La caída de ingresos asociada al coronavirus llevó a una entidad pyme a enviarle una serie de propuestas al Gobierno que incluyen la suspensión de los pedidos de quiebra por un año, así como las ejecuciones de juicios laborales y un pedido también para suspender el cobro de alquileres y servicios por seis meses.
Así lo detallan las propuestas del Movimiento de Pequeñas y Medianas Empresas (MoPyME), que dirige Cristian Caram, para que las firmas puedan "sobrellevar este periodo y tratar de garantizar su supervivencia, en un contexto de crisis ocasionado por el COVID-19 y agravado por las restricciones extremas de la cuarentena, sobretodo en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA)".
"Suponer que todo puede resolverse con más aportes del Estado durante los meses que falten es demencial. No hay manera de que sea suficiente. La emisión monetaria debería ser enorme para compensarlo. Por eso apostamos a que se puedan hacer acuerdos entre privados. Ahí lo que se necesita legislación", aseguró Caram, quien también es dueño de Madero Tango.
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Para la entidad, si bien la cuarentena "ha demostrado resultados satisfactorios para combatir el virus", casi 75 días después, la suspensión de las actividades económicas y productivas "genera que los recursos para la vida diaria se vayan agotando y que muchas empresas o actividades comerciales ya hayan cerrado o estén en vías de hacerlo". Los datos del Observatorio Pyme calculan que son 100.000 las empresas que están en esa situación.
La propuesta contempla suspensión total del pago de alquileres de los inmuebles destinados a uso comercial hasta el 30 de septiembre. "Excluyendo a aquellos propietarios que acrediten debidamente que dependen de esa renta para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar", aclara Mopyme. "Los alquileres son, junto con los salarios, el costo más significativo que debe afrontar cualquier emprendimiento y hoy son impagables", agregan. Para Caram, "no todos los propietarios de los locales entienden que es mejor un mal acuerdo, que sólo le paguen los gastos del mes. ¿A quién le van a alquilar el local, sino?".
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El segundo eje es "eximir de forma total el pago de servicios públicos (electricidad, gas y agua)" también por seis meses. "Más allá de los abusos de las empresas proveedoras, que los sigue habiendo, aún sin ellos los cargos fijos no pueden afrontarse", remarcaron.
En línea con el pedido de la Cámara Argentina de Comercio, que ayer abogó por medidas para evitar la judicialización de reclamos, Mopyme apunta a la suspensión de los pedidos de quiebras por parte de cualquier tipo de acreedor, durante un año. "Apenas reabra la Justicia, habrá un aluvión de quiebras sino se instrumenta esta medida porque la cesación de pagos es generalizada", remarcó Caram.
"En los próximos meses puede haber un aluvión de pedidos de quiebra. Cualquiera que tenga un cheque rechazado, puede encarar un pedido de quiebras. Algo hay que hacer para evitar eso", advirtió el empresario en diálogo con PERFIL.
El último punto es la suspensión, también por un año, de la ejecución de cualquier sentencia por juicios laborales. "Si en medio de esta tragedia recae sobre cualquier emprendimiento comercial la sentencia de un juicio laboral, todos los otros esfuerzos que se hacen para evitar los cierres habrán sido en vano", argumenta la entidad.
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Esa medida puede impactar en los ingresos de un trabajador o trabajadora que ganó un reclamo. "Es el caso de una persona que espera cobrar su derecho contra una empresa que puede dejar a mucha gente más en la calle. Hay un riesgo de ser injusto con el que tiene que cobrar. No se plantea no pagar sino postergarlo por un año", respondió Caram.
La propuesta incluye un régimen de autoexclusión de los beneficiarios, sin necesidad de explicitar los motivos de la misma. "Yo personalmente voy a autoexcluirme", anticipó el dueño del local de cena-show de tango, que vaticina que será de los últimos en reabrir. "Las casas de tango son el último eslabón en volver. Los restaurantes están postergados frente a otro tipo de comercios. Tenemos que esperar también a que habiliten los teatros. Y el 95% de nuestro público son turistas. Buena parte además son brasileños. Las perspectivas son malas y largas", remarcó.
PV / DS
