los servicios públicos, los impuestos a las exportaciones y la prohibición de exportaciones".

"Las recientes turbulencias financieras internacionales y la rápida caída de los precios de la commodities amenaza la habilidad de Argentina para continuar su rápido crecimiento económico", reza la carta, reproducida por el diario Clarín. Se critica además la " flotación administrada" del dólar, y la cotización en el presupuesto 2009 de $3,19, un peso "subvaluado".

La diplomacia estadounidense reclamó también por la deuda impaga ante los acreedores internacionales (que ubica en U$S 20.000 millones) y los oficiales (unos U$S 8.000 millones), lo que tiene "un impacto adverso sobre el clima de inversión de Argentina". Protestaron, además, por los anuncios "no instrumentados" que hizo el Gobierno para resolver la situación.