“Laburan porque son unos pelotud…”, es una de las tantas frases que se destacaron del video viral, y el posterior desfile televisivo, realizado por una mujer de 34 años bautizada popularmente como “la planera”.
“¿Pagan la luz? Porque son regiles” o “vamos a seguir estando al pedo y vamos a seguir teniendo hijos como conejos”, entre las sentencias que generaron la indignación de los trabajadores. Pero algo muy interesante que quedó en evidencia en su rally mediático es que, en una entrevista, dijo que “laburaría si no tuviera un plan”. La idea general del discurso es para qué trabajar si se puede recibir la prestación sin ejercer: “Puedo ganar lo mismo tomando mates en mi casa”.
Y aquí entra de nuevo al ojo público el debate alrededor de los planes sociales, que últimamente permanecen siempre en agenda, a veces más, a veces menos, aunque constantemente latentes.
Maximiliano Guerra: “La gente está esclavizada con los planes sociales”
La mujer percibía un monto total de $68 mil, con Asignaciones Universales (AUH) por sus tres hijos, y el plan Potenciar Trabajo, que fue suspendido unos días después de su viralización (plan del cual ya había sido formalmente revocada, pero ahora la baja fue “definitiva”): por la asignación por tres hijos: $17 mil, tarjeta Alimentar: $18 mil, garrafa social: $500 y Potenciar Trabajo: $22 mil. Por el bono Potenciar Trabajo: $11 mil.
El total está por encima de un trabajador que recibe el Salario Mínimo Vital y Móvil, que se encuentra en poco menos de $48 mil. Ahora, sin el Potenciar Trabajo el total llega a $ 36.500 aproximadamente.
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Así como para percibir la AUH los niños deben estar escolarizados, el pago del plan Potenciar Trabajo tiene una particularidad y es que supone una contraprestación, entendida como un servicio “a cambio” del pago. Contribución que puede ser productiva, comunitaria, o a través de la finalización de estudios primarios o secundarios.
Entre las contraprestaciones se encuentran tareas de reciclado, construcción y mejoramiento barrial. Son un máximo de sesenta horas mensuales, que equivalen a tres horas por día de lunes a viernes. El plan no se puede suspender por asistir a manifestaciones, y ejercer, así, el derecho constitucional a la protesta.
"La inmensa mayoría de los que reciben una prestación trabaja. Todos los días", afirma el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo
De acuerdo al Observatorio de la Deuda Social de la UCA son 22 millones los asistidos por el Estado en Argentina. En los últimos 19 años la cantidad de personas que perciben algún tipo de ayuda social se multiplicó por 10. Se calculan unos 800 millones de pesos por día destinados a planes sociales, en un país donde, al menos, cuatro de cada diez argentinos son pobres. Otro dato: más de la mitad de los residentes argentinos recibieron, en algún momento, alguna prestación social.
Son 141 los planes estatales activos, y uno de los centrales es el Potenciar Trabajo con más de un millón de beneficiarios. Los destinatarios pueden ser tanto argentinos, como extranjeros con residencia permanente, pero el programa es incompatible con jubilaciones contributivas o no contributivas.
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“La inmensa mayoría de los que reciben una prestación trabaja. Todos los días”, afirma el exministro de Desarrollo Social de la Nación, desde diciembre de 2019 hasta agosto de 2021, Daniel Arroyo.
Actualmente diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, parte del Frente de Todos, explica que los beneficiarios “son personas en situación de vulnerabilidad, que no tienen otros ingresos, o están en trabajos informales”. “Son personas que, incluso, pusieron el cuerpo durante la pandemia, durante mi mandato. Argentinos que viven en situaciones indignas”, añade.
Los pasos para recibir un plan social comienzan con la solicitud en un sitio web. Luego se realiza un registro: se cruzan los datos para chequear su patrimonio y averiguar si el solicitante tiene un trabajo formal. “Los mecanismos de control existen, pero hay que mejorarlos, sin dudas”, acepta.
Cuando se le consultó si se asume que hay personas como la mujer del video de redes sociales que reciben el dinero sin dar la contraprestación, respondió: “No son veinte personas, son muchísimas. Es un plan masivo de un programa pequeño, y, en ese contexto, hay dificultades y mucho para mejorar”. “La responsabilidad es, claramente, del Estado. Si alguien no da la contraprestación, no le corresponde el plan”, explica.
Si el servicio de la contraprestación no se está ejerciendo, el lugar donde el beneficiario debería dar su aporte se debe comunicar con el Ministerio. El primer mes se quita el 50% del monto, y el segundo se lo da de baja.
El Ministerio de Desarrollo Social ofrece un canal de denuncias para constatar irregularidades: la cantidad de maniobras denunciadas es mínima comparada a la cantidad de beneficiarios.
