El temor a que cualquier señal de acuerdo dentro del plazo de vigencia de la cláusula RUFO –que impide mejorar la oferta frente a lo que ya se aceptó en el canje– dispare reclamos multimillonarios mantiene al Gobierno bajo la posición de que sólo puede negociar tiempo. El riesgo “en un escenario de máxima”, es que genere reclamos por U$S 500 mil millones, de acuerdo con el economista de la Gran Makro, Agustín D’Attellis, cifra prácticamente equivalente al PBI argentino. La cláusula RUFO –Right Uppon Future Offers– impide mejorar las condiciones de pago frente a los que ya aceptaron los canjes. Esta cláusula vence el 31 de diciembre de este año y limita la posibilidad de acercar una oferta de pago a los fondos buitre encabezados por NML Capital,para cumplir con el fallo que ordenó pagarles el 100% de sus tenencias por más de U$S 1.330 millones. “La redacción de la cláusula RUFO es laxa, puede generar problemas de interpretación que disparen nuevos reclamos”, explicó la especialista en Derecho Internacional, Stella Maris Biocca. “Hoy se puede negociar el plazo, pero nada más. Y negociar un pago a partir de enero. Cualquiera de las salidas estimadas como hacer un depósito en garantía generan un riesgo”, explicó. “Algunos entienden que la claúsula RUFO sólo saltaría si fuera una decisión voluntaria del Estado. Pero la interpretación de la cláusula RUFO nos llevaría otra vez a depender de una definición judicial”, agregó Biocca, un escenario que ya se vivió con Griesa y su interpretación del pari passu y la igualdad entre bonistas
