Si bien la falta de acceso al agua es propia de la región que habitan, la bebible está a cien o más metros de profundidad y el costo de extracción es muy alto, lo cierto es que los wichis nunca tuvieron respuestas efectivas desde el Estado para dar solución a ese flagelo que, en los últimos meses, provocó la muerte de ocho niños.
En este informe, el Equipo de Investigación de Perfil Educación da cuenta de una problemática que ya lleva casi medio siglo.
Si bien los servicios de agua y cloaca en Salta datan de inicios del siglo XX cuando la prestación del suministro estaba a cargo de Obras Sanitarias de la Nación, es en 1973 cuando se inauguraron las primeras dos centrales hisdroeléctricas en la provincia, el Embalse de Cabra Corral y el Tunal, en el Departamento Metán. Ese año se creó el Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas (INCYTH), actualmente Instituto Nacional del Agua (INA), para la gestión equitativa y sustentable del recurso.
Sin embargo, desde entonces ninguna de las administraciones pudo emprender obras que definitivamente logren cumplir con el suministro de forma eficiente y abastecer de agua potable a toda la provincia.
A través del Censo Nacional de Población y Vivienda de 1980, hace cuarenta años la zona de Tartagal ya era una de las más afectadas respecto a la falta de acceso al agua corriente. El área es una de las más importantes y numerosas donde se localizan las comunidades wichis, otra es el departamento de Rivadavia, cerca de la frontera con Formosa.
Según pudo comprobar el Equipo de Investigación, las posibles soluciones a la temática tratada se realizaron por iniciativa de organizaciones del sector civil y entidades sociales a las que luego se sumaron instituciones gubernamentales. Como sucede con la Mesa del Agua del Chaco Salteño, conformada en 2016.
Un Informe de Diagnóstico de Situación y Políticas Sociales orientadas a la Niñez en Salta realizado por el gobierno de Salta en 2015 junto con Unicef, muestra como las peores condiciones de cobertura a agua de red pública se presentan en los departamentos de Rivadavia, La Poma, Molinos y Santa Victoria, en los cuales el 47% o más de los niños y adolescentes no cuentan con acceso a este servicio de importancia vital.
Los fallecimientos por falta de acceso a los servicios básicos no son una novedad. En 2008 se murieron 14 personas, siendo la cifra más elevada de Salta de las últimas décadas. Otra realidad similar es la del pueblo wichi de Formosa, que en 2013 denunció más de 30 muertes evitables.
Los habitantes no pueden acceder al agua superficial porque tiene arsénico, es salada o está contaminada con agroquímicos. Algunos pobladores acopian agua en bidones que portaron glifosato, utilizados para la fumigación en plantaciones aledañas, y terminan intoxicándose.
“Viajé a Santa Victoria Este, hicimos una recorrida y quedó claro que hay varias circunstancias que afectan a la comunidad pero el problema central es el agua, los niños la toman en mal estado y esto les provoca diarrea y deshidratación, como hay un problema grave de acceso a la salud y las ambulancias están rotas se termina complicando toda la situación”, explicó el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, al Equipo de Investigación.
El Ente Nacional de Obras Hídricas (Enohsa), destinará los fondos para la construcción de 2.000 cisternas, una por cada familia, con un presupuesto de 22 millones de pesos, esto incluye los equipamientos, los seguros y una serie de costos extras. Cuatro años es el tiempo que puede llegar a demorar la construcción de este sistema, considerando la confección de 600 cisternas por año.
Por su parte, el conductor Marcelo Tinelli se comprometió con el gobierno de Salta a construir 10 pozos de agua en las zonas más afectadas. Consultado por el Equipo de Investigación, Tinelli y voceros del gobierno salteño no dieron respuesta a los llamados para esta investigación.
Desde la vuelta a la democracia Salta estuvo bajo la gestión de Roberto Romero (1983-1987), a quien lo sucedió Hernán Cornejo (1987-1991). Luego, asumió Roberto Ulloa hasta 1995 donde inicia un periodo de reelecciones con Juan Carlos Romero (1995-2007) y Juan Manuel Urtubey (2007-2015).
Durante las distintas gobernaciones el servicio de suministro de aguas fue cambiando de manos. Iniciado en los setenta, con Obras Sanitarias de Salta, una década más tarde se provincializó a través de la Administración General de Aguas de Salta (Agas). En 1987 surgieron la Dirección Hidráulica para actividades de riego, y la Dirección General de Obras Sanitarias para la prestación de servicios sanitarios, que funcionó hasta 1996.
Tres años más tarde se privatizó el servicio a través de Necon, una firma perteneciente al fallecido empresario de la construcción Juan Carlos Relats. Luego de diversos cambios de gestión, en 2009 la prestación de los servicios de agua y desagües cloacales en Salta volvió a manos de la Provincia, a través de la empresa Aguas del Norte, Compañía Salteña de Agua y Saneamiento (Cosaysa).
