Una coalición integrada por 16 fiscales generales de diversos estados norteamericanos demandó formalmente este lunes al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy, y a la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Erica Schwartz.
La presentación judicial exige declarar ilegal el nuevo esquema de inmunización pediátrica, el cual recortó severamente la cobertura de salud infantil a nivel nacional. La medida de fuerza responde a la publicación, en enero pasado, de un nuevo esquema de vacunación del que fueron excluidas siete vacunas esenciales.
Entre las dosis eliminadas del listado recomendado se encuentran aquellas destinadas a proteger a los niños con hepatisis B, la gripe, el virus respiratorio sincitial (VRS) y la meningitis.
Los Estados demandantes solicitaron de manera inmediata al tribunal que restablezca las recomendaciones anteriores. La acción ilegal fue impulsada por las administraciones estatales de California, Nueva York, Míchigan, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Rhode Island, Wisconsin y por el gobernador de Pensilvania.
Un eje central de escrito judicial impugna directamente la destitución arbitraria efectuada en junio de 2025 contra los 17 miembros con derecho a voto del Comité asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP). Dicho papel funcionó durante décadas como la entidad guía principal para determinar y respaladar políticas sanitarias.
Los demandantes señalaron que el recambio del equipo se ejecutó sin respaldar los procedimientos administrativos correspondientes, colocando en los puestos vacantes que carecen de la experiencia necesaria. Este nuevo grupo fue el encargado de votar favorablemente la eliminación de la dosis contra le hapatisis b.
La presentación califica a Robert F. Kennedy como un reconocido activista con posturas contrarias a la inmunización que carecen de fundamento científicos. Los administradores estatales advierten formalmente en el expediente que las decisiones tomadas bajo su gestión directa generan un riesgo para la salud pública.
En el texto conjunto difundido, los fiscales recordaron que la vacunación rutinaria aplicada entre 1994 y 2023 evitó cerca de 508 millones de casos de enfermedades, 32 millones de hospitalizaciones y más de 1,1 millones de muertes. Además, remarcaron que el esquema generó un ahorro social de 2,7 billones de dólares al sistema estatal.
La coalición acusó a las autoridades sanitarias federales de actuar de manera arbitraria y caprichosa, haciendo pleno uso de la evidencia científica, argumentaron que la medida causará reducción considerable de las tasas de vacunación.
Finalmente, los fiscales expresaron que el denominado "calendario Kennedy" obligará a las jurisdicciones locales invertir tiempo y fondos públicos para reparar los daños ocasionados. Por ello, solicitaron formalmente revocar las resoluciones recientes y declarar la total ilegalidad de los nombramientos efectuados dentro del ACIP.
