Sin presentar pruebas, Estados Unidos llevó a cabo este lunes un nuevo ataque militar contra una embarcación en el océano Pacífico que, según informó el Comando Sur (Southcom) bajo la dirección del secretario de Defensa, Pete Hegseth, estaba operada por “organizaciones terroristas designadas” involucradas en narcotráfico.
El ataque, ejecutado en aguas internacionales sobre rutas conocidas de tráfico de drogas, dejó al menos dos personas muertas, sin que las fuerzas estadounidenses resultaran heridas, según el propio comunicado oficial difundido en la red social X.
Según informó el Southcom a través de su cuenta oficial en la red social X, el ataque se realizó el 29 de diciembre por orden directa de Hegseth. “La Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”, señaló el comunicado.
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La acción forma parte de una serie de ataques cinéticos letales que la administración de Donald Trump viene desplegando desde septiembre en el Caribe y el Pacífico, en el marco de una ofensiva más amplia contra el narcotráfico transregional. El Gobierno estadounidense presenta estas operaciones como "necesarias" para frenar el ingreso de drogas al país y “proteger su hogar”, bajo una doctrina que equipara a las organizaciones narcocriminales con actores terroristas.
En esa línea, Trump reveló recientemente un ataque contra una instalación vinculada al narcotráfico en Venezuela, donde —según afirmó— una zona portuaria utilizada para cargar embarcaciones con drogas fue destruida tras una fuerte explosión. “Esa zona de operación ya no existe”, sostuvo el mandatario durante un encuentro en Florida con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.
Se trataría de una de las primeras acciones terrestres de Estados Unidos en suelo venezolano desde el inicio de la campaña de presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro, aunque Trump no precisó qué organismo ejecutó la operación ni brindó detalles sobre el lugar exacto o el tipo de ataque. Consultadas al respecto, la Casa Blanca, el Pentágono y la CIA evitaron hacer comentarios.
Críticas en el Capitolio por la ilegalidad de los ataques
La estrategia ha generado críticas considerables dentro del Parlamento de Estados Unidos. Legisladores de ambos partidos expresaron preocupaciones sobre la legalidad y la falta de transparencia de estos ataques. El representante Jim Himes, principal miembro demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, dijo que, aunque los objetivos puedan estar vinculados al narcotráfico, no se ha demostrado públicamente que las embarcaciones tuvieran drogas a bordo ni un vínculo directo verificable con carteles. Cuestionó además si existían salvaguardias adecuadas para evitar bajas civiles y si el Ejecutivo había excedido sus facultades sin la autorización explícita del Congreso.
En ese marco, Gregory Meeks, líder demócrata en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, cuestionó que la administración no haya presentado pruebas convincentes sobre el vínculo entre las embarcaciones que vienen siendo atacadas y el narcotráfico, ni siquiera en sesiones informativas a puertas cerradas del Congreso. En una carta firmada en el mes de octubre junto a otros legisladores, exigió a la Casa Blanca la lista de Organizaciones Terroristas Designadas y la justificación legal de los ataques ejecutados sin autorización legislativa. El documento advierte que el presidente “excedió su autoridad constitucional” y reclama mayor transparencia sobre operaciones militares que, según señala, podrían vulnerar el derecho internacional.
Por su parte, el presidente de la Cámara, Mike Johnson, un aliado político de Trump, defendió los ataques calificándolos de “respuesta necesaria y legal”, citando evaluaciones de inteligencia de alto nivel.
El ataque de este lunes se produce en un contexto en el que el Gobierno estadounidense ha intensificado su presión militar y diplomática en la región, incluyendo la designación de grupos de narcotraficantes como “organizaciones terroristas”, la incautación de buques cisterna y un despliegue considerable de fuerzas navales en el Caribe y América Latina.
Críticos externos, como organizaciones de derechos humanos y expertos legales, han advertido también sobre posibles violaciones del derecho internacional y ejecuciones extrajudiciales al no existir un conflicto armado formal ni pruebas divulgadas que sustenten el uso de fuerza letal sin arresto.
GD/ML
