El backup de los tres discos rígidos y tres celulares iPhone del falso abogado y supuesto espía Marcelo D'Alessio tuvieron un inesperado espectador privilegiado que clasificó, analizó y emitió informes a pedido del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla: la Comisión Provincial por la Memoria. Desde aquél entonces, en donde se desató un escándalo político, judicial y mediático, nada volvió a ser como antes. El Equipo de Investigación de Perfil Educación reconstruyó en este informe el trabajo del organismo que conduce el nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Con un presupuesto de 124 millones de pesos anuales y al que cuestionan por "analizar el periodismo", la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) es un organismo público autónomo y autárquico creado por resolución administrativa en 1999 en la provincia de Buenos Aires para "promover e implementar políticas públicas de memoria y derechos humanos". Fue el impulsor de los famosos "juicios por la Verdad", donde se juzgaron a militares y miembros de las fuerzas de seguridad que cometieron crímenes de lesa humanidad en la última dictadura cívico-militar.
Su primera titular fue la líder de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, quien tres años después de asumir renunció en 2003 en medio de graves acusaciones por desmanejos en los fondos. Desde entonces, ininterrumpidamente hace dieciséis años Pérez Esquivel es su presidente.
Su ubicación es bastante simbólica: desde marzo de 2001 tiene como sede el edificio donde funcionó la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Esta central de inteligencia se creó el 3 de agosto de 1956 y tuvo una constante tarea vinculada a la producción de información y espionaje, elemento que la convirtió en un eslabón fundamental del terrorismo de Estado en la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo funciona y qué hace la Comisión? En el edificio de dos pisos de la calle 54 al 487, en La Plata, funciona el organismo que posee diversas áreas. Una de ellas es el Comité contra la Tortura, que recoge la recepción de denuncias, la inspección de los lugares de encierro y la producción de análisis de información de lo que ocurre en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. Otra área es la de Educación, Investigación y Archivo, donde se trabaja todo lo relacionado a delitos de lesa humanidad, gestión y preservación de los archivos, investigación de sitios de memoria, y fortalecimiento de los juicios. También trabajan en otras áreas junto a pueblos originarios e inmigrantes, desarrollan políticas de salud mental, promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. y, por último, el área que saltó al medio del debate por el caso D'Alessio: comunicación y cultura, que incluye prensa y comunicación.
Para el caso D'Alessio se armó un equipo interdisciplinario de quince personas, de las cuales cinco analizan la información. Es un grupo compuesto por sociólogos, historiadores, abogados, psicólogos, antropólogos y trabajadores sociales. En los tres informes que emitió la CPM para este caso la dinámica de trabajo fue la misma: se recibió del juzgado un requerimiento con la información correspondiente (pen drives, discos, cd’s, entre otras cosas); se realizó un inventario de la documentación (esto lleva bastante tiempo); se clasificó; se analizó y por último, todo se volcó a los informes para que luego fueron inspeccionados por Sandra Raggio, su directora general, y por Pérez Esquivel antes de ser remitidos al juzgado de Dolores. Un dato: solo se enviaron los informes a Ramos Padilla y solo tienen acceso a esta documentación las partes (querellantes y defensa) una vez que se incorpora al expediente, cuyo contenido no es vinculante.
La CPM se convirtió en el brazo analítico de la documentación provista por Ramos Padilla. El principal argumento de sus detractores radica en que si es un organismo que cotejó y que llevó a juicio a represores e hizo carrera en los Derechos Humanos ¿Cuáles se violaron en el Caso D'alessio? Lo cierto es que esta es la cuarta vez que realizan este tipo de trabajo para el juez de Dolores.
Según pudo reconstruir el Equipo de Investigación, en la Comisión trabajan 113 personas divididas en quince programas. Sus sueldos varía según la jerarquía pero oscilan entre los 28.000 peso y 96.000 pesos y el 77% de los fondos asignados por la Legislatura Bonaerense son empleados para el pago de honorarios.
El encargado de auditar este presupuesto todos los años es el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Y, en su último fallo encontraron las siguientes irregularidades: creación de la Mesa Ejecutiva no contemplada en el estatuto vigente de la Comisión por la Memoria; deficiencias en el proceso de contratación, error en el encuadre legal y faltante de documentación respaldatoria; contratación con personas no habilitadas en cumplimiento a la normativa de incompatibilidades laborales; contratación de seguros con compañía no autorizada conforme el marco regulatorio provincial; faltante de autorización por autoridad competente de aéreos al exterior y falta de una planificación anual de actividades.
