Inaugurado en medio de la emergencia por el Covid-19, el Sanatorio Antártida de la obra social de Camioneros quedó bajo una fuerte polémica, debido a distintas denuncias que señalan presuntas irregularidades en el manejo de fondos y a las que se suman los largos y polémicos trámites para su habilitación, según pudo reconstruir el Equipo de Investigación de Perfil Educación. No obstante, desde Camioneros desmienten todas las acusaciones.
Con la presencia del presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, el gremio de Hugo Moyano pudo habilitar, aunque sea de modo transitorio, el sanatorio que adquirió en 2009 y que, después de muchos años de reformas, no cuenta con la habilitación definitiva. Ubicado en Rivadavia 4978, del barrio de Caballito en la Ciudad de Buenos Aires, el centro de salud atenderá enfermos graves de coronavirus que derivará la provincia de Buenos Aires.
El gobierno porteño le otorgó el 18 de marzo un “permiso especial de excepción” para funcionar, que tendrá vigencia mientras dure la pandemia. En la resolución, a la que tuvo acceso el Equipo de Investigación, se destaca que “resulta imprescindible priorizar la inmediata puesta en funcionamiento del establecimiento” y se se menciona que es “consecuentemente acelerar y agilizar aquellas gestiones necesarias a tal fin, todo ello en pos de mitigar la propagación epidemióloga, controlar el riesgo sanitario y su inminente impacto”.
El gobierno porteño autorizó en forma provisoria el funcionamiento del centro.
En ese sentido, se aclara que el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020 que declaró la emergencia sanitaria en la Argentina por un año le dio vía libre al Ministerio de Salud de la Nación para autorizar “la instalación y funcionamiento de hospitales de campaña o modulares aun sin contar con los requisitos y autorizaciones administrativas previas”.
El documento lleva las firmas del subsecretario de Emergencias, Néstor Nicolás; el subsecretario de Interpretación y Catastro, Rodrigo Cruz; el titular de la Agencia de Protección Ambiental, Renzo Morosi; y el responsable de la Agencia Gubernamental de Control, Matías Lanusse. La resolución remarca que cuando finalice la situación excepcional por la pandemia, Camioneros deberá continuar con los trámites necesarios para obtener el Certificado de Aptitud Ambiental.
No obstante, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta concedió autorización para una de las dos parcelas que tiene el sanatorio. La única con permiso de funcionamiento es la que se ubica sobre la Avenida Rivadavia y que reúne al sector de camas, no así el espacio que se ubica sobre calle la calle Rosario al 400. El sanatorio cuenta con una superficie cubierta total de 23.995 metros cuadrados.
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Sin embargo, desde la Ciudad señalaron al Equipo de Investigación que no hubo un tratamiento especial para el permiso provisorio y recordaron que también se tomó la misma medida con una ampliación de un sanatorio en Palermo de la firma Galeno, que todavía no reúne todos los requisitos.
En tanto, desde el gobierno bonaerense confirmaron al Equipo de Investigación que el centro de salud de Camioneros ya tiene personal listo para funcionar con insumos y recursos propios con capacidad para 330 camas. La Provincia de Buenos Aires le aportará más insumos y 15 respiradores. Será el segundo centro de emergencia para atención especializada de enfermos que se suma a otro ya inaugurado en el municipio de José C. Paz.
Asimismo, las dudas aparecen por otro carril. La Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) adquirió el “Instituto Antártida Sociedad Anónima, Médica, Industrial y Comercial” en 2009 por 10,5 millones de pesos, luego de la quiebra del anterior administrador. Sin embargo, la entidad se lo vendió en 2011 al Sindicato de Choferes de Camiones por 334 millones de pesos, según el documento de transacción al que tuvo acceso el Equipo de Investigación.
La operatoria motivó una denuncia de la diputada Graciela Ocaña, que recayó en el juzgado de Claudio Bonadio. Tras el fallecimiento de Bonadio, la causa quedó a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscal Alejandra Mangano. A su vez, Ocaña denunció que la obra social está “quebrada” e indicó que las obras de refacción para la rehabilitación fueron realizadas por la empresa Aconra, propiedad de la mujer de Hugo Moyano, Liliana Zulet, quien también es gerenciadora de la obra social de Camioneros.
“En un momento cuando necesita financiamiento, la obra social concreta la venta del sanatorio que compró a 10 millones de pesos y lo vedió en más de 300 millones de pesos. Una suma muy abultada, que básicamente lo que buscaría es pasar dinero del sindicato a la obra social para que siga fluyendo plata a las empresas de Hugo Moyano”, señaló Ocaña al Equipo de Investigación.
