La fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cicero, dio lugar al pedido de dos organizaciones no gubernamentales que reclamaron la presencialidad de las clases. El fallo se originó luego de que el Gobierno Nacional anunciara que desde mañana y por 15 días, las escuelas den las asignaturas de forma virtual en la zona del AMBA.
En esa línea, la fiscal Cicero solicitó que se de lugar al amparo y que este lunes se mantenga el esquema de clases presenciales. Posteriormente a esta decisión, la Asesoría Tutelar Nro. 2 deberá expedirse antes de las 14 horas.
Las dos organizaciones que llevaron adelante la presentación de los amparos, la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, tomaron la misma postura que el Gobierno de la Ciudad y los municipios de Vicente López y San Isidro. En ese marco, se presentaron ante la justicia porteña para que este lunes se dicten clases presenciales.
Desde los agrupaciones no gubernamentales pidieron la nulidad de los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado por el presidente, Alberto Fernández, y la suspensión de la presencialidad en las aulas por dos semanas. En ese marco, el Ministerio Público Fiscal decidió hacer lugar al pedido para que la escuelas estén abiertas el lunes.
Como parte del proceso judicial, la Sala IV de Apelaciones porteña le pidió opinión a los fiscales y ahora deberá resolver qué hacer. Con el decreto del Gobierno Nacional, 600 mil alumnos y 2.359 unidades educativas deben readaptar su asistencia presencial para volver al esquema del principio de la pandemia con clases virtuales.
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Durante su recorrido, los amparos presentados por las organizaciones llegaron al escritorio del Fuero Contencioso Administrativo del juez Marcelo Segón, quien manifestó que no debía intervenir y sugirió que intervenga la jueza Romina Tesone. El viernes por la noche, la magistrada se declaró incompetente para resolver el amparo.
En ese contexto, Tesone argumentó que como desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ya habían recurrido a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se debe esperar la resolución del máximo tribunal. En ese marco, los camaristas Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, pidieron la opinión del Ministerio Público Fiscal dirigido por Juan Mahiques.
Finalmente y en su dictamen, la fiscal Cicero argumentó que la suspensión de la presencialidad en las aulas porteñas es “un agravio a intereses de tipo colectivo en un tema de máxima relevancia social” y concluyó que la medida del Gobierno Nacional afecta a los “más desfavorecidos, donde la escuela cumple una función de contención social”.
GI/MC