El último informe completo de la Comisión Provincial por la Memoria en el Caso D'Alessio
Otras observaciones que se realizaron sobre el último balance fueron: los viajes al exterior deben ser aprobados por el Secretario de Gobierno; y que había personas que eran empleados en algún municipio cuando la ley prohíbe que alguien tenga dos trabajos en el sector publico. Recién el próximo año se sabrá si existieron irregularidades con la colaboración que prestaron al juzgado de Ramos Padilla.
Desde el Honorable Tribunal de Cuentas explicaron al Equipo de Investigación que algunas observaciones son habituales, ya que "hay bastante formalismo en la Provincia y no todos lo cumplen". Sin embargo, la Comisión presentó más documentación para explicar cada punto, aunque algunas observaciones se mantienen y se comprometieron a corregirlo.
El juez federal de Dolores tiene un pasado muy cercano a los Derechos Humanos. En sus primeros pasos en la actividad privada lo tuvo como abogado de la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani, que buscó a su nieta, Clara Anahí. Por eso, y por su actuación en juicios de Lesa Humanidad (asiste a las marchas del 24 de marzo), Ramos Padilla convocó a la Comisión Provincial por la Memoria para que actué como "auxiliar" en el D'alessio Gate luego del allanamiento al falso abogado.
¿Por qué Ramos Padilla eligió a la Comisión para llevar esta tarea? El propio juez se lo explicó a la revista Noticias en octubre: "Es un organismo especializado en el análisis de documentos de Inteligencia en la Argentina. No sólo maneja el mayor archivo de Inteligencia de Latinoamérica (NdR: el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) sino que actuó en muchos casos relevantes como AMIA, Tablada, Kosteki y Santillán. La Comisión actúa desde el comienzo de la causa y ya produjo otros tres informes, todos vinculados a información hallada en los dispositivos de D'Alessio. No se trata de una investigación ni una auditoría sobre los periodistas ni su actividad. Se trata de cotejos, clasificación y sistematización de los documentos de Inteligencia. Estamos frente a un expediente en el que se analizan extorsiones, coacciones, tráfico de influencias, maniobras de lavado de dinero millonarias, pero sobre todo violaciones a la ley de Inteligencia Nacional, que es eso lo que motivó desde un primer momento la intervención de la Comisión".
Los tres informes que obtuvo Ramos Padilla revelaron el lado b de las extorsiones de D'alessio que fueron saliendo a la luz: desde los chats entre el falso abogado y el productor Agropecuario Pedro Etchebest, con el fiscal Carlos Stornelli, con el periodista Daniel Santoro (procesado en esta causa), entre otros, y espionaje ilegal. Se halló información sobre, por ejemplo, como D'Alessio armó, con membretes falsos de la embajada de Estados Unidos y el gobierno de Israel, documentos apócrifos sobre lo que se llamó "la mafia de los contenedores": el caso en donde se investigó a una organización que pedía coimas a empresarios a cambio de conseguir los papeles de la Aduana para liberar contenedores que estaban varados en el puerto. En las computadoras están los archivos originales. Según los registros, D'alessio le ofrecía a periodistas esta información para notas y programas de televisión, entre otras cosas.
Para Santoro el último informe de la CPM era violatorio de las fuentes de información y hasta afectaba la libertad de expresión. A través de sus abogados, Mauricio De Nuñez y Guido Sciarreta, realizó un pedido de nulidad sobre la actuación del organismo y le solicitó a Ramos Padilla que sea apartada de la causa. El juez rechazó el pedido de nulidad del periodista de Clarín y respaldó el trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria sobre sus vínculos con D'alessio. El 9 de octubre la Cámara Federal avaló el trabajo del organismo y del juez federal de Dolores. "Es reconocida su intervención como auxiliar de los órganos jurisdiccionales en las causas seguidas por delitos de lesa humanidad a través de la elaboración de informes por los equipos técnicos que integran su Área de Justicia a partir de requerimientos mediante oficios judiciales", sostiene el fallo con la firma os camaristas Alejandro Tazza y Eduardo Jiménez.
El Equipo de Investigación se contactó con Daniel Santoro pero no quiso realizar declaraciones para este informe.
