El ingreso de Sergio Massa al gabinete nacional corta con la metodología de correcciones pieza por pieza imperante hasta ahora y promete ser una modificación profunda al esquema imperante en el proceso de toma de decisiones desde el inicio del gobierno de Alberto Fernández hasta ahora, que llevó a un marcado deterioro tanto en las variables económico-financieras y sociales, como de la dinámica política que se ha profundizado a partir de las elecciones del año pasado y que paradójicamente se profundizó luego del acuerdo alcanzado con el FMI a fin de marzo último.
Por el momento este cambio en el esquema de poder y toma de decisiones ha sido recibido positivamente por los mercados a pesar de que aún faltan saber detalles relevantes como el equipo que acompañará al nuevo ministro y, sobre todo, de su plan de acción.
En primer término, el ingreso de una figura con peso político propio y que a priori ha logrado concitar un apoyo político más bien amplio dentro del casi fracturado Frente de Todos, resulta una novedad desde que esa fuerza asumió el poder en diciembre de 2019.
De alguna manera, Massa parece amalgamar el apoyo tanto de los sectores más K como del club de Gobernadores e Intendentes del peronismo más tradicional y conservador.
También, la concentración de áreas económicas que se aglutinan debajo de su estructura, resulta un elemento que resultaba harto necesario, sobre todo a la luz de los problemas de coordinación que se vienen evidenciando desde que el área de gestión económico resultó fragmentada, esto es no sólo durante el actual gobierno, sino también durante el gobierno de Macri y CFK.
El nuevo Ministerio de Economía, más a la vieja usanza de aquellos ministerios de la primera etapa del retorno a la democracia, contiene los elementos necesarios y suficientes como para poder coordinar áreas tan complementarias como la hacienda pública, su financiamiento y los vínculos de lo fiscal con el sector real, sea el campo, la industria, la energía y la minería.
Se espera además que el comando de esta superestructura permita contar con músculo suficiente para implementar una coordinación más aceitada la política monetaria y cambiaria.
Tal vez, a fin de dar una señal de austeridad desde la política, todavía estaría faltando una reducción del número de carteras, pero lo prioritario resultaba concentrar el comando de la gestión económica en un “responsable” principal.
Resueltas las cuestiones anteriores, la situación requiere que este nuevo mono comando económico esté respaldado por un equipo bien constituido por profesionales con expertise previo en las áreas que se les asignen de modo de facilitar y acortar los plazos de interrelación con el sector privado.
Ese equipo tendrá la muy compleja tarea de armar en muy poco tiempo una hoja de ruta que sea creíble para poder alinear las expectativas de los agentes económicos y sociales.
Deberá constar con un grado de detalle importante de un diagnóstico de la situación actual, de medidas concretas que busquen atacar los desequilibrios existentes y datos y proyecciones.
Específicamente debe plantearse, si es que sigue representando un eje central, cómo se cumplirían las metas fiscales acordadas con el FMI y qué medidas concretas se instrumentarán para lograr dicho cometido, y esas medidas deben estar respaldadas por la normativa específica que las ponen en práctica.
En este capítulo habrá que ver si el esquema de segmentación tarifaria se sostiene o si por el contrario se apela a un esquema menos intrincado para dar respuesta a una cuestión central si de verdad se quiere dar una seña creíble de austeridad fiscal. La cuestión cambiaria
La cuestión cambiaria seguramente requerirá también de un abordaje específico. Habrá que abordar de manera asertiva y muy fundamentada por qué su nivel actual es adecuado o plantear un plan de acción para acomodarlo a cierto nivel.
Recordemos que en el acuerdo con el FMI se reconoció que el peso argentino no podía seguir apreciándose en términos reales respecto del nivel de fin de 2021, y sin embargo, de la mano de la mayor inflación, durante los primeros siete meses de este 2022 se apreció casi un 9%.
Más aún, en la reciente revisión del programa efectuada por los técnicos del FMI, se planteó que debido a la nueva coyuntura internacional (invasión de Ucrania, aumento precios commodities internacionales y fortalecimiento del dólar), el nivel del tipo de cambio real debería situarse en un nivel similar al del promedio del 2021, lo cual requeriría de un ajuste de casi 21%.
En fin, debe abordarse de manera directa la cuestión cambiaria de manera tal de poder enfrentar las expectativas de devaluación vigentes desde hace tiempo, y que se exacerbaron en los últimos tres meses llevando la brecha cambiaria por encima del 100%.
El modo en que será financiado el déficit debería ser especificado con bastante detalle, incluyendo el financiamiento monetario por parte del Banco Central, y si alguna medida que limite esto resulta necesaria.
En ese contexto, debería presentarse en detalle un programa financiero del tesoro consistente con la limitación al financiamiento monetario, y un análisis que demuestre la sostenibilidad de la deuda doméstica emitida en moneda local.
Como resulta muy probable que el abordaje de la problemática fiscal y cambiaria tenga un efecto inflacionario de corto plazo, habrá que acomodar las mismas con la dinámica preventiva observada durante los últimos meses, de modo de morigerar su impacto en el corto plazo. En este sentido el rol de la Secretaría de Comercio será relevante.
También, relacionado con el tema inflacionario, habrá que determinar el espacio fiscal disponible para implementar medidas compensatorias para aliviar el impacto en los sectores más postergados. Por supuesto, también deberá ser abordado el modo en que se piensa converger a futuro desde estos niveles de inflación que ya está entrando en niveles muy preocupantes.
En síntesis, el nuevo plan económico debe estar lo suficientemente explicitado y debe contener objetivos específicos y medidas correctivas en caso de desvíos. La secuencia de las acciones deberá guardar una consistencia lógica y las medidas deben estar diseñadas del modo más directo posible para facilitar su comprensión e impacto.
En este sentido, la comunicación resultará de un elemento crucial para que el nuevo programa permita revertir las expectativas todavía muy negativas que aún prevalecen. En síntesis, el fin de la sarasa.
*Socio fundador de la consultora ACM. Economista UBA, master en políticas publicas de la Universidad Di Tella y en asuntos cionales de la Universidad de Columbia.