En la página oficial de la entidad no se detallan las contrataciones de obras anteriores a 2019. El Equipo de Investigación se comunicó con la administración de la provincia para solicitar información sobre las labores más importantes realizadas en las últimas décadas pero no obtuvo respuestas.
En 2018 la provincia había anunciado una obra de agua y cloacas en el Departamento de Rivadavia, Banda Sur, por tres millones de pesos y cuyo beneficio alcanzaría a 900 familias. La misma figura en ejecución y sus resultados parecen hacerse esperar.
El Plan Belgrano inaugurado por Mauricio Macri, que preveía obras para 2018 y 2019 respecto a un proyecto hídrico integral para la provincia, también quedó como una deuda para las zonas más desfavorables. En ese entonces Roberto Ulloa, coordinador del Plan en Salta, barajaba una inversión del Estado Nacional en la región superior a los 51.000 millones de pesos, que nunca terminó de implementarse.
En la actualidad, Aguas del Norte lleva a cabo junto con la Asistencia Técnica a Localidades Aisladas (Atlas), un programa que tiene como fin brindar agua a las zonas que carecen del suministro. Pero desde 2017 la empresa viene siendo denunciada por deficiencias en el servicio a través de amparos colectivos.
En 2019, a través de una medida judicial, la entidad fue obligada a abastecer a los pobladores del departamento de San Martín que sufrían cortes en la provisión de servicios. Ese mismo año, una auditoría llevada a cabo a la empresa por el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia (Enresp), detectó irregularidades por 43 millones de pesos, entre lo que Aguas del Norte rindió de un Fondo para la Recuperación de Infraestructura Operativa y lo que debería haber acreditado.
Además, la compañía fue sospechada de efectuar liquidaciones por más de 15 millones de pesos con sobreprecios, direccionamientos y retornos en los que se vieron involucrados funcionarios provinciales, municipales y el aquel entonces directivo de la empresa, Sebastián Gomeza, ex ministro de Hacienda.
"Los anuncios e inicios de obras, en el territorio no existen”, dice Gabriel Seghezzo, director de Fundapaz y miembro de la Mesa del Agua. “Aguas del Norte funciona mal. El programa Atlas utiliza los camiones para otros fines, no llegan a las comunidades más alejadas. De lo contrario, no estaría el Ejército repartiendo suministros. La mayoría de los pozos que se hicieron son de agua no apta para el consumo. En zonas como el Departamento de Rivadavia no es la mejor solución y, además, no es posible”. agregó Seghezzo al Equipo de Investigación.
Según informaron voceros de la empresa, Aguas del Norte solo tiene la concesión del servicio, no cuenta con la potestad para llevar a cabo obras, estas dependen de la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Producción y Ambiente Sustentable de Salta. Los planes de mayor envergadura los realiza el Ministerio de Infraestuctura a través de Enohsa. Para llevar a cabo proyectos como una planta potabilizadora o decantadora, se necesitan de 8 a 40 millones de dólares.
Pero el problema no es solamente el acceso al agua. La titularidad de la tierra fue un reclamo que los wichis pudieron resolver parcialmente en 2014, a través de un reclamo llevado ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). A pesar de esto, ninguna maniobra de puesta en valor y ordenamiento del territorio fue iniciado.
“La falta de infraestructura y las promesas incumplidas son una constante", dijo Livio Gutiérrez, un poblador que hace más de veinte años vive en una comunidad wichi de 5.000 habitantes a 45 kilómetros Embarcación, departamento de San Martín. “Hasta el momento no recibimos respuestas oficiales a la problemática”, agregó Gutiérrez al Equipo de Investigación.
En sus inicios los wichis, denominación que se les adjudicó en 1990 a cambio del término “mataco”, se encontraban localizados a lo largo de los ríos Pilcomayo y Bermejo, entre otros, pero debido a su gran crecimiento demográfico fueron migrando al oriente de la provincia de Salta y en el occidente de Chaco y Formosa. En Salta, hay más de 30.000 pobladores en zonas periurbanas y otros que están en áreas rurales.
Las tierras que hoy ocupan son reducidas comparadas con la que poseían sus ancestros ya que, progresivamente, fueron perdiendo territorio. Según datos del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección de la Facultad de Agronomía de la UBA, entre 2008, año de la entrada en vigencia de la ley de bosques en la provincia de Salta, y 2018 se desmontaron 55 mil hectáreas.
El desmonte y la destrucción de los ecosistemas en estas áreas obligaron a numerosas familias originarias a migrar y trajo serias consecuencias desde el punto de vista social y ambiental, advierte la Red Agroforestal Chaco Argentina. Quienes habitan en zonas rurales, están dispersos y son los que padecen con mayor intensidad las consecuencias de la falta de acceso a los servicios básicos.
El Equipo de Investigación es dirigido por Rodrigo Lloret y está integrado por los mejores egresados del Posgrado en Periodismo de Investigación y la Escuela de Comunicación de Perfil Educación.
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