El Ayatolá Ali Jamenei consolidó en las últimas décadas uno de los entramados económicos más poderosos y opacos de Irán a través de una organización llamada Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam, conocida simplemente como Setad. Alcanzó activos estimados en 95.000 millones de dólares, una cifra que en distintos períodos incluso superó los ingresos anuales por exportaciones petroleras del país.
Su origen no estuvo en la expansión industrial ni en inversiones privadas, sino en la confiscación sistemática de miles de propiedades pertenecientes a ciudadanos comunes, opositores políticos y minorías religiosas. Casas, terrenos y empresas quedaron bajo la órbita de una estructura que amplió su radio de acción a casi todos los sectores estratégicos.
A partir de una orden de apenas dos párrafos firmada por el Ayatolá Ruhollah Jomeini poco antes de su muerte en 1989, la organización tomó forma. El mandato original era administrar y vender bienes supuestamente “abandonados” tras el caos de la Revolución Islámica de 1979 y destinar esos fondos a fines caritativos.
Ya bajo la conducción de Jamenei, Setad dejó atrás ese rol inicial y se transformó en un holding que abarca desde la industria petrolera y las telecomunicaciones hasta la producción de anticonceptivos y la cría de avestruces.
El relevamiento detallado publicado por la agencia Reuters en 2013, que incluyó el análisis de declaraciones oficiales y registros catastrales, permitió dimensionar la escala del despojo. "Setad es una organización económica masiva que responde solo al Líder Supremo y no tiene supervisión del Parlamento iraní", indicaron los investigadores en su reporte.
Así, la falta de control institucional facilitó que la entidad operara con total impunidad dentro del marco legal iraní.
El mecanismo de las expropiaciones sistemáticas
El proceso para alimentar el patrimonio de Setad seguía un patrón jurídico específico: la organización reclamaba ante los tribunales revolucionarios que ciertas propiedades estaban abandonadas o pertenecían a personas que habían huido del país o eran "enemigas del régimen". En muchos casos, los jueces emitían órdenes de incautación sin que los legítimos dueños tuvieran oportunidad de defensa. Una vez que Setad obtenía el control legal, las propiedades eran subastadas para generar liquidez o integradas a los proyectos inmobiliarios del holding.
Simultáneamente, entre las víctimas de este sistema se encontraron miembros de la fe bahaí, la minoría religiosa más perseguida en Irán. Según denuncias internacionales y registros de derechos humanos, muchas de estas familias perdieron sus hogares y granjas simplemente por sus creencias. El Daily Mail destacó en un informe reciente que "el imperio se construyó sobre la base de confiscar miles de propiedades de iraníes comunes, incluidos ciudadanos que vivían en el extranjero y no podían reclamar sus derechos presencialmente".
Además, la estructura de Setad se dividió en unidades de negocio que penetraron todos los sectores de la economía. Su unidad inmobiliaria era la encargada de gestionar los juicios y las ventas, pero el capital obtenido se reinvirtió en empresas estratégicas. De esta manera, Khamenei consolidó una autonomía financiera total, lo que le permitió financiar su aparato de seguridad y mantener la lealtad de ciertos sectores políticos sin depender de los presupuestos aprobados por el gobierno formal o de los vaivenes del precio internacional del crudo.
Un holding fuera del control estatal
A pesar de su magnitud, las cuentas de Setad permanecieron cerradas al escrutinio público. Al responder directamente al Líder Supremo, la organización no pagaba impuestos ni estaba sujeta a auditorías externas. En 2013, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a la entidad y a sus subsidiarias, describiéndola como una red de empresas fachada que operaba en nombre de la cúpula del poder iraní. "Setad es una red de negocios masiva y secreta que ha sido utilizada por el liderazgo de Irán para ocultar activos", señaló el Tesoro en su comunicado oficial de aquel año.
Los métodos para presionar a los propietarios incluían visitas intimidatorias de agentes de la organización. Según testimonios recolectados por cronistas extranjeros, a menudo se les informaba a los ocupantes que su propiedad ya no les pertenecía y que debían pagar un "alquiler" a Setad o abandonar el lugar de inmediato. Si se resistían, intervenía la fuerza pública para ejecutar los desalojos. Estas acciones no distinguían entre grandes terratenientes o familias de clase media que poseían un solo departamento en Teherán.
La influencia de este imperio empresarial permitió que Khamenei proyectara poder incluso en momentos de crisis económica nacional. Mientras la inflación golpeaba a la población civil, Setad seguía expandiendo su cartera de inversiones. Con la muerte del Ayatolá este último sábado, el destino de esta estructura de 95.000 millones de dólares y el control sobre las propiedades aún bajo litigio abren una etapa de incertidumbre sobre quién administrará la caja.
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