Una sociedad puede reconocer formalmente un derecho y, sin embargo, distribuir de manera profundamente desigual las posibilidades de ejercerlo. Allí aparece una distinción fundamental: no es lo mismo tener un derecho que disponer de las condiciones necesarias para hacerlo efectivo.
La educación universitaria ofrece un ejemplo evidente. En la Argentina, la universidad pública y gratuita constituye una de nuestras grandes conquistas colectivas. Sin embargo, cuando las oportunidades educativas se concentran territorialmente, el lugar donde una persona vive puede transformarse en una condición de acceso.
Para miles de jóvenes del interior, estudiar significa todavía migrar, afrontar costos económicos y alejarse de sus vínculos familiares y comunitarios. La distancia deja entonces de ser una cuestión meramente geográfica: se convierte en una dimensión de la desigualdad.
Igualdad territorial y acceso a la universidad
Por eso necesitamos incorporar la igualdad territorial a nuestra concepción de la igualdad de oportunidades. No significa que todas las localidades deban tener exactamente las mismas instituciones, sino que el lugar de nacimiento o residencia no debería determinar el horizonte de posibilidades de una persona.
En este marco, la experiencia que desarrolla Córdoba resulta significativa. Mientras el sistema universitario nacional atraviesa un escenario de conflictividad por salarios y financiamiento, el gobierno provincial de Martín Llaryora ha impulsado la expansión territorial de la Universidad Provincial de Córdoba con la creación de nuevas Sedes Regionales.
Bajo la gestión de su rectora, Julia Oliva Cúneo, la UPC viene transformando esa decisión de política pública en presencia universitaria y propuestas académicas en diferentes comunidades de la provincia, con doce Sedes Regionales creadas hasta la fecha y con edificios propios próximos a inaugurarse en la mayoría de los casos.
Pero las Sedes Regionales no deben entenderse únicamente como espacios físicos donde se desarrollan actividades académicas. Representan verdaderos nodos territoriales de articulación social: espacios desde los cuales la universidad puede vincular conocimiento, instituciones, organizaciones y necesidades concretas de cada comunidad.
Estudiar sin que la distancia sea una condición
Hay, además, una cuestión más profunda. El arraigo no consiste en convencer a las personas para que permanezcan donde nacieron. Consiste en ampliar su libertad para decidir.
Que un joven pueda irse si quiere, pero que no tenga que irse para poder estudiar.
Una sociedad es más igualitaria cuando el lugar desde el que cada persona comienza su vida no determina de antemano el horizonte de posibilidades que tendrá por delante.
Gonzalo Pedano
Lic. en Filosofía – Dr. en Ciencias Antropológicas
Mail: [email protected]
Instagram: @gonzalopedano
