A casi 50 años de la muerte de Franco, la Fiscalía ordenó investigar torturas de la policía contra un sindicalista
Por primera vez en su historia España comenzará a investigar las atrocidades realizadas por la policía durante la dictadura franquista. Hace unos días, Julio Pacheco, fue el primer denunciante contra el régimen.
Grabaciones de los años ‘70, censuradas por los descendientes del dictador español, ponen en duda la legitimidad de ‘Carmencita’ Franco, que podría haber sido hija de Ramón Franco y de “La Gaviota”. |
CEDOC
Lo que suponía un muro infranqueable para juzgar los crímenes de la dictadura española con la ley de Amnistía de 1977 se quebró. Por primera vez, la Fiscalía española solicitó investigar las presuntas vejaciones contra Carles Vallejo, un sindicalista torturado durante la década del setenta. Hace una semana, Julio Pacheco, otra supuesta víctima del régimen, denunció a los policías que lo torturaron. Estas investigaciones podrían abrir una revisión general sobre posibles violaciones a los derechos humanos durante el franquismo.
Lo reparatorio es tan variable como personas habitan este mundo y el caso de Carles Vallejo da fe de ello. En 1970, Vallejo pasó 21 días encerrado en dependencias policiales de Barcelona sometido a todo tipo de maltratos.
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Apoyándose, entre otros, en la nueva ley de Memoria Democrática, la Fiscalía solicitó la investigación de las torturas que denuncia Carles Vallejo contra seis policías franquistas que lo detuvieron por llevar una mochila con un poema de Rafael Alberti que denunciaba las condenas a muerte de varios militantes antifranquistas.
El primer denunciante contra el franquismo
Un antiguo militante comunista tuvo que romper el statu quo. La semana pasada, Julio Pacheco, fue el encargado de abrirle la puerta de la justicia española a los “represaliados por el régimen de Francisco Franco”.
Tras medio siglo de la muerte del dictador español, Pacheco se convirtió en la primera víctima de torturas que pudo declarar ante un juzgado español. La querella de este exintegrante de una organización estudiantil antifranquista fue admitida en mayo por una jueza de instrucción de Madrid al constatar "la posible existencia" de "crímenes de lesa humanidad y torturas”.
La aprobación de la Ley de Memoria Democrática supuso un importante espaldarazo para las víctimas del franquismo, ya que entre las medidas que comprende para tratar de resarcirlas incluye la creación de una fiscalía dedicada a investigar las denuncias que quedaron sin juzgar.
Comunicado del Ministerio Público español
"La Fiscalía de Barcelona en coordinación con la Unidad Especializada de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la Fiscalía General del Estado ha apoyado la admisión de una querella por crímenes contra la humanidad y torturas sufridas por un sindicalista durante su detención en los años 70", indicó el Ministerio Público a través de un comunicado.
La agencia de noticias AFP agregó que para la Fiscalía, la aprobación de la ley supone un nuevo escenario normativo para revisar estos hechos ocurridos a comienzos de la década de 1970, cuando el querellante fue detenido y torturado por agentes en una jefatura policial de Barcelona con el fin de obtener información sobre su actividad sindical, según la denuncia presentada en noviembre.
"La nueva Ley de Memoria Democrática impone al Estado, desde el ámbito de la justicia, el deber de investigar las violaciones del Derecho Internacional de los DDHH y del Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante la guerra civil y la dictadura", explicó la Fiscalía.
Por ello, considera necesario "llevar a cabo una investigación de los hechos y de su contexto" antes de tomar una decisión sobre la continuación del proceso.
"Hasta ahora nunca una Fiscalía se había pronunciado en ese sentido", se congratuló la ONG Amnistía Internacional en la red social X, antes llamada Twitter. "Es imprescindible" que estas querellas "sienten precedentes, que sean las primeras de muchas", amplió Amnistía.
Ley de Memoria Democrática
El Congreso de los Diputados aprobó en 2022 la Ley de Memoria Democrática. También llamada como Ley de Nietos, pretende rendir tributo a quienes tuvieron que abandonar España por razones políticas, ideológicas o de creencia. Este Proyecto fue aprobado por el Senado.
A través de esta ley, hijo y nietos de españoles nacidos fuera del país, hijos de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse, hijo de españoles por la ley de memoria histórica del 2001, brigadistas y voluntarios descendientes de las brigadas internacionales que participaron de la Guerra Civil de 1936 al 39 podrán adquirir la nacionalidad española.
