En un operativo histórico, las autoridades de Brasil desmantelaron un multimillonario esquema criminal por el que se estima que se lavaron cerca de 10 mil millones de dólares de actividades ilícitas. La red criminal de alcance nacional operaba mediante estaciones de servicio y plataformas financieras digitales y fue desmantelada por las autoridades brasileñas en una megaoperación que, según el presidente Lula da Silva, constituye "la mayor respuesta del Estado brasileño al crimen organizado" en su historia.
El esquema, que combinaba fraude fiscal y lavado de dinero, se extendía a lo largo de toda la cadena productiva del sector de combustibles, desde la distribución y el transporte hasta la refinación, almacenamiento y venta en estaciones de servicio, incluidas sus tiendas asociadas.
La organización, presuntamente liderada por el cartel Primeiro Comando da Capital (PCC) —una de las bandas criminales más poderosas de Brasil, dedicada al tráfico de cocaína hacia Europa—, logró introducir recursos ilícitos en el sistema financiero legal. Para ello, utilizó unas 40 fintechs y fondos de inversión como plataformas para ocultar activos. Según datos oficiales, entre 2020 y 2024 el grupo lavó al menos 52.000 millones de reales, equivalentes a unos 9.600 millones de dólares.
El ministro de Economía, Fernando Haddad, calificó el mecanismo utilizado como "extremadamente sofisticado", señalando que la investigación requirió descifrar complejos circuitos financieros para seguir la ruta del dinero. La indagación duró dos años.
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Operativo a gran escala en Brasil
En el operativo participaron más de 1.400 agentes de organismos públicos, con órdenes de detención emitidas contra 350 personas y empresas en al menos diez estados brasileños, incluyendo San Pablo y Río de Janeiro. Imágenes divulgadas por la policía mostraron un importante despliegue de efectivos y vehículos oficiales en la avenida Faria Lima de la ciudad paulista, el principal distrito financiero del país.
En tanto, las investigaciones indican que la red criminal tenía bajo su control un terminal portuario, cerca de 1.000 estaciones de servicio, cuatro refinerías, 1.600 camiones y aproximadamente un centenar de propiedades.
Entre las prácticas fraudulentas detectadas se encuentran la venta de combustible adulterado y el llamado "surtidor bajo", un mecanismo por el cual los consumidores pagaban por volúmenes menores de los indicados en los surtidores.
También se descubrió la importación ilegal de metanol, un producto inflamable y tóxico que era desviado y transportado clandestinamente, generando riesgos tanto para el medio ambiente como para la seguridad de conductores y peatones. Este compuesto se utilizaba para adulterar combustibles en estaciones de servicio, generando beneficios millonarios para la organización.
Brasil es actualmente el mayor productor de petróleo y otros combustibles líquidos en Sudamérica, y el noveno a nivel mundial, según datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. Además, ocupa el segundo lugar global en producción de biocombustibles.
Dinero sucio en el sistema financiero
En lugar de utilizar bancos tradicionales, el grupo criminal colocaba sus ganancias ilícitas en fintechs, lo que dificultaba la trazabilidad de los fondos. Las autoridades sospechan que algunos administradores de estos fondos sabían del origen ilícito del dinero y colaboraban con el esquema.
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Una de las plataformas financieras investigadas, cuya identidad no fue revelada, habría funcionado como un "banco paralelo", recibiendo más de 11.000 depósitos en efectivo sospechosos entre 2022 y 2023.
Según el Ministerio Público de Sao Paulo, las empresas implicadas llevaban una contabilidad paralela que permitía transferencias de dinero entre compañías y personas físicas sin identificar a los beneficiarios reales.
El fisco brasileño identificó al menos 40 fondos de inversión controlados por el PCC, con un volumen estimado de 30.000 millones de reales (unos 5.500 millones de dólares), que eran reinvertidos en el propio sector de combustibles. Parte de ese dinero se destinaba a la adquisición de plantas productoras de etanol, el cual luego era comercializado en las estaciones de servicio manejadas por la organización.
