A casi cuatro años de los acuerdos del gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC, que le valieron al entonces presidente Juan Manuel Santos un Premio Nobel de la Paz, amplias zonas de Colombia viven una violencia descontrolada, donde el Estado parece verse superado por grupos armados de toda índole que con asesinatos imponen el terror a la población.
Solo en lo que va del año se han producido más de cuarenta masacres, en su mayoría de líderes sociales o ex guerrilleros desmovilizados tras los acuerdos, según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, que apuntó como responsables a grupos que cometen asesinatos, reclutan niños, plantan minas terrestres y extorsionan, entre otros delitos.
Según datos de la Fiscalía Nacional publicados por el diario El Espectador, desde la firma de los acuerdos de paz, el 24 de noviembre de 2016, hasta julio de 2020 fueron asesinados 349 líderes sociales y defensores de los derechos humanos.
Desde la firma en 2016 del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, la violencia se ha disparado por la pugna entre grupos rivales para hacerse con el control de los antiguos negocios y territorios de la guerrilla. Las principales víctimas han sido ex guerrilleros y líderes sociales.
La Defensoría del Pueblo apunta por estos crímenes a las disidencias de las FARC, a otras organizaciones guerrilleras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) o el Ejército Popular de Liberación (EPL), a carteles de narcos como el Clan del Golfo y a varias organizaciones más pequeñas surgidas de los residuos del paramilitarismo. Todos vinculados al narcotráfico. Colombia es el principal productor mundial de hoja de coca, con unas 154 mil hectáreas sembradas en 2019, según la ONU.
“La guerra entre las guerrillas, los distintos grupos armados y el Estado colombiano está signada por el fenómeno del narcotráfico, que no ha sido resuelto y que sigue planteado de una manera equivocada por el gobierno colombiano”, sostiene el investigador Juan Carlos Gómez Giraldo, director del Observatorio de Medios de la Universidad de la Sabana.
Así, el trabajoso acuerdo negociado durante años en La Habana entre el gobierno de Santos y las FARC ha conseguido pocos avances desde 2016, en parte, explica otro analista, el profesor Juan David Cárdenas, porque su puesta en marcha quedó en manos de las fuerzas políticas que se opusieron a su firma.
“Desde la llegada de Iván Duque al poder con el respaldo del Centro Democrático y el ex presidente Álvaro Uribe el proceso de implementación de los acuerdos se ha visto frenado y hasta cierto punto saboteado”, dice.
En las regiones que las FARC tenían bajo su control antes de abandonar las armas “debería haberse dado un proceso de sustitución de cultivos y regeneración de las economías campesinas con el respaldo institucional del Estado, lo que solo se ha dado en casos puntuales y de manera muy residual”, detalla el profesor de la Universidad de la Sabana. “La poca presencia institucional, más allá de lo militar, hace que estos territorios sigan siendo caldo de cultivo para la violencia estructural al presentarse serios índices de desigualdad, baja escolaridad, fenómenos de economías criminales, precarios sistemas de salud, por mencionar algunos aspectos”, advierte.
Lo que buscan los grupos criminales en esas regiones “es el dominio absoluto y, cuando no lo pueden hacer, siembran el miedo y el pavor”, agrega el profesor Gómez Giraldo. Así, “los líderes sociales son quienes quedan en el medio del fuego tratando de gestionar intereses, proyectos y reivindicaciones de las poblaciones históricamente excluidas en Colombia”, añade Cárdenas.
Para Gómez Giraldo, que acompañó todo el proceso previo al plebiscito de octubre de 2016, en el que venció el No al tratado, uno de los problemas centrales es que “el acuerdo de paz se vio más como un tema político, y no social, y los partidos aprovecharon para polarizar aun más al país con posturas a favor o en contra. Y quien lideró el No al plebiscito hoy está en el poder”.
