El gobierno de España encendió una señal de alarma en Europa. Durante un foro en Madrid, el presidente Pedro Sánchez anunció que impulsará una investigación parlamentaria para exigir a Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— explicaciones sobre un presunto sistema de rastreo oculto que habría vulnerado la privacidad de millones de usuarios, según señala la agencia AFP.
El caso estalló tras las pesquisas realizadas por expertos de España, Países Bajos y Bélgica, que detectaron que Meta habría utilizado durante casi un año un mecanismo capaz de recopilar información sobre las páginas visitadas por los usuarios en el navegador de sus teléfonos Android. Lo más grave: el sistema habría funcionado incluso cuando los internautas utilizaban el modo incógnito o navegaban detrás de una VPN, herramientas diseñadas justamente para reforzar la privacidad.
Según los investigadores, los datos recolectados podían ser vinculados directamente con la identidad del usuario en las aplicaciones de Facebook e Instagram, lo que constituiría una violación severa de la normativa europea de protección de datos, entre ellas el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). Además, la práctica se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Canadá y Estados Unidos.
“Meta deberá rendir cuentas en el Congreso de los Diputados”, advirtió Sánchez, quien señaló que la investigación será “exhaustiva” y que la ley “está por encima de cualquier algoritmo o gran plataforma tecnológica”. El mandatario insistió en que, si se confirma la vulneración masiva de derechos, “este caso no puede quedar impune”.
La compañía se defiende y la Unión Europea observa el impacto regulatorio
Consultada por AFP, Meta respondió que “se toma la privacidad muy en serio” y afirmó que ofrece herramientas para que las personas controlen cómo se utiliza su información. La compañía aseguró que está dispuesta a “colaborar constructivamente con las autoridades”. Sin embargo, el tono político en Madrid fue más contundente: esta vez, señalan especialistas, la controversia podría convertirse en uno de los episodios regulatorios más fuertes enfrentados por la empresa en Europa.
La Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Congreso citará tanto a directivos de Meta como a expertos en privacidad y ciberseguridad. El objetivo es determinar si el presunto rastreo vulneró derechos fundamentales, si existió opacidad en el tratamiento de datos y qué tipo de sanciones o medidas correctivas deberían aplicarse. En casos previos, la Unión Europea ha aplicado multas multimillonarias a empresas tecnológicas por violaciones al RGPD.
¿La burbuja de la Inteligencia Artificial desencadenará una crisis financiera?
El gobierno español busca, además, elevar el debate a nivel europeo en un momento clave: Bruselas discute estándares más estrictos para la protección de datos, la inteligencia artificial y la moderación de contenidos. Para España, el caso Meta podría convertirse en un ejemplo de cómo los Estados miembros deben responder ante prácticas que exceden los marcos regulatorios actuales.
Una “oligarquía tecnológica” en la mira: España prepara nuevas medidas
Sánchez anunció que su gobierno desplegará en el próximo semestre un paquete de medidas para reforzar la seguridad digital: combate a la desinformación, protección de menores en redes, freno a los discursos de odio y mayores exigencias en materia de privacidad y transparencia algorítmica.
“El proyecto común que es Europa no se arrodillará ante la mentira, el odio ni el abuso de poder de esta nueva oligarquía tecnológica”, afirmó el presidente. Aunque reconoció que las redes sociales han tenido aportes valiosos, sostuvo que se han convertido en un “Estado fallido” en términos de regulación y control.
Para analistas del sector, el anuncio español marca un punto de inflexión: no sólo abre un proceso que puede derivar en sanciones, sino que también anticipa un endurecimiento de las reglas sobre cómo las grandes plataformas recolectan, procesan y monetizan datos personales.
Con el foco en Meta, pero con la mira puesta en todo el ecosistema digital, Europa vuelve a enviar un mensaje claro: la privacidad es un derecho, y su defensa será un terreno cada vez más disputado.
Fuente AFP / lr
