Desde Ginebra, Suiza – "Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)" en Venezuela, dependiente del Presidente Nicolás Maduro, son acusados "de haber cometido crímenes de lesa humanidad durante más de una década", entre 2014 y 2024, indica un informe de la "Misión Internacional de Determinación de los hechos", compuesta por 3 expertos independientes, quienes actúan según su conciencia, no cobran sueldo, solo viáticos para cumplir su trabajo, cuyos informes se debaten públicamente en Ginebra, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. (1)
La "Guardia Nacional Bolivariana (GNB)", perpetró y contribuyó "de manera directa a llevar a cabo privaciones arbitrarias de la vida, detenciones ilegales, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y violencia sexual y de género, tanto durante operativos de control de protestas como en acciones de persecución política selectiva, cuya persistencia se ha visto facilitada por un entorno prolongado de impunidad", resume el informe de la Misión, de 123 páginas. (2)
El documento reproduce el organigrama del sistema represivo venezolano, encabezado por el Presidente Nicolás Maduro, el cual es Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), de quienes dependen el Ministro de la Defensa, y el Comando Estratégico Operacional, mando operacional que conduce al Ejército, la Armada, la Aviación, la Milicia y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), otorgando control político y operativo a Nicolás Maduro. (3)
"Los hechos documentados muestran el rol de la GNB en un patrón de represión sistemática y coordinada contra personas opositoras o percibidas como tales", desde el 2014, "doctrina de seguridad nacional que ha fusionando funciones militares y policiales, legitimando la militarización de la seguridad ciudadana", desplegando el papel de la GNB en operaciones orientadas al control social y la represión interna". (4)
"La cadena de mando altamente centralizada, bajo la dirección de Maduro, ha ejecutado acciones ilícitas sin mecanismos internos efectivos de control o rendición de cuentas. En los picos de las protestas de 2014, 2017, 2019 y 2024, la GNB ejerció un uso desproporcionado de la fuerza, incluyendo el empleo de armas letales y menos letales, disparadas de forma indebida. La Misión tiene motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB dispararon con armas de fuego de manera indiscriminada, afectando zonas vitales de los cuerpos de las víctimas". (5)
Los expertos documentaron en su informe "detenciones arbitrarias masivas y selectivas, violencia física durante los arrestos, "siembra de evidencias", torturas, malos tratos, incluso violencia sexual y de genero dentro de instalaciones de la GNB utilizadas como centros de detención transitoria", incluso modificando "proyectiles para causar mayor daño". Las "agresiones y violaciones sexuales, no fueron incidentes aislados", sino parte de un patron de abuso para castigar y doblegar a las víctimas". (6)
Ell dispositivo desplegado la GNB "fue un actor central en llevar a cabo el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos políticos. Según datos de la sociedad civil, la GNB ejecutó la mayor cantidad de detenciones con fines políticos entre 2019 y 2020, desempeñando un papel clave en la "Operación Tun Tun" tras las elecciones de 2024, destinado a la captura y criminalización de de opositores mediante acusaciones infundadas de terrorismo o incitación al odio". (7)
"El informe identifica un patrón de impunidad estructural sostenido por fallas sistemáticas del sistema judicial venezolano poniendo de manifiesto su incapacidad o falta de voluntad para investigar y procesar las violaciones cometidas por la GNB: investigaciones sin avance, paralización procesal prolongada, manipulación de la evidencia, obstrucción deliberada por parte de la la GNB y concentración de sanciones únicamente en personal de bajo rango". (8)
La Misión concluye que "existen motivos razonables para creer que funcionarios de la GNB, así como altos mandos militares y políticos podrían ser penalmente responsables en virtud de los artículos 25 y 28 del Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional (CPI, como autores o coautores directos e indirectos por responsabilidad de mando". Sin embargo, al actuar la CPI complementariamente con la justicia nacional, y no existiendo procedimientos judiciales contra Maduro en Venezuela, que por lo demás se ha retirado recientemente del Estatuto de Roma, la iniciativa que sea juzgado por la CPI, no podría progresar en las actuales circunstancias, promovida no obstante por Argentina, Canada, Colombia, Chile, Paraguay, Peru, y la OEA. (9)
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En este contexto, 6 organizaciones internacionales acaban de denunciar la muerte de Alfredo Javier Díaz Figueroa, en custodia del Estado venezolano, ocurrida en el centro de detención de El Helicoide, bajo control del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el 5 de diciembre pasado. Fue gobernador de Nueva Esparta, miembro del partido político Acción Democrática, detenido desde hace más de un año. No tuvo acceso a un abogado de confianza. (10)
Estas 6 organizaciones han recogido datos de la organización "Foro Penal", que señalan "17 presos fallecidos en Venezuela desde el 2014, bajo la custodia del Estado. Por su parte, las organizaciones "Justicia, Encuentro y Perdón" y el "Observatorio Venezolano de Prisiones", contabilizan 25 personas fallecidas en iguales circunstancias y periodo, incluyendo centros de detención, hospitales y arrestos domiciliarios, ademas de 5 personas más que han perecido tras complicaciones graves de salud luego de su excarcelación". (11)
Concluyen que "en Venezuela hay al menos 1.082 casos documentados de personas que permanecen privadas arbitrariamente de libertad por motivos políticos, de los cuales 900 son hombres y 182 son mujeres, y 858 son personas que se mantienen privadas de libertad sin que se haya establecido su responsabilidad penal. Este sufrimiento alcanza también a familiares y seres queridos, que son sometidos asimismo a actos intimidatorios, persecución y elevadas cargas económicas para poder soportar las necesidades de sus familiares privados de libertad" (12).
(1,2,3,4,5,6,7,8,9,) "Crímenes de lesa humanidad: el rol de la "Guardia Nacional Bolivariana", Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, Ginebra, 11 de diciembre de 2025.
(10,11,12) Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Global Centre for the Responsibility to Protect (GCR2P), Robert F. Kennedy Human Rights, CIVICUS: Alianza Global para la Participation Ciudadana, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Freedom House.
