Álvaro García Ortiz, el cuarto fiscal general de España desde que Pedro Sánchez está a cargo del gobierno, presentó su renuncia este lunes al ministro de Justicia, Félix Bolaños. El pasado jueves 20 había sido condenado por el Tribunal Supremo de Justicia por el delito de "revelación de secretos".
La pena impuesta fue de dos años de inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros para el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular.
Un caso de corrupción, política y negocios que salpica a la Justicia española
La condena a García Ortiz es un duro golpe al gobierno de Pedro Sánchez, ya que se trata de un caso eminentemente político. El Tribunal Supremo lo encontró culpable de filtrar secretos del proceso judicial abierto contra González Amador por dos presuntos delitos de fraude a Hacienda.
En marzo de 2024, se difundió una noticia falsa -atribuida al entorno de Díaz Ayuso- que aseguraba que la Fiscalía, a cargo de García Ortiz, le estaba ofreciendo un pacto al empresario. Para desmentir esta versión, se difundió un correo electrónico en el que el abogado de González Amador admitía que su cliente había cometido delitos fiscales, y proponía un pacto a la Fiscalía. Es la difusión de este email lo que fue condenado por el Tribunal Supremo el pasado jueves, pocos días después de que terminara el juicio.
La rapidez con que el Tribunal Supremo resolvió el caso es atípica. El fallo no tiene precedentes: es la primera vez en la historia de España que un fiscal general del Estado recibe una condena penal. García Ortiz siempre sostuvo que no filtró el correo y que su actuación se limitó a defender la verdad institucional ante una información tergiversada.
El Gobierno, a través del propio Pedro Sánchez, manifestó su respeto por el fallo, aunque no lo compartió. El presidente incluso sugirió que otras instancias, como el Tribunal Constitucional o la justicia europea, podrían revisar la sentencia.
Qué dice la carta de renuncia de García Ortiz a la Fiscalía General de España
La carta que envió Álvaro García Ortiz al ministro Félix Bolaños para comunicar su decisión de dejar su puesto ha sido difundida en los medios de comunicación. "El profundo respeto a las resoluciones judiciales y la voluntad - siempre presente en mi mandato— de proteger a la Fiscalía española y a sus fiscales determinan mi decisión de que, sin esperar siquiera a conocer la motivación de la sentencia, presente mi renuncia como Fiscal General", manifiesta García Ortiz en el escrito. "Es un acto debido no solo al Ministerio Fiscal, sino a toda la ciudadanía española".
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Sin embargo, deja sentado su desacuerdo con el fallo: "Aunque mi determinación deriva directamente del fallo que me ha sido notificado, en mi haber tengo el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una inequívoca vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional".
Además, García Ortiz hace explícita su fidelidad a Pedro Sánchez, quien lo postuló para el puesto de fiscal general: "Agradezco al Gobierno de España la propuesta que el 19 de julio de 2022 cristalizó en mi nombramiento. La confianza depositada entonces es la misma que ahora devuelvo al entender que, una vez conocido el fallo, es el momento de abandonar el desempeño de tan alta responsabilidad."
Cómo es el proceso para nombrar un sucesor
Con la renuncia de García Ortiz, la jefatura del Ministerio Público queda provisoriamente en manos de la abogada que defendió a García Ortiz en el juicio y pidió su absolución, Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo. El Gobierno debe comenzar ahora el proceso para designar a un nuevo fiscal general, una figura que, según la Constitución, es nombrada por el Rey a propuesta del Ejecutivo, luego de escuchar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La persona propuesta debe ser un jurista español de reconocido prestigio con más de quince años de ejercicio profesional.
En un momento de máxima tensión entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, la elección del nuevo jefe de la Fiscalía se configura como una batalla clave en el escenario político español.
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