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La dirigente de Juntos por el Cambio denunció antes al líder camionero por supuesto desvío de recursos del sistema de salud, provenientes de impuestos al trabajo, aportes y contribuciones obligatorios realizados por empleadores y trabajadores, “en beneficio de empresas vinculadas al titular de la Obra Social de Camioneros, a través de familiares y allegados”. En ese sentido, hubo inversiones en distintos sectores como sanatorios, un taller de ropa, una aseguradora y hasta una empresa de seguridad, tal como dio cuenta Diario Perfil en 2010.
En particular, Ocaña apuntó a la firma IARAI, vinculada a la pareja de Hugo Moyano. La legisladora citó que en 2005 la sociedad exhibió una pérdida de 223 mil pesos, mientras que años después su ecuación económica cambió radicalmente al gerenciar tres sanatorios y 14 consultorios en capital y la provincia de Buenos Aires bajo la marca Conducir Salud. “Al cierre de su tercer balance, la empresa pudo exhibir una ganancia después del impuesto de $ 2.000.660,31, con una facturación que aumentó 373 veces, pasando a $ 22.787.897, 45”; expuso en el escrito judicial.
Por su parte, desde el gremio de Camioneros rechazan cualquier irregularidad. “La plata del sindicato y de la obra social es la misma, es de los trabajadores. En este sanatorio los camioneros se gastaron más de 200 millones de dólares. Ni el Estado hizo un hospital con ese valor”, expuso Daniel Llermanos, abogado de Hugo Moyano ante la consulta del Equipo de Investigación.
Asimismo, el también apoderado de Camioneros rechazó que hubiera alguna situación irregular en relación al rol que juegan las empresas vinculadas a la esposa del dirigente gremial. “Moyano armó una empresa con familiares, como el caso de la mujer. Para pagar todo más barato. Lo que él paga 3, otras obras sociales lo pagan 8. Todo es producción casera pero de calidad”, resaltó.
Con todo, el sanatario tuvo inauguraciones fallidas. En septiembre de 2009, con la presencia del entonces ministro de la Salud de la Nación, Juan Manzur, y otra en 2018 a la que asistieron el entonces ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Sin embargo, la participación política de importantes dirigentes del oficialismo de turno no simplificó la tarea de habilitación. Los trámites aún siguen su curso, insisten desde el gobierno porteño.
En esa línea, desde los camioneros sugieren que el sanatorio Antártida no se habilitó antes por intereses políticos. “Cada tres meses cuando iba a la Ciudad, me decían que se había perdido la carpeta”, respondió Llermanos. De todas formas, evitó criticar a las autoridades porteñas, quienes recientemente avalaron la apertura provisoria. “No le echo de ningún modo la culpa al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que creo que tanto él como Diego Santilli actuaron honorablemente, pero sé que había una orden de Mauricio Macri de trabar esto”, sostuvo el abogado de Moyano.
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En paralelo, Llermanos aseguró que Hugo Moyano no está imputado en ninguna causa, expresó que Ocaña miente en sus acusaciones, y le achacó realizar “terrorismo político” e infundir miedo al sembrar dudas sobre la atención en el sanatorio en medio de una emergencia sanitaria. El letrado denunció a la legisladora por el delito de intimidación pública al realizar "falsas afirmaciones en la búsqueda de construir un enemigo como herramienta política". La presentación quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Nº 61.
La reapertura del sanatorio Antártida se dio en medio de otra situación que generó interrogantes en los críticos del sindicalista. La Superintendencia de Servicios de Salud repartió en marzo alrededor de 2.800 millones de pesos a las obras sociales sindicales. Según publicó Clarin, de ese total, Camioneros recibió 258 millones de pesos, cuando gremios con mayor cantidad de afiliados recibieron sumas menores. El Equipo de Investigación intentó comunicarse con Hugo Moyano pero no se recibieron respuestas para este informe.
Ante los fondos transferidos, Ocaña sostuvo que hubo una maniobra del Estado para “salvar” la obra social de Camioneros que está “fundida”, una calificación que el gremio resiste. Como defensa, desde el sindicato expusieron que durante todo el período en el que gobernó Mauricio Macri, su obra social no recibió ni un solo giro.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigacion y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.
Mail: [email protected] / Twitter: @EquipoPerfil
