Pagar las jubilaciones de jueces, fiscales, funcionarios judiciales y diplomáticos, los sectores que tienen regímenes especiales y que fueron caracterizados por el Gobierno como de “privilegio”, representó en 2019 más de 21 mil millones de pesos. Así se desprende de estimaciones de la Administración de Seguridad Social (Anses) de acuerdo a los balances del año pasado, a los que accedió el Equipo de Investigación de Perfil Educación.
En concreto, los beneficios previsionales de los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores representaron para el Estado un monto anual de 2.352 millones de pesos, mientras que los correspondientes al Poder Judicial llegaron a 18.786 millones de pesos.
El total fue de 21.318 millones de pesos durante 2019, lo que representó más de 57 millones de pesos por día. Sin embargo, el sostenimiento de esas jubilaciones representó un déficit de 11 mil millones de pesos, un dato que se encargaron de remarcar desde la Casa Rosada en los debates legislativos de la semana pasada. Medido en forma diaria, lo que aportó el Estado para sostener ambos sistemas superó los 30 millones de pesos por día.
Según los datos brindados por el organismo previsional, los beneficios de jueces, fiscales, defensores y los funcionarios de ese poder registraron un faltante de 9.914 millones de pesos, mientras que en el caso de los embajadores el monto aportado por el Estado para equilibrar los gastos llegó a los 1.214 millones de pesos. Los aportes de los empleados activos no alcanzan para pagar los valores de las jubilaciones, de ahí que los dos sectores propusieron mayores aportes para mantener los regímenes.
Las cifras guardan relación con los aportados por la Dirección de Programación Económica del Ministerio de Trabajo que trazó números similares y proyectó un dato que llama la atención: en 30 años el déficit de las jubilaciones de los jueces podría llegar a los 27.937 millones de pesos. Con ese número, el gobierno de Alberto Fernández se prepara para dar la discusión en la Cámara alta.
Los dos regímenes especiales, que el oficialismo busca reformar a través de una iniciativa que ya tuvo media sanción en Diputados la semana pasada y que ahora se debatirá en el Senado, reúnen a unos 7.774 beneficiarios que tienen haberes elevados respecto del sistema tradicional que suma a más de 7 millones. Los dos sectores también tienen condiciones distintas de aportes y, en algunos casos, una prolongación más larga de los años de servicio.
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Los judiciales tienen una movilidad del 82%, mientras que para los profesionales del Servicio Exterior se trata del 85%. Ambas móviles. Según los datos de la Anses, hay 5.484 beneficiarios del Poder Judicial a los que suman otros 1.532 de las cajas de poderes judiciales provinciales transferidas. El haber medio bruto de los primeros, sin los descuentos, es de 293.107 pesos por mes, mientras que, en el caso de los segundos, esa suma asciende a 198.504 pesos mensuales. A su vez, existen unos 706 jubilados del Servicio Exterior; el haber medio del sector es de 335.934 pesos por mes.
De acuerdo a datos a noviembre de 2019, hay 1.080 empleados en actividad del Servicio Exterior, 4.089 jueces y magistrados, y 12.153 funcionarios del Poder Judicial. En concreto, la incidencia de los regímenes de jubilaciones de diplomáticos y jueces es baja, más allá de los montos elevados en términos individuales. El sistema total previsional representó en diciembre unos 170 mil millones de pesos. De esa cifra, 13.500 millones correspondieron a regímenes especiales, casi un 10% del gasto previsional que, de todas formas, alcanza al 3,1% de los beneficiarios.
Alberto Fernández envió el proyecto para reformar ambos regímenes el 14 de febrero, luego de haber ordenado revisaron cuando quedaran excluidos de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva votada el 20 de diciembre, cuando se suspendió la movilidad del 2017 para el sistema general, el Presidente dijo que le pidió al Congreso que trate un “proyecto que termine con las jubilaciones de privilegio (Poder Judicial y Cuerpo Diplomático)” con el “propósito de garantizar la igualdad”.
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La iniciativa que fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados adecúa las edades para acceder al beneficio jubilatorio en 65 años para los hombres y en 60 para las mujeres, establece contribuciones al PAMI, a la seguridad social y prevé más aportes a los trabajadores en actividad que se ubicarán en 18%.
En el caso de los judiciales, que hoy aportan el 12% –un punto más que en el sistema general y sin tope–, el proyecto original prevía que el 82% móvil fuera calculado ya no sobre el último sueldo sino sobre el promedio de las remuneraciones en los últimos diez años. La Asociación de Fiscales había indicado que ese cambio podría reducir al 60 por ciento el monto a percibir. A partir del debate, se fijó que el 82 por ciento será tomado a partir de las últimas 120 remuneraciones actualizadas al valor del salario de la última categoría vigente cuando se produzca "el cese definitivo".
Por otro lado, para los hombres del sector, se estableció una escala progresiva para alcanzar la edad obligatoria de 65 años fijada recién para 2025. Llegar a ese punto en cinco años es uno de las principales críticas, a la que se suma la suba de aportes al 18 por ciento. Las organizaciones judiciales exigen fundamentos sobre el por qué de este número, dado que un proyecto presentado por el gremio de Judiciales indica que el sistema sería sostenible si se subiera solo al 15 por ciento.
A su vez, la derogación del artículo 16 también genera controversias. Se trata de un punto que permite que jueces jubilados puedan ser llamados temporalmente para cubrir vacancias en servicios de igual jerarquía. La eliminación de esta posibilidad es vista como un tema que puede resentir el funcionamiento de la Justicia hasta que se completen los concursos y se avancen en las designaciones. También se cuestiona el traslado de las pensiones por fallecimiento al sistema general y su consecuente reducción cercana a la mitad, según expusieron.