"Venimos desde hace un tiempo sufriendo una especie de campaña de algunos medios periodísticos acusándonos de cosas que no existen. Dicen que nuestra participación en la causa D'alessio es de sensores o auditores de la profesión periodística y la verdad que es un disparate absoluto. No criticaron el informe, sino lo que creen que dice el informe. No lo leyó nadie.”, expresó al Equipo de Investigación la directora general de Promoción y Transmisión de la Memoria de la CPM, Sandra Raggio. Consultada sobre el por qué de la colaboración en la causa cuando el caso D'Alessio no se caracteriza por estar vinculada a violaciones de Derechos Humanos, Raggio argumenta que no es la primera vez que colaboran con la Justicia y que han aportado información en múltiples otras causas que no eran exclusivamente de Derechos Humanos.
Uno de los principales detractores de la Comisión es el ex integrante de la Coalición Cívica y diputado saliente provincial Guillermo Castello, quien presentó pedidos de informes e incluso la derogación de la ley de la creación del CPM. La escasa labor parlamentaria, solo hubo tres sesiones en todo el año y ninguna reunión de las comisiones, impidieron tratar el tema. "Habría que disolver la Comisión porque agotó su competencia. Eso fue creado en el año 2000. No está claro cuáles son sus atribuciones y competencias que tiene. Se empezó a extender a otras cuestiones que no tienen nada que ver con los objetivos que enumeran la ley de su creación. Me preocupa que estas nuevas tareas que se autoasigna la Comisión tenga que ser auditar al periodismo, con investigar su supuesta acción psicológica. Están a la deriva", sostuvo Castello ante el Equipo de Investigación.
En 2003, surgió de los momentos más críticos y que despertó uno de los principales cuestionamientos a la Comisión Provincial por la Memoria. Estela de Carlotto era su presidenta y renunció al cargo en disconformidad con el manejo de "fondos del pueblo" de la entidad. Además, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo denunció que le falsificaron la firma y cuestionó lo hecho por la directora ejecutiva y periodista Gabriela Cerruti. "No sólo no fui escuchada sino que, ante las numerosas irregularidades como la falsificación de mi firma para solicitar dinero, gastos excesivos para la publicación de la Revista Puente, sueldos onerosos para algunos de los miembros del equipo técnico y la falta de pago a la Universidad Nacional de La Plata, debe sumarse la aparición de un 'Centro de Estudios por la Memoria' que ha recibido dinero del presupuesto asignado a la Comisión Provincial por la Memoria, sin tener constancia de su existencia real y sin ser conocida por mí", explicó Carlotto en una carta que publicó Página/12 el 3 de diciembre de 2003.
El Equipo de Investigación se contactó con Carlotto, pero no realizó declaraciones porque se encuentra en un viaje de trabajo fuera del país.
Cuando se produjo el conflicto, Carlotto no realizó ninguna denuncia ni tampoco se abrió un sumario interno en la CPM, aunque convocaron al hoy Defensor del Pueblo de Morón, Abraham Gak, por ese entonces rector del Carlos Pellegrini y reconocido y prestigioso economista experto en Administración Pública. Gak llevó adelante una auditoría y recomendó mejorar los procesos, circuitos administrativos y la estructura para ser más transparente.
La diputada kirchnerista Gabriela Cerruti negó que haya habido dinero involucrado en algún tipo de desmanejo y que solo se debió a una declaración en un momento de "enojo". Cerruti dijo al Equipo de Investigación: "Estela y un grupo sostenía que la Comisión tenía que dedicarse solo a los temas de violación a los derechos humanos durante la dictadura. Fue una discusión, fuerte y política, pero fue eso. Nosotros, Adolfo Perez Esquivel, Hugo Cañón, las Madres de Plaza de Mayo, y el resto de los miembros sosteníamos que si denunciamos las violaciones del pasado teníamos que denunciar las del presente. Estela dijo algunas cosas que después dejó pasar, porque no eran la realidad. Estela es una de las personas más importantes de la historia argentina y tal vez del mundo que hizo por la democracia lo que casi nadie hizo. Yo no voy a debatir con ella".
Sea como fuere, la colaboración de la Comisión Provincial por la Memoria en la investigación que impulsa y lleva adelante el juez federal Alejo Ramos Padilla colocó al organismo que preside Pérez Esquivel en el radar de la escena político-mediático-judicial del país y hoy se discuté no solamente su rol, sino su funcionamiento. Por el momento se especula que la su colaboración en el Caso D'Alessio está terminada. Ya se auditó prácticamente todo el material que el juez Ramos Padilla remitió al organismo. Pero la polémica continúa.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación de Perfil Educación. En twitter @EquipoPerfil.
