Los dirigentes latinoamericanos adoptaron ayer, último día de la Cumbre de las Américas, una Declaración de Los Ángeles que aplica el principio de responsabilidad compartida para una migración “ordenada”, como reclama Joe Biden, pero que se queda en algo simbólico frente a la amplitud del problema.
El presidente estadounidense defendió esta semana en Los Ángeles “una migración segura y ordenada” como posible catalizador para el crecimiento sostenible, pero insistió en que la migración irregular es “inaceptable” y su gestión debe compartirse.
El término clave para Biden es responsabilidad compartida, debido a que Estados Unidos no quiere cargar con todo el peso del flujo migratorio. Y aún menos a pocos meses de las elecciones de medio mandato de noviembre, en momentos en que la alta inflación hace caer su índice de aprobación entre la opinión pública.
Parece haber convencido a los dirigentes latinoamericanos que ayer firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, en la que, según un comunicado de la Casa Blanca, cada país aporta su grano de arena.
Estados Unidos acogerá a 20 mil refugiados de América Latina en 2023 y 2024 (tres veces más que este año) y desembolsará 314 millones de dólares en ayuda para migrantes en la región, menos menos que los 100 mil ucranianos que se dispone a recibir por la invasión de Rusia a Ucrania.
Unos 7.500 migrantes irregulares, en su mayoría de Centroamérica, pero también de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, intentan cruzar a diario la frontera con Estados Unidos, según datos oficiales del mes de abril.
México aumentará de 10 mil a 20 mil el número de Tarjetas de Trabajador Fronterizo y lanzará un nuevo programa de trabajo temporal para entre 15 mil y 20 mil personas de Guatemala cada año que espera extender a Honduras y El Salvador.
Belice, Costa Rica y Guatemala, entre otros, también colaboran, pero estas iniciativas están lejos de aliviar a los migrantes que huyen masivamente de la pobreza, la violencia y la corrupción.
Ausencias. La crisis migratoria era el tema troncal de la Cumbre, pero fue quedando relegado casi a segundo plano en medio de la polémica diplomática entre aliados. La lista de países invitados prendió la mecha de la discordia, dado que el gobierno de Biden optó por excluir a Nicaragua, Cuba y Venezuela. En respuesta, algunos países, abanderados por México, decidieron boicotearla, como Bolivia y Honduras.
Otros participan en el encuentro, pero como portavoces de los que no pueden venir o para manifestar sus reivindicaciones.
El mandatario argentino Alberto Fernández, en calidad de presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la que pertenecen los tres excluidos por Estados Unidos, afirmó que “el hecho de ser país anfitrión de la Cumbre no otorga la capacidad de imponer el derecho de admisión”.
El mandatario chileno, el izquierdista Gabriel Boric, repitió que no le gustan las exclusiones. “Sería distinto sostener en un foro como éste, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba”, afirmó.
Belice considera “imperdonable” que no estén, unas ausencias que el canciller mexicano Marcelo Ebrard calificó de “error estratégico”, en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, que boicoteó la cumbre precisamente por este motivo. Así como lo hizo Alberto Fernández, también Ebrard criticó a la OEA y pidió “refundar el orden interamericano” durante una cumbre que, según declaró ayer, arroja resultados “muy positivos” en el tema migratorio.
