Se suben a precarias barcazas escapando de la miseria, la represión de sus gobiernos y la guerra civil. Los que llegan a la isla de Lampedusa son deportados o tratados como criminales. Otros naufragan, y el Mediterráneo se convierte en su tumba submarina. En Ceuta y Melilla, enclaves españoles en el continente africano, cientos de subsaharianos se estrellan contra las vallas, son golpeados y detenidos. En los suburbios de París, el panorama no es distinto: los gitanos son apresados y expulsados. Las víctimas de estas historias están desesperadas. Todas ellas son inmigrantes.
Las tragedias de Lampedusa, que en las últimas dos semanas se cobraron 359 muertos, desnudaron el drama de los sin papeles en Europa. La Unión Europea (UE), Premio Nobel de la Paz en 2012, suele erigirse en adalid de los derechos humanos. Pero mientras denuncia los excesos y abusos en otros puntos del globo, en sus costas meridionales 1.500 personas se ahogan cada año, según datos de Naciones Unidas, y nadie hace nada.
“La política de la UE es cada vez más militarista. Europa ha contratado a los ejércitos de los países del norte de Africa para reprimir a los inmigrantes que quieren llegar al continente. Tiene un discurso hipócrita sobre los derechos humanos. Si los dictadores africanos fallan, se escapan los inmigrantes y se hunde un barco, la culpa es del mar. Esto es un genocidio”, explicó a PERFIL desde Melilla José Palazón, presidente de la Asociación Pro Derechos de la Infancia, una ONG que asiste a los hombres y mujeres que quieren “hacerse la Europa”. Lo cierto es que Europa negocia con los gobiernos africanos para contener el flujo inmigratorio. Así, Marruecos –el país con fronteras más impermeables pese a su localización– suscribió en junio un acuerdo de movilidad con la UE, por el que se compromete a readmitir a todos los inmigrantes que Europa intercepte y, a cambio, Bruselas le facilita los visados a sus ciudadanos más calificados.
Ante la indignación popular desatada en Italia, el gobierno de Enrico Letta les concedió funerales de Estado a los fallecidos. Pero las autoridades no saben qué hacer con los náufragos que sobrevivieron. En el país, aún rige la Ley de Seguridad e Inmigración, herencia de Silvio Berlusconi. Sancionada en 2009, la normativa considera que la inmigración ilegal es un delito, estipula multas de entre 5 mil y 10 mil euros para los sin papeles y castiga con la cárcel a los italianos que les alquilen una vivienda o les den trabajo. Paradójicamente, esa medida, y la Ley Bossi-Fini de 2002, complica la situación legal de los pescadores que auxiliaron a los sobrevivientes en Lampedusa. Recién este miércoles el Senado dio un primer paso para que la inmigración no sea un delito, al aprobar en la Comisión de Justicia una enmienda a la normativa.
En el resto de la UE el escenario que tienen los inmigrantes tampoco es alentador. La Directiva de Retorno, sancionada por el bloque en 2008, establece que los indocumentados serán deportados en entre siete y treinta días y que, transcurrido ese plazo, las autoridades pueden internarlos hasta 18 meses en centros de retención. Por su parte, España fue demandada este jueves ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por expulsar a 73 inmigrantes de la Isla de Tierra. Y, en Francia, el gobierno de François Hollande está jaqueado por las protestas estudiantiles ante la deportación de la joven gitana Leonarda Dibrani.
El estallido de la primavera árabe, el desgobierno en el que quedaron inmersos los países que se libraron de los viejos regímenes –Libia y Egipto– y la guerra civil en Siria aumentaron el flujo inmigratorio. En 2012, 72.430 personas llegaron sin papeles al Viejo Continente, según Frontex, la agencia europea para el control de las fronteras.
La crisis económica acentuó el racismo y la xenofobia en Europa, y muchos países endurecieron sus leyes fronterizas. La UE condena el uso de armas químicas en Siria, pero no atiende la crisis humanitaria que golpea sus fronteras. Cuando los jugadores de fútbol negros son víctimas de insultos racistas, la dirigencia y la prensa europea se escandalizan. