Una cláusula gatillo podría derivar en nuevos pedidos de subas de luz

La inflación de marzo subirá en alrededor de un 2%, según coincide la mayoría de los economistas. “Es probable que se coloque en torno al 1,8% fundamentalmente por el aumento de las tarifas eléctricas”, indicó Fausto Spotorno, de la consultora OJF. Sumado a la evolución del IPC en febrero (creció un 2,5% según el Indec), el incremento bimestral se ubicará cerca del 4,5%.

Casi en silencio, el corrimiento inflacionario de febrero y marzo prácticamente disparará una cláusula gatillo previsto por el marco regulatorio del sector eléctrico que podría desembocar en un nuevo aumento de las tarifas de electricidad. Es que, el proceso de Revisión Tarifaria Integral (RTI) en marcha, si la inflación registrada entre febrero y agosto próximo supera el 5%, el Estado deberá indexar los cuadros tarifarios de Edenor y Edesur –las dos mayores distribuidoras del país– por el guarismo inflacionario del período. Las empresas hacen valer resoluciones generales del ENRE, aunque el Gobierno no haría lugar hasta noviembre.

Al ritmo que viene aumentando el índice de precios, la cartera que dirige Juan José Aranguren tendría que actualizar en mayo –una vez conocida la inflación de abril– las tarifas eléctricas de los hogares de Capital Federal y el Conurbano. Sin embargo, si bien la letra normativa es precisa, no está claro que el Ejecutivo vaya a acatar lo establecido.
“Es un año electoral y el manejo de la cuestión tarifaria es clave para los intereses de Cambiemos en los comicios. Por más que la norma diga que si la inflación supera el 5% hay que aumentar, parece complejo que el Gobierno quiera corregir los cuadros tarifarios en plena campaña electoral”, admitió un directivo del sector eléctrico bajo reserva de nombre. El 31 de enero pasado, Aranguren anunció un aumento de las tarifas eléctricas de Edenor y Edesur de entre un 60 y un 148% según cada tipo de usuario. Con esos incrementos, el ministro apunta a equilibrar las tarifas de Buenos Aires con los valores que pagan los hogares del interior del país, que durante todo el kirchnerismo abonaron tarifas más caras.