En una declaración más atenuada de la que se anunciaba, el Mercosur privilegió ayer el diálogo con Venezuela antes que la expulsión del bloque regional, instando al gobierno de Nicolás Maduro a “restablecer el orden institucional y el Estado de derecho”. “Hacemos un urgente llamado al cese de toda violencia y a la liberación de todos los detenidos por razones políticas”, sostuvo el texto, que supuso un fracaso en los intentos de imponer una medida más dura contra el régimen bolivariano.
La declaración final, firmada en Mendoza por los mandatarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, exhortó “al gobierno y a la oposición a no llevar a cabo ninguna iniciativa que pueda dividir aún más a la sociedad venezolana o agravar conflictos institucionales”, en referencia a la convocatoria oficialista a la Asamblea Nacional Constituyente, que se celebrará el 30 de julio, pese al rechazo de más de siete millones de venezolanos.
La Cancillería argentina había sido una de las más duras en la previa, cuando el ministro Jorge Faurié aseguró que “en Venezuela no hay una democracia”. “Nuestros cancilleres reconocieron formalmente la ruptura del orden democrático”, aseguró, por su parte, Michel Temer, quien asumió la presidencia rotativa del bloque. Sin embargo, el documento final, que no suscribió Bolivia, en proceso de adhesión al Mercosur, no incluyó esa definición. Evo Morales defendió fervientemente a su par Maduro, ausente en la cumbre. “Nuestra obligación como región es frenar la intromisión extranjera”, dijo, abonando la tesis de Caracas de que las protestas serían supuestamente alentadas por Estados Unidos. Otro que expresó una posición moderada fue el uruguayo Tabaré Vázquez, quien declaró: “No podemos aislar a Venezuela ni al pueblo venezolano”, dijo.
Diálogo. Venezuela, que había sido incorporada en 2012 como quinto socio pleno del bloque, fue suspendida en diciembre de 2016 por incumplir el plazo estipulado para adecuarse a las normas del bloque, entre ellas las referidas a derechos humanos y separación de poderes. A su vez, en abril de este año los socios fundadores activaron la cláusula democrática tras el fallido intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir funciones legislativas en reemplazo de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Tras las deliberaciones, prevaleció ayer una postura más conciliadora dentro del Mercosur y se descartaron sanciones comerciales que agraven aún más la situación económica y social del pueblo venezolano. “Convencidos de que la solución a la crisis sólo podrá ser resuelta por los venezolanos, instamos al gobierno y a las fuerzas opositoras de la hermana República Bolivariana de Venezuela al diálogo, que permita una concertación política creíble”, agregó la declaración final.
La Cancillería argentina había sido una de las más duras en la previa, cuando el ministro Jorge Faurié aseguró que “en Venezuela no hay una democracia”. “Nuestros cancilleres reconocieron formalmente la ruptura del orden democrático”, aseguró, por su parte, Michel Temer, quien asumió la presidencia rotativa del bloque. Sin embargo, el documento final, que no suscribió Bolivia, en proceso de adhesión al Mercosur, no incluyó esa definición. Evo Morales defendió fervientemente a su par Maduro, ausente en la cumbre. “Nuestra obligación como región es frenar la intromisión extranjera”, dijo, abonando la tesis de Caracas de que las protestas serían supuestamente alentadas por Estados Unidos. Otro que expresó una posición moderada fue el uruguayo Tabaré Vázquez, quien declaró: “No podemos aislar a Venezuela ni al pueblo venezolano”, dijo.
Diálogo. Venezuela, que había sido incorporada en 2012 como quinto socio pleno del bloque, fue suspendida en diciembre de 2016 por incumplir el plazo estipulado para adecuarse a las normas del bloque, entre ellas las referidas a derechos humanos y separación de poderes. A su vez, en abril de este año los socios fundadores activaron la cláusula democrática tras el fallido intento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de asumir funciones legislativas en reemplazo de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.
Tras las deliberaciones, prevaleció ayer una postura más conciliadora dentro del Mercosur y se descartaron sanciones comerciales que agraven aún más la situación económica y social del pueblo venezolano. “Convencidos de que la solución a la crisis sólo podrá ser resuelta por los venezolanos, instamos al gobierno y a las fuerzas opositoras de la hermana República Bolivariana de Venezuela al diálogo, que permita una concertación política creíble”, agregó la declaración final.
Las protestas contra la Constituyente, que comenzaron hace casi cuatro meses y dejaron 103 muertos y miles de heridos, arreciaron en los últimos días al acercarse la fecha de la elección constituyente. “Es sumamente difícil y altamente improbable que el gobierno suspenda esa iniciativa, aunque no imposible. Todo indica que vamos hacia allá, en un contexto de represión y conflictividad sumamente peligroso”, declaró a PERFIL Vladimir Villegas, constituyente en la reforma de 1999.
Llamado. Macri pidió que Caracas fije un calendario electoral para descomprimir la crisis. “Reiteramos nuestra disposición a establecer en consulta con el gobierno y la oposición un grupo de contacto para mediar en un proceso de diálogo”, afirmó al inaugurar la cumbre presidencial. Por su parte, Faurie anunció que Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay enviaron una nota “instando a Venezuela a mantener un diálogo con nosotros en los términos del Protocolo de Ushuaia, con la expectativa de que sea en un plazo particularmente breve”. Según el ministro, no se trata de un “ultimátum”, sino un “llamado” al gobierno venezolano.
Caracas calificó la cumbre de Mendoza de “ilegal” y consideró “alarmante” el uso “del mecanismo de integración al servicio de una política de hostigamiento al gobierno y al pueblo de Venezuela”. El pulso diplomático continuará hasta el próximo 30 de julio.
Almagro evalúa demandar a Maduro en La Haya
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció ayer que evalúa demandar a las autoridades venezolanas ante la Corte Penal Internacional de La Haya por presuntos delitos de lesa humanidad, por la represión cruenta que se cobró 103 vidas y dejó miles de heridos.
En un acto del Centro Latinoamericano del Atlantic Council, el ex canciller uruguayo adelantó que analizará si “los crímenes que ha cometido el régimen, especialmente la tortura, son tipificables conforme al estatuto de Roma, y por lo tanto susceptibles de ser procesados por la Corte Penal Internacional”. El secretario general de la OEA, sin embargo, admitió que la reacción internacional y de la institución que encabeza fue tardía porque podría haberse evitado la crisis humanitaria, política y social de Venezuela.
Además, Almagro, muy crítico de Maduro, lamentó que no se aplicara a Venezuela la Carta Democrática porque “algunos países votaron de acuerdo a sus intereses y no a sus principios”.
