La Corte suprema brasileña postergó hasta agosto la posibilidad de liberar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso por corrupción desde abril de 2018, al rechazar un pedido de dejarlo en libertad mientras estudia si el ex juez Sergio Moro, hoy ministro de Justicia, actuó con parcialidad cuando lo condenó.
Uno de los ministros del STF, Gilmar Mendes, había pedido que Lula acompañe en libertad el desarrollo del recurso contra el proceso encabezado por Moro si el análisis del pedido de hábeas corpus no concluía hoy, pero la Corte decidió por 3 votos contra 2 que el ex presidente permanezca en la cárcel.
El Supremo Tribunal Federal debe analizar un pedido de hábeas corpus presentado por la defensa de Lula tras el escándalo que generaron las grabaciones de diálogos mantenidos por Moro, mientras se desarrollaba el proceso, con el fiscal del juicio contra Lula, Deltan Dallagnol, en los que el hoy ministro aconseja al procurador sobre cómo atacar los argumentos de la defensa del ex presidente.
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“Si Moro fuera diputado o senador, ya habría perdido el mandato o estaría preso”, afirmó el presidente del Senado, Davi Alcoumbre, que pertenece al partido derechista Demócratas, que de ninguna manera puede ser considerado un simpatizante de Lula.
El sitio The Intercept comenzó a publicar a partir del 9 de junio una serie de mensajes intercambiados por Moro entre 2015 y 2018 con distintos fiscales por la red social Telegram, en los que el entonces juez sugiere modificar el desarrollo del proceso, pide nuevos allanamientos, aconseja a los magistrados y anticipa al menos una decisión judicial.
“Si todo esto fuera verdad, dijo el senador Alcoumbre, va a tener un impacto muy grande sobre el proceso, pero no en relación al Lava Jato”, la gigantesca operación contra la corrupción pública que golpeó a decenas de políticos y grandes empresarios y que comenzó con las investigaciones de Moro.
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La divulgación de los diálogos de Moro con distintos magistrados que intervinieron en el caso conocido como “el tríplex de Guarujá” –un lujoso departamento que Lula habría recibido de una constructora a cambio de favores- llevó a los abogados del ex presidente a pedir la anulación de todo el proceso.
La Corte analizará si Moro fue parcial al llevar adelante el proceso contra Lula, pero no le permitió permanecer en libertad hasta tanto se aclare si el ex juez actuó correctamente.
Como la de hoy fue la última reunión del Tribunal antes del receso, el ex presidente deberá permanecer detenido al menos hasta agosto, cuando acabe la feria judicial.
El ex presidente había sido condenado a 12 años y un mes de prisión, pena que el propio STF redujo en abril a ocho años y diez meses, lo que le permitiría pasar al régimen de detención semiabierta a partir de septiembre.
S.A.F.
