El establishment corporativo hizo un último avance en el Senado para modificar algunos puntos de la Reforma Laboral antes de que el proyecto se trate en el recinto en febrero. Con la premisa de no dinamitar la ley —que consideran necesaria para la modernización económica— pero sí desactivar lo que consideran perjudicial para la representación gremial empresaria. Varias de las principales cámaras del país se reunieron este miércoles con la senadora Patricia Bullrich, lideradas por la Cámara Argentina de Comercio (CAC) con la premisa de apoyar el espíritu de la norma en general y el rechazo a los artículos que desfinancian a las entidades y atomizan la negociación colectiva.
"Una de las cosas que hay que evitar es justamente eso. La ley que salga tiene que ser una ley que se aplique, no una ley que sea judicializable y al otro día tenés recurso de amparo y no se aplica", resumió a PERFIL un influyente miembro del Grupo de los Seis (G6) en estricto off the record, blanqueando el temor de fondo: que la totalidad del proyecto quede empantanado por la discusión.
El movimiento de la CAC no es aislado. Se suma a la presión que ya ejercieron la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). El diagnóstico en el empresariado es compartido: el proyecto de Ley de Modernización Laboral, tal como salió del "Consejo de Mayo" con el visto bueno de la UIA de Martín Rappallini, contiene cuatro puntos que amenazan la supervivencia de las pymes y rompen el equilibrio de fuerzas frente a los sindicatos.
"Compartimos el espíritu del proyecto centrado en adaptar la legislación a los cambios que las transformaciones sociales y tecnológicas imponen", señaló el líder de Comercio, Mario Natalio Grinman, tras el encuentro. Sin embargo, advirtió: "De un proyecto de casi 200 artículos, manifestamos observaciones puntuales sobre unos pocos de ellos". Esos "pocos" artículos son, precisamente, los que definen el poder de fuego de las cámaras en la mesa de discusión salarial.
Los cuatro puntos que discuten las empresas
El nudo del conflicto se centra en los artículos 126, 128, 130, 131 y 132 del proyecto.
Fin de la vigencia automática (ultraactividad): El artículo 126 elimina el principio que prorrogaba la validez de un convenio vencido hasta la firma de uno nuevo. Esto obliga a una renegociación constante, exponiendo a las empresas a posibles vacíos legales. El riesgo principal recae sobre las PyMEs, que a diferencia de las grandes corporaciones, no tienen estructura jurídica para afrontar un eventual salto en la litigiosidad. Es una de las líneas rojas compartidas con la CGT. Desde ADIMRA advierten que esta redacción genera "vacíos normativos" donde reglas operativas quedan en el aire. "Una PyME no puede renegociar su marco laboral todos los años. Frente a la duda, no invierte y no toma gente", graficaron desde la entidad industrial.
Golpe a la caja de las cámaras (Art. 128): Se suprime la obligatoriedad de las contribuciones patronales solidarias. En la práctica, esto desfinancia a las asociaciones de empleadores, ya que esos fondos son los que hoy sostienen los programas de capacitación federal. Este es el corazón de la batalla con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien ya había calificado estos aportes como un "peaje privado". Para las pymes, sin embargo, el corte de flujo implica perder centros tecnológicos y formación técnica. "Sin cámaras fuertes, las PyMEs negocian solas. Y solas, pierden", sentenciaron desde el sector metalúrgico.
Atomización de la negociación (Arts. 130 y 131): La reforma busca invertir la pirámide legal para que los acuerdos por empresa o región prevalezcan sobre los de rama o sector. El objetivo es descentralizar la discusión salarial, rompiendo el piso de igualdad de condiciones que hoy rige a nivel nacional para todos los trabajadores de una misma actividad. En CAME alertan que esto fragmenta el marco normativo y habilita "diferencias salariales y de condiciones laborales injustificadas", afectando el principio de competencia leal. "Un taller metalúrgico de sis trabajadores negociando solo frente a una seccional sindical no tiene igualdad de fuerzas", explican en el sector industrial.
Discrecionalidad estatal para anular acuerdos: El artículo 132 faculta a la autoridad laboral a “decretar la suspensión de los efectos del acto de homologación” de un convenio ya cerrado entre partes "cuando se alegare y demostrare sumariamente que su aplicación genera distorsiones económicas graves que afecten el interés general”. Para los empresarios, esto introduce un factor de inseguridad jurídica y abre la puerta a mayor conflictividad judicial. En la carta enviada al Senado, CAME fue categórica: esta facultad otorga una "discrecionalidad excesiva al Estado" que desnaturaliza la autonomía colectiva.
La sombra de Sturzenegger y la batalla por la caja
La reunión con Bullrich busca abrir una vía de negociación política que Sturzenegger había clausurado. El ministro de Desregulación se convirtió en el enemigo público número uno de las cámaras mercantiles tras intentar eliminar los aportes obligatorios primero vía decreto y ahora por ley.
Lo que está en juego es la estructura de financiamiento del gremialismo patronal. En el caso de Comercio, estos aportes sostienen al Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP). Si el artículo 128 avanza tal como está redactado, prohíbe que las contribuciones a cámaras sean obligatorias mediante cláusulas convencionales, dejándolas en un terreno de voluntariedad que, según admiten en off the record fuentes patronales, es sinónimo de desfinanciación: "Si el aporte es voluntario, el altruismo es escaso".
ADIMRA le puso números a la preocupación: con esos aportes hoy se financian más de 20 Centros Tecnológicos y seis mil vacantes anuales de capacitación técnica. El argumento pyme es que, al debilitar a la cámara, se debilita la capacidad de negociación del pequeño empresario frente a sindicatos consolidados y con caja propia, rompiendo el principio de paridad.
Cuándo se trata la reforma laboral
El apuro de las cámaras tiene una explicación legislativa. El proyecto obtuvo dictamen a mediados de diciembre en la Comisión de Trabajo del Senado, impulsado por La Libertad Avanza, pero quedó estancado por falta de votos para llegar al recinto. Tras el receso, Bullrich reactivó las conversaciones técnicas para destrabar la ley y que el proyecto tenga curso en la primera quincena de febrero.
La estrategia de Grinman y sus pares es ofrecer el respaldo institucional que el Gobierno necesita para mostrar gobernabilidad y modernización al tiempo que piden cambios en el articulado. "Estoy plenamente convencido de que Argentina requiere cambios en la legislación laboral" y que " la mirada de entidades como la nuestra puede colaborar", aseguró el titular de la CAC.
La CAME que preside Ricardo Diab apuntó en la carta enviada a la vicepresidenta Victoria Villarruel que los puntos cuestionados son incompatibles con el artículo 14 bis de la Constitución y con convenios de la OIT, introduciendo una "regresión injustificada en derechos laborales" que terminará, paradójicamente, aumentando la litigiosidad que el Gobierno dice querer combatir.
EM CP
