La primera reacción del Gobierno el mismo día del fallo de la Corte Suprema de Justicia fue minimizar todos los efectos del freno supremo al aumento de tarifas de gas, que nadie en la Casa Rosada esperaba tan abarcativo. Al centrarse sólo en usuarios residenciales, y permitir el ajuste en empresas, la comunicación oficial buscó transmitir tranquilidad y ciñó a no más de $ 20 mil millones el agujero fiscal abierto por la reposición de subsidios eliminados. Pero en el horizonte falta que la instancia que encabeza Ricardo Lorenzetti se expida también sobre el ajuste eléctrico, lo que podría multiplicar los fondos necesarios y poner en duda la meta de déficit de la administración.
El mismo jueves, la Corte giró a la Procuración General que encabeza Alejandra Gils Carbó los autos del fallo de la jueza Martina Forns del Fueron Contencioso Administrativo de San Martín que tienen frenado el alza de electricidad en todo el país. En aquella oportunidad, la magistrada había ordenado a Cammesa –la empresa que administra el mercado mayorista– retrotraer los precios de la energía a los valores vigentes al 31 de enero de este año. Es decir, antes del aumento anunciado el 1° de febrero. Hasta entonces, el importe mayorista de la electricidad era de $ 90 por megawatt por hora (MWh); tres veces y media más barato que los $ 320 en febrero.
Se espera que Gils Carbó se expida en el transcurso de la próxima semana, para que luego el Máximo Tribunal vuelva a hacerlo sobre esa demanda. Es cierto que ya estará en funciones Carlos Rosenkrantz en la Corte, pero luego del fallo unánime de anteayer, no hay que esperar grandes cambios de opinión.
Con el antecedente que acaban de fijar los ministros, de que no se convalidan aumentos sin audiencias públicas, es de esperar que extienda la definición también a ese terreno, por lo que el impacto del fallo puede terminar siendo, como mínimo, el doble de lo que inicialmente relativizó el Gobierno, y superar los $ 40 mil millones.
Basta una cifra. Sólo la compañía eléctrica Edenor, de Pampa Energía propiedad de Marcelo Mindlin, había avisado a la Bolsa el 4 de agosto que de frenarse el aumento de luz en forma retroactiva (lo que acaba de pasar en gas), necesitaría una transferencia directa del Estado del orden de los $ 7 mil millones. Habría que pensar que como mínimo Edesur, su contraparte en la provisión de electricidad en la región sur de Capital y Gran Buenos Aires, necesitaría otro tanto.
Y mientras tanto, las generadoras eléctricas también sacan cuentas, como contó diario PERFIL hace dos semanas, si la Corte retrotrae las subas de electricidad, Cammesa, el organismo mixto que regula el mercado mayorista eléctrico, deberá embolsar unos US$ 11.500 millones en subsidios, esto es, unos US$ 2.500 millones más que lo previsto.
Haciendo números. En tanto, ayer, mientras el presidente Mauricio Macri analizaba en Olivos con funcionarios (sin el ministro Juan José Aranguren) el fallo de la Corte, en el Ministerio de Hacienda preparaban los cálculos finales sobre el impacto que tiene el freno a los subsidios eléctricos.
Un importante funcionario cercano al ministro Alfonso Prat-Gay confió que de acuerdo a las explicaciones del funcionario, del costo total de 80 mil millones de pesos en el recorte de subsidio a los servicios públicos que se resolvió este año, alrededor de $ 45 mil millones corresponden al capítulo energético, y es justamente lo que está en debate si deberá volcarse o no, y en ese caso, cómo financiarlo, si con deuda, blanqueo o recorte de otras áreas.
