Estados Unidos lanzó este martes un nuevo ataque contra una presunta narcolancha en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela. El operativo, dirigido por el Pentágono bajo órdenes de Donald Trump, dejó cuatro muertos a bordo de la embarcación, según confirmó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.
“Esta mañana dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas”, detalló Hegseth en un comunicado, donde precisó que no hubo bajas estadounidenses. Se trata del cuarto operativo de este tipo en el mar Caribe en apenas un mes.
La administración Trump sostiene que las lanchas atacadas transportaban “cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos” y calificó a sus tripulantes de “narcoterroristas”. “Estos ataques continuarán hasta que cesen las agresiones contra el pueblo estadounidense”, advirtió Hegseth.
La ofensiva militar forma parte de la estrategia anunciada por Trump, quien notificó al Congreso que el país está “formalmente involucrado en un conflicto armado con los carteles de la droga”, a cuyos miembros catalogó como “combatientes ilegales”. En septiembre, tres ataques similares dejaron al menos 17 muertos en la región.
La respuesta de Caracas no tardó en llegar: Nicolás Maduro decretó el Estado de Conmoción Exterior, denunciando las operaciones como una amenaza directa contra la soberanía venezolana. Washington lo acusa de encabezar el “cártel de los Soles” y el Tren de Aragua, y mantiene sobre su cabeza una recompensa de 50 millones de dólares, además de otras millonarias sobre Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.
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El alcance del decreto de conmoción externa en Venezuela
La decisión de Maduro de activar un “estado de conmoción externa” en Venezuela implica un recurso constitucional que le otorga al Ejecutivo amplias facultades bajo el argumento de una amenaza extranjera. Aunque el oficialismo justificó la medida como una respuesta a los movimientos militares de Estados Unidos en el Caribe, el decreto no se publicó en la Gaceta Oficial, lo que deja a la población sin conocer su contenido exacto ni sus límites reales.
En la práctica, la medida habilita al gobierno a restringir derechos, movilizar de manera total a las Fuerzas Armadas y asumir el control directo de sectores estratégicos de la economía y de los servicios públicos. Podrían, además, ordenar cierres fronterizos, aplicar medidas de seguridad excepcionales y reconfigurar la vida institucional del país bajo un esquema militarizado.
Organizaciones civiles como Acceso a la Justicia advirtieron que la medida, sin transparencia ni controles efectivos, se convierte en una herramienta para consolidar un poder sin contrapesos. Aunque la Constitución establece que este tipo de decretos debe ser revisado por el Parlamento y el Tribunal Supremo, ambos dominados por el oficialismo, el riesgo es que se transforme en un riesgo que profundice la represión política y la concentración de poder en manos de Maduro.
TC/DCQ