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“Muchísima indignación”, es la primera sensación que se le vino a la mente a Margarita Barrientos, fundadora del comedor social Los Piletones cuando vio el video de “la planera”. “Es burlarse de la gente que trabaja. Una falta de respeto al jubilado que le descuentan para pagarle un plan a ella, al que se despierta a las 4 de la mañana y toma el colectivo o el tren para ir a trabajar”, añade.
“Siempre estuve en contra de los planes sociales”, dice Barrientos. Pero con el correr del tiempo, y “al ver que no hay una mejora en nuestro país”, su opinión se adaptó: “Creo que los planes sociales tendrían que tener un tiempo estipulado: seis meses, un año. Y con contraprestación; que se devuelva lo que se da”. “Pero los planes pasan como un aporte para la gente que no hace nada y a la gente que trabaja, se le saca”, concluye.
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Seis de cada diez argentinos fueron pobres en algún momento de la última década. Este dato surge del centro de investigación de la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires (UCA), específicamente del Observatorio de la Deuda Social. Agustín Salvia, director del Observatorio, que estudia “el desarrollo humano integral de las personas y de las sociedades”, aporta su opinión al tema: “Los beneficiarios que no hacen su contraprestación son una parte minoritaria”.
“Es cierto que hay una parte de los beneficiarios que no hacen contraprestaciones. Es uno de cada cuatro, un 25%”, estima Salvia. Si hay poco más de un millón de beneficiarios de la asignación Potenciar Trabajo, son, aproximadamente, 250 mil las personas que no realizan sus tareas y reciben, por lo tanto, la prestación sin cumplir con su obligación.
“Se sabe poco de los beneficiarios que no dan su aporte”, dice Salvia. Para él las razones por las que esto ocurre van desde incapacidad de gerenciar los recursos, hasta el hecho que “manejan tantos programas que no tienen control de quiénes son los beneficiarios”.
A pesar de esto, Salvia destaca que, en muchos casos, las personas que no realizan la contraprestación dedican su tiempo en sus casas a tareas de cuidado: “Un 65% de las beneficiarias de planes sociales son mujeres y están en sus casas cuidando a sus hijos”.
"El Estado no controla si el que recibe la ayuda hace o no la contraprestación. Todo eso no está regulado y se convierte en un sistema caótico"
El investigador explica que el alta de los programas la da el Ministerio de Desarrollo Social, pero, en numerosas ocasiones, las solicitudes las hacen las organizaciones sociales: “Tienen el gerenciamiento de los beneficiarios, lo cual los coloca en una situación de mucha vulnerabilidad y arbitrariedad”. “El Estado no controla si el que recibe la ayuda hace o no la contraprestación, sino que el organismo que hace la verificación es la unidad ejecutora que lleva adelante el proyecto social, donde el beneficiario debe asistir, y que nadie está pudiendo supervisar. Todo esto no está regulado y se convierte en un sistema muy caótico”, indica.
Sin embargo, para Salvia, los programas no los debe organizar el Estado: “Tienen que estar descentralizados y supervisados por un ente nacional, con una fiscalización adecuada. Los trabajos que se realizan deben ser reconocidos como trabajos, con todo lo que eso implica, y no como una ayuda social. Y tienen que formar parte de un proyecto productivo.
Los programas, en realidad, deberían promover un buen empleo”, indica. El objetivo de la creación del plan “Potenciar Trabajo” fue el de “contribuir al mejoramiento de la empleabilidad y la generación de nuevas propuestas productivas”. El 1,2% de los beneficiarios logró un empleo formal.
“Creo que los programas sociales tienen que tener una redefinición. Hoy forman parte de un proceso muy fragmentado. Lo que está ocurriendo es que hay de todo.
Situaciones muy heterogéneas: desde el ejercicio de un genuino trabajo muy importante, mediante tareas con valor de mercado o valor social, ya sea en la atención en comedores, o en el cuidado de chicos, o con actividades recreativas en los barrios, hasta el abuso clientelar de la población beneficiaria”, afirma.
Sobre el video que abre el debate acerca de los planes, Salvia opina que “la mujer acumula varias prestaciones y la remuneración de esos hogares, que utilizan esta estrategia, es muy distinta a la situación de hogares con, por ejemplo, solo el Potenciar Trabajo”.
No es todo negativo para el especialista: “Hoy por hoy hay una crisis en este sistema, pero sirve como un piso de protección social porque los planes atienden necesidades muy urgentes y permiten que la tasa de indigencia no supere el 20% (ahora está en 8,2%)”.
“Hay una población que no accede al trabajo, y que, en tanto no crezca la economía, esas personas van a seguir agrupadas como una economía popular, muy informal. Los programas sociales forman parte de esa economía”, afirma. Y vaticina: “Se requieren políticas de Estado con continuidad. Mientras tanto, los planes se convierten en meras asistencias sociales en los momentos de crisis y en un instrumento de manipulación política”.
