La jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, ordenó embargar una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en los Estados Unidos por US$ 95,8 millones, para afrontar una deuda argentina que entró en default en 2001.
El embargo fue dictado para afrontar la deuda con el fondo de inversión Bainbridge Fund, según el economista Sebastián Maril, que sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior y trabaja para Latam Advisors.
Fuentes del Banco Central indicaron que en la medida "no hay nada que afecte" a la autoridad monetaria, según informó NA.
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El dinero embargado pertenece a una cuenta que tiene el Banco Central en la Reserva Federal, con fondos que se utilizaron en su momento como colateral para garantizar el pago de los bonos Brady, emitidos en la década del ´90, como parte del programa de reestructuración que lanzó el entonces secretario del Tesoro estadounidense, Nicholas Brady, para descomprimir la deuda de los países de la región.
"Todavía quedan US$ 75 millones de bonos Brady por vencer el 31 de marzo próximo. Al ser un colateral, la Argentina no lo puede sacar de la cuenta hasta que se realice el pago. En estos últimos 20 años, esos fondos treparon de valor y hoy equivalen alrededor de US$ 297 millones. El fondo Bainbridge pidió embargar el equivalente a US$ 96 millones y la juez Preska aceptó”, explicó Maril a NA.
Según cálculos privados, el Estado argentino adeuda alrededor de US$ 579 millones a fondos institucionales que litigaron contra el país y obtuvieron sentencias firmes a favor.
Pese a los canjes de deuda ofrecidos en 2005, 2010 y 2016, hubo una serie de fondos –más conocidos como holdouts– que compraron aquella deuda en default para demandar al país.
Entre ellos hay siete compitiendo para lograr que se embarguen los pocos activos locales que hay en el exterior.
Otras causas abiertas por fondos buitres
La Argentina mantiene, además, otras causas abiertas en los tribunales de Estados Unidos. Entre ellas, se destaca el reclamo del fondo Titan Consortium por el pago de US$ 327 millones que el país le debe por el fallo en contra que tuvo en el Ciadi -el tribunal arbitral del Banco Mundial-, a raíz de la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral.
Si se toman en cuenta todas las sentencias negativas en los tribunales de Nueva York, el Ciadi y la Corte Comercial de las Naciones Unidas, el Estado debe US$ 935 millones, según cálculos de Maril.
LM
