A la falta de control por parte de la Ciudad, que desoyó las denuncias sobre los talleres clandestinos, se suma que, pese a que el sector industrial presentó propuestas, no hubo respuesta de Trabajo o Industria, tanto a nivel nacional como a nivel municipal y provincial no prosperaron. La ley de trabajo a domicilio de 2007, pensada para costureros o talleristas, responsabiliza en última instancia a la marca contratante. También son responsables bajo la ley de trata para evitar el abuso hacia los ciudadanos bolivianos o paraguayos que muchas veces son quienes se encargan de la confección. Y ya hay cuatro empresas denunciadas bajo la ley de trata. Lo que para el jefe de Gobierno porteño es un “problema de inmigración ilegal”, para los actores empresarios y gremiales del sector requiere además de los privados del Estado, el Ministerio de Trabajo y la Justicia. El consumidor, en tanto, con las diferencias entre los costos de producción y de venta, apunta a salvaguardarse las subas de precios que el año pasado superaron el 30%. Dice la feria en Plaza Constitución: “Es como el shopping pero a mitad de precio”.
