El proyecto Vicuña quedó definitivamente encauzado en el plano institucional. La Justicia de San Juan habilitó su continuidad operativa, desactivando cualquier intento de frenar su desarrollo y dejando en claro que no existe impedimento legal para su avance.
Se trata de una iniciativa de gran escala, con inversiones estimadas en USD 18.000 millones, impulsada por la alianza entre BHP y Lundin, que se unieron para conformar el proyecto Vicuña en San Juan, enfocado en la exploración y desarrollo de cobre en uno de los distritos mineros con mayor proyección a nivel global.
El gobernador fue contundente al fijar la posición de la provincia: “Como ya dije, quiero ser claro: la jurisdicción de San Juan es legal y está respaldada por la Ley 18.004 y la Constitución Nacional. No es un acuerdo entre funcionarios, es una ley vigente desde hace más de 50 años.”
En ese sentido, agregó: “Los recursos que están en el subsuelo sanjuanino son de los sanjuaninos y los vamos a defender con la ley en la mano, siempre. Tenemos respeto por La Rioja y creemos en el diálogo institucional, pero no en debates sin sustento jurídico. La ley es la ley.”
El fallo judicial marca un punto de inflexión: garantiza la continuidad del proyecto, ordena el conflicto dentro del marco legal vigente y confirma que Vicuña no está frenado ni en riesgo operativo.
En paralelo, el Congreso de la Nación comenzó a avanzar en el fortalecimiento del marco normativo del sector. Los diputados nacionales Picón y Jaime impulsaron iniciativas para dar previsibilidad jurídica, evitar conflictos interjurisdiccionales y consolidar reglas claras para proyectos estratégicos.
De esta manera, el proyecto Vicuña no solo cuenta con aval judicial, sino también con respaldo político e institucional a nivel nacional.
Con un marco legal vigente, una resolución judicial firme y acompañamiento legislativo, la discusión dejó de ser un conflicto abierto para transformarse en un proceso plenamente encauzado por la ley.
