El 51,6% de los argentinos no accede a por lo menos uno de los tres servicios públicos medidos por el Indec en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH): agua corriente, gas natural o cloacas. En cantidad de personas, esto se traduce en al menos 15,4 millones. La encuesta no releva a la totalidad de la población, sino a la que habita en 31 conglomerados urbanos. Pese a que, si se analizan las estadísticas de las últimas décadas, se presenta como un problema estructural, el porcentaje de quienes no cuentan con alguno de los servicios va en aumento: en noviembre de 2024 era el 50,5% (14,9 millones de personas).
En base a estos datos, la Fundación Tejido Urbano elaboró un informe en el que destaca que entre 2016 y 2025, y medido en hogares, la cantidad de aquellos que no cuentan con estos servicios también se incrementó: pasó del 44% al 46,2%. “El acceso a suministro de agua corriente y gas a través de las redes públicas y a las redes de desagües cloacales representa un impacto considerable en la calidad de vida de las personas”, explican desde la Fundación. Esto no solamente depende de la existencia de redes en las inmediaciones de las viviendas, “sino también de que, en caso de que existan, los hogares puedan realizar las conexiones domiciliarias”.
Según pudo constatar PERFIL en el mapa de inversiones de la Secretaría de Obra Pública de la Nación, de las 32 obras en ejecución destinadas al mejoramiento o provisión de los servicios de agua corriente y cloacas cuyo plazo de finalización es en 2025, 23 tienen un avance físico menor al 20%, a pesar de que 12 cuentan con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
De acuerdo con los datos del presupuesto abierto, en la función de “servicios sociales de agua y alcantarillado” el Gobierno redujo el presupuesto vigente para este año de los $ 526 mil millones a los $ 222 mil millones, de los cuales se ejecutaron, a noviembre, $ 134 mil millones. El monto equivale a casi la cuarta parte de lo que se invirtió en 2023 en el mismo ítem: $ 423 mil millones. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij) estimaron, además, que el financiamiento para estas obras en 2024 y en 2025 fue el más bajo de los últimos 20 años, tanto a nivel nacional como en lo transferido a la provincia de Buenos Aires. Esta semana, por otra parte, el Ejecutivo avanzó en la privatización de AySA. Para ello redefinió, en el decreto 805, el reglamento de la compañía: habilita a la empresa a cortar el suministro a los usuarios residenciales cuando incurran en una mora de 60 días o más contados desde el segundo vencimiento de la factura.
En el último informe presentado por la Jefatura de Gabinete en el Congreso se informó que, hasta agosto, el presupuesto orientado a obras públicas para 2025 había tenido un 10% de ejecución, y que el crédito vigente había pasado de los $ 995 mil millones en 2023 a los $ 632 mil millones durante este año.
Al menos 17 millones de argentinos viven en hogares cercanos a basurales
La Cámara Argentina de la Construcción señaló por su parte, en un reporte sobre el estado de situación para 2024, que “la inversión en agua y saneamiento es una apuesta por el desarrollo sostenible” y que garantizar acceso estos servicios “impacta directamente en la salud pública, reduce la mortalidad infantil, mejora las oportunidades educativas y laborales, y protege el medio ambiente al evitar la contaminación de cuerpos de agua”. Estimaron que el costo anual de mantener la infraestructura que ya está en funcionamiento equivale a los 3.260 millones de dólares, “dividido entre 1.091 millones de dólares para agua potable y 2.169 millones de dólares para cloacas”. Este monto “no debe interpretarse como un gasto, sino como una inversión crítica para preservar la funcionalidad de los sistemas” y “evitar costos mayores asociados al deterioro”, concluyeron.
Con respecto a otras inversiones relacionadas con la infraestructura, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señaló a su vez que, para octubre, en materia de transporte y obra pública, se observó “un nivel de ejecución extremadamente bajo, cercano a la paralización de los programas” respecto a 2023. Como ejemplos menciona los programas de rutas y nuevas obras de pavimentación (con una caída del 99%), el mejoramiento de barrios (-91%), las obras de seguridad en rutas nacionales (-91%), la construcción rutas seguras (-90%) y el desarrollo de infraestructura hidráulica (-85%).
El informe del Indec detalló también que al menos 1,7 millón de personas vive en hogares cercanos a basurales y que 3,2 millones habitan en lugares próximos a zonas inundables. También que 1,1 millón vive en condiciones de hacinamiento crítico (más de tres personas por habitación).
La encuesta tiene el objetivo de “caracterizar a la población en términos de su inserción socioeconómica, dando a conocer las características demográficas básicas, la inserción de la población en la producción social de bienes y servicios y la participación de los hogares y la población en la distribución del producto social”, explican.
Otros indicadores sociales
El Observatorio de la Deuda Social de la UCA difundió un informe sobre la inseguridad alimentaria de los trabajadores asalariados en Argentina. Entre otras cosas, concluyó que afecta a una proporción significativa de quienes están en esa condición laboral: 15%. Incluso, afecta al 7% de quienes cuentan con un empleo formal.
La precariedad laboral está directamente relacionada con esta realidad, argumenta el estudio: “trabajadores sin aportes a la seguridad social presentan niveles de inseguridad alimentaria notablemente superiores en comparación con aquellos con aportes”. Por otro lado, agrega, los empleados afiliados a sindicatos tienden a tener mayor seguridad alimentaria, algo que se podría relacionar con “mejores condiciones laborales y acceso a derechos”.
En contrapartida, los trabajadores subempleados o en sectores informales muestran mayores niveles de inseguridad alimentaria.
