YPF inició en diciembre pasado una aventura judicial para determinar si directivos de su filial en los Estados Unidos –denominada YPF Holding– cometieron un manejo indebido de los fondos que recibe la subsidiaria. En concreto, Miguel Galuccio, presidente de YPF, sospecha que ejecutivos de su máxima confianza habrían contratado de forma irregular a una empresa de servicios vinculada con empresarios argentinos. Por eso se presentó una demanda en una Corte de Justicia de Texas contra Karlin Pacific LLC, una prestadora de servicios con sede en Boca Raton (Florida).
En la industria sostienen que la contratación de esa firma fue detonante de la salida de la presidencia de YPF Hoding, en julio pasado, de Guillermo Jalfin, con quien Galuccio mantenía una extensa amistad y compartió buena parte de su carrera profesional en Schlumberger, una gran proveedora de servicios petroleros del planeta.
La denuncia presentada el 26 de diciembre por YPF Holding, patrocinada por el estudio jurídico DLA Piper LLP, sostiene que Karlin Pacific –contratada por US$ 2,9 millones para realizar estudios de geología y reservorio de 35 yacimientos maduros en Venezuela, Ecuador y la Argentina– incumple la cláusula 17° del contrato entre las partes, que otorga a la demandante el derecho para requerir información de amplio espectro contable y financiera de la compañía. Galuccio quiere conocer la ruta de los casi US$ 3 millones que desembolsó YPF, para individualizar a los beneficiarios finales de ese pago.
Sin embargo, en un escrito presentado esta semana –al que accedió PERFIL–, Karlin negó esos cargos y solicitó a la corte del Distrito Sur de Texas que acceda a dirimir el diferendo en un juicio por jurados, según consta en el punto 52° de la contestación de demanda firmada por Murray Fogler, abogado de Karlin.
La defensa alegó que ya puso a disposición de YPF Holding información “referida a los servicios técnicos prestados”, a fin de que ésta pueda “evaluar y verificar cualquier factura, pago o reclamaciones presentadas por Karlin de conformidad con el acuerdo suscripto”. Pero advirtió que la filial de la petrolera argentina apunta a conocer, además, el nombre de “proveedores, clientes, consultores contratados entre 2013 y 2014”, así como los estados financieros de la empresa en los últimos dos años, registros de inversores, cuentas de bancos, estados contables e impositivos, entre otros puntos. Las partes se verán frente a frente el jueves que viene en Texas, ante la jueza Lynn Hughes.
A priori, el de Galuccio parece un enorme esfuerzo por un contrato de cifras menores para una empresa petrolera. Quizás esa tenacidad se deba a que en el directorio de Karlin figura Osvaldo Sortino, titular de la empresa Raiser, en la que fue socio el banquero Raúl Moneta, y uno de los apoderados de Enercana Argentina, una petrolera de origen canadiense que obtuvo la titularidad de Parva Negra Oeste, un bloque de exploración con acceso a Vaca Muerta. YPF había impugnado esa licitación.