La Fiscalía de Bolivia informó este miércoles que abrirá un proceso penal contra el expresidente Evo Morales, ahora refugiado en Argentina, por un presunto fraude electoral cometido en las elecciones del 20 de octubre. "Hemos recibido la información de que han abierto un nuevo caso en contra de las exautoridades en relación al fraude electoral", ha indicado el fiscal general de Bolivia, Juan Lanchipa, aludiendo a la Fiscalía de La Paz, según publicó la agencia de noticias boliviana ABI.
El proceso también está dirigido contra su exvicepresidente, Álvaro García Linera, y los exministros Juan Ramón Quintana, Carlos Romero y Héctor Arce. El expresidente Carlos Mesa presentó una denuncia contra el líder indígena por delitos electorales en los comicios de octubre, a los que concurrieron los dos. En concreto, la denuncia señala a Morales, Quintana, Romero y Arce como "autores intelectuales" del "gigantesco fraude".
La Fiscalía remitió el lunes la denuncia a la Fiscalía de La Paz para que iniciaran una investigación sobre el caso. Después de conocer la decisión, Mesa expresó que "el gigantesco fraude" en las elecciones de octubre "costó vidas, bienes públicos y más de 217 millones de bolivianos (más de 29 millones de euros)". "Bolivia no permitirá que los autores del fraude queden impunes", aseguró a través de la red social Twitter.
El juicio busca que "nunca más un presidente del Estado, abusando de su poder, se burle del voto del pueblo", explicó el abogado de Mesa, Carlos Alarcón. "Es un hecho de justicia, pues, resultaba inadmisible que solamente estuvieran enjuiciados penalmente los seis vocales electorales cuando éstos no han actuado en este fraude en beneficio propio. Lo han hecho en beneficio del expresidente Morales y de su cúpula de gobierno", agregó Alarcón.
Morales se proclamó vencedor de las elecciones presidenciales, en las que buscaba un cuarto mandato, pero Mesa, que quedó segundo según los resultados oficiales, denunció un "fraude gigantesco".
Las partes accedieron a que la Organización de Estados Americanos (OEA) realizara una auditoría con la que detectó "irregularidades". Morales dimitió el 10 de noviembre en medio de una ola de violencia que dejó más de 30 muertos. Jeanine Áñez, entonces 'número dos' del Senado, se proclamó presidenta interina para llenar el vacío de poder.
El expresidente ya está siendo investigado por otros presuntos delitos. El Gobierno de Áñez lo denunció ante los tribunales por sedición y terrorismo y ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de lesa humanidad por ordenar a sus simpatizantes que sitiaran importantes ciudades como El Alto en el marco de la violencia postelectoral.
Morales, que renunció al cargo en noviembre pasado por las acusaciones de fraude y tras perder el apoyo de las fuerzas militares, está a la espera de que el actual TSE defina la validez de su postulación al Senado en los comicios de mayo, en medio de protestas de sectores de derecha que exigen su inhabilitación.
DS