Por otro lado, en relación a los embajadores la movilidad pasa a ser de 82 por ciento móvil y se propone la eliminación futura del régimen. Todas los futuros ingresantes a la carrera del Servicio Exterior aportarían así al sistema previsional general. Y sus sueldos, como en el otro caso, sería el resultado del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas durante la última década. También aquellos destinados a locaciones consideradas como peligrosas o insalubres no podrán realizar más una computación doble para el requisito de años.
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La discusión de las jubilaciones “de privilegio” se inscribe en un problema central que es el sostenimiento del sistema previsional. El objetivo del autofinanciamiento (solo a partir de aportes personales y contribuciones patronales) se ha dejado de cumplir hace cuatro décadas. Así lo subraya un estudio realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto, coordinado por Graciela Ruffa y llevado adelante por los investigadores Raúl Gaya, Sergio Carpenter y Carlos Martínez.
Si bien hay jubilaciones de estos sectores que llegan hasta los 335 mil pesos por mes, tanto los funcionarios judiciales como los diplomáticos resisten la calificación de privilegio. La Asociación de Funcionaros y Magistrados, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, la Unión de Empleados Judiciales y la Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior (Apsen) buscan dar la batalla. De hecho, las dos primeras organizaciones indicaron en un comunicado que el proyecto es violatorio de fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Desde la Asociación de Magistrados remarcaron al Equipo de Investigación que los empleados del sector pagan un punto más que el régimen general y señalaron que muchos permanecen en actividad más allá de los 75 años y apuntaron como problema la existencia de un 30 por ciento de vacantes que decanta en menos aportes. En un sentido similar, se expresaron desde el gremio de judiciales.
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Uno de los aspectos que había levantado polvareda era la exclusión a los empleados auxiliares en el régimen judicial, una medida que alcanzaba incluso a los prosecretarios administrativos y que fue finalmente descartada.
“Con ese cambio, el universo de los jubilados por el Poder Judicial se hubiera reducido en tres cuartas partes. Lo hubiese achicado muchísimo a futuro, al quedar reservado así solo a defensores, fiscales y jueces, a los que tienen verdaderamente poder de decisión”, explicó Carlos Martínez, investigador de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) al Equipo de Investigación.
En tanto, desde la Apsen señalaron para esta investigación que los embajadores se jubilan habiendo efectuado un promedio de casi 43 años de aportes; “casi 13 años por encima del requisito legal”, remarcaron ante la consulta para este artículo. Los aportes, que representan el 11 por ciento de sus haberes brutos sin tope, “triplican el tope anual ordinario”, agregaron.
Las condiciones de las jubilaciones de diplomáticos y jueces sobrevivieron a la reforma legislativa que el Congreso aprobó en 2002 cuando se eliminaron los regímenes previsionales especiales, en el marco de la crisis desatada el año anterior. Sin embargo, el veto parcial del entonces presidente Eduardo Duhalde a la ley 25.668 permitió subsistir a los regímenes de ambos sectores.
Por otra parte, los docentes, los investigadores científicos, los profesores universitarios, y los jubilados de Luz y Fuerza son los otros sectores que cuentan con regímenes especiales pero que no están bajo discusión, un criterio que también mantuvo la oposición durante el debate en diciembre. Los 155.265 beneficiarios de la jubilación docente son los que tienen mayor peso al representar 7.800 millones del total de los sistemas previsionales.
De todas formas, el haber mensual medio de los docentes es de 50.729 pesos, el los universitarios llega a 68.154 pesos (7.700 beneficiarios), mientras que el de los investigadores científicos asciende a 108.214 pesos e impacta en unos 8 mil beneficiarios. A su vez, los trabajadores de Luz y Fuerza reciben un haber medio 55.309 pesos que incluye a 39 mil personas.
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A estos sectores, se suman las jubilaciones de exfuncionarios y exlegisladores que pudieron mantener asignaciones elevadas dado que cumplían los requisitos establecidos hasta el 2002, cuando se derogaron. Ese número aún no ha sido dimensionado, señalaron desde Anses al Equipo de Investigación. Por otro lado, se mantienen las asignaciones de expresidentes, vicepresidentes y jueces de la Corte Suprema.
Los números de los regímenes especiales contrastan con la jubilación mínima, que aglutina a la mayoría de los beneficiarios y que se ubica por arriba de los 15 mil pesos -tras el aumento de marzo- y alcanza a 2,8 millones.
El Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa) indicó recientemente en un informe que dos de cada tres jubilaciones fueron otorgadas con normas especiales. El documento precisó que de los casi 9 millones de jubilados y pensionados, solo 3 millones accedieron al beneficio encuadrados en las reglas fijadas para el régimen general, mientras que otros 5 millones lo hicieron sin aportes o con aportes insuficientes.
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Sin embargo, el sostenimiento solo con aportes y contribuciones es una idea en discusión. ASAP advierte en su informe cierta imposibilidad en lograr ese objetivo y, de hecho, marca que desde los años 80 se sumaron “cuantiosos recursos de origen tributario que tampoco bastaron para equilibrar sus finanzas”, entre ellos una fracción del IVA.
En medio del debate, la definición de una nueva fórmula jubilatoria para el régimen general es el centro de atención del Gobierno que por el momento parece minimizar el anuncio de juicios que prometen judiciales y diplomáticos. Un cálculo en el que se tengan en cuenta los ingresos del Estado es la meta que los funcionarios pretenden encontrar en épocas de déficit fiscal.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigacion y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.
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