En Chile, diputados de la oposición presentaron este miércoles en el Congreso una acusación para destituir al presidente Sebastián Piñera, por su presunta vinculación con la venta de una minera en un paraíso fiscal, que fue revelada en los Pandora Papers (Papeles de Pandora). La acusación es por "faltar a la probidad y comprometer el honor de la nación" por la venta en 2010 -durante su primer mandato- de la Minera Dominga, por parte de una empresa familiar.
Ahora, la Cámara de Diputados, controlada por la oposición, deberá decidir si aprueba o rechaza la acusación. La votación se realizará la primera semana de noviembre, según informó AFP de fuentes parlamentarias.
Para el diputado Tomás Hirsch, quien presentó la acusación en la Cámara Baja -el primer paso del proceso de destitución que podría prolongarse varias semanas-, Piñera "usó su cargo para negocios personales". Esta acusación constitucional se suma a una investigación penal abierta por la Fiscalía hace cinco días por la misma operación.
En caso de avanzar en Diputados, la causa pasaría al Senado. Está previsto que el proceso de destitución en el Congreso se defina antes de las elecciones del 21 de noviembre, en las que se renovará el congreso y se elegirá el próximo presidente, ya que el segundo mandato de Piñera culmina el próximo 11 de marzo.
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La acusación a raíz de la revelación de Pandora Papers
La publicación de los Papeles de Pandora colocó en el centro de la escena a Sebastián Piñera, de 71 años y uno de los hombres más ricos de Chile, quien se defendió alegando que abandonó la administración de empresas en 2009, antes de asumir su primer gobierno, por lo que no participó en la venta de Dominga.
Según una investigación de los medios locales CIPER y LaBot, parte de los Papeles de Pandora del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la Minera Dominga fue vendida al empresario Carlos Alberto Délano, amigo íntimo de Piñera, por 152 millones de dólares, un negocio sellado en parte en las Islas Vírgenes Británicas.
El pago de la operación se tenía que hacer en tres cuotas, y contenía una polémica cláusula que supeditaba el último pago a "que no se estableciese un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas". El gobierno de Piñera, según la investigación, finalmente no protegió la zona de la mina, por lo que se efectuó el tercer pago.
En su defensa, el gobierno acusó a la oposición de presentar "una acusación sin fundamento jurídico" en busca de réditos políticos. "Es lo más sucio de la campaña electoral", afirmó el ministro portavoz, Jaime Bellolio, quien insistió en la inocencia de Piñera.
El proyecto minero, aprobado por un tribunal regional pero pendiente de recursos por la Corte Suprema, incluye la explotación de dos minas a cielo abierto -de hierro y de cobre- en el desierto de Atacama, en la región de Coquimbo, a 500 km al norte de Santiago.
También contempla la construcción de un puerto de carga de minerales cerca de un archipiélago donde existe una reserva nacional que contiene el 80% de la especie pingüinos de Humboldt, además de otras especies protegidas.
Su antecesora, la socialista Michelle Bachelet, trabajó durante su mandato para convertir esa zona en Parque Nacional y evitar así cualquier actividad que la pusiera en peligro.
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Los próximos pasos tras el pedido de destitución de Piñera
Tras la presentación de la acusación, la Cámara Baja conformó por sorteo una comisión investigadora de cinco miembros, que preparará un informe recomendando o desestimando el pedido de destitución. El grupo quedó integrado por dos diputados oficialistas y tres opositores, entre éstos la socialista Maya Fernández, nieta del expresidente Salvador Allende (1970-1973).
Sebastián Piñera, por su parte, puede presentar sus descargos en forma presencial o escrita.
Independientemente del dictamen de la comisión, la causa deberá ser debatida y votada por el plenario de la Cámara de Diputados, donde la oposición tiene mayoría holgada con 83 de los 155 escaños. De llegar al Senado, se requieren dos tercios de los votos para destituir al presidente.
ag / ds
