La justicia estadounidense acusó a once personas de integrar una red transnacional que habría defraudado al sistema de salud pública de Estados Unidos por más de 10.600 millones de dólares. Según indicaron, el esquema se organizó desde Rusia y Estados Unidos, y se apoyó en la compra de empresas médicas acreditadas y el uso de datos personales robados para facturar productos que jamás fueron entregados.
La maniobra, que se habría desarrollado entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, involucró reclamos falsos por equipos médicos costosos que los pacientes no habían solicitado ni recibido. Las facturas llegaron a cientos de miles de afiliados al programa Medicare (que cubre a mayores de 65 años y personas con discapacidad) y también a aseguradoras privadas que ofrecen coberturas complementarias.
El supuesto responsable del esquema es Imam Nakhmatullaev, un ciudadano que operaba desde Rusia y que, según la investigación, coordinaba a un grupo de cómplices distribuidos en varios países. La mayoría son de origen estonio, aunque también figuran un estadounidense y un checo. Conformaban una red que compró empresas autorizadas para facturar a Medicare, y desde allí ejecutaron el fraude con información sustraída a más de un millón de ciudadanos estadounidenses.
De los más de 10.600 millones de dólares reclamados de forma presuntamente fraudulenta, el sistema público Medicare habría llegado a pagar 41 millones, mientras que las aseguradoras privadas habrían desembolsado otros 900 millones. A través de estructuras financieras ficticias, ese dinero fue transferido a cuentas en países como China, Singapur, Pakistán, Israel y Turquía, o directamente convertido en criptomonedas.
La magnitud del caso se refleja también en la cantidad de reclamos: más de 400.000 personas denunciaron ante Medicare haber recibido facturas por servicios que jamás usaron. Para algunos expertos, podría tratarse del mayor intento de fraude contra el sistema público de salud estadounidense, que en los últimos años viene revisando sus mecanismos de control y trazabilidad.
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Antecedentes que preocupan
Este no es un caso aislado: en abril de 2019, el FBI y el Departamento de Justicia desarticularon la llamada "Operación Brace Yourself", un golpe masivo por más de 1.200 millones en fraudes relacionados con prótesis y equipos médicos innecesarios, que incluyó a 24 acusados involucrados en telemedicina y pagos indebidos a médicos. En junio de 2015, otra causa implicó a 243 personas y sumó aproximadamente 712 millones en facturas falsas, incluyendo médicos, enfermeros y proveedores de equipos. Más recientemente, en 2023, el sistema enfrentó cargos por casi 500 millones en reclamaciones fraudulentas asociadas con pruebas de COVID-19 falsas, en un caso que involucró a 18 acusados .
El patrón se repite: telemedicina, datos personales adulterados, máquinas o insumos inexistentes y un entramado internacional. Por ejemplo, en marzo de 2025, tres operadoras de hospicios en Texas fueron acusadas de facturar 110 millones a Medicare y Medicaid por cuidados terminales innecesarios, llevándose a sus arcas fondos por 87 millones con ayuda de médicos que falsificaban afiliaciones y certificaciones. También existen investigaciones con laboratorios y clínicas por manipulaciones en pruebas de COVID-19, hasta 150 millones de dólares en un solo caso .
En total, las autoridades de salud y justicia estiman que el fraude a Medicare y Medicaid roza los 100.000 millones de dólares anuales. Frente a esto, el nuevo caso aparece como posible récord (o al menos como el más ambicioso hasta ahora), al combinar robos internacionales, esquemas de facturación falsa y sofisticados desvíos financieros.
TC/DCQ
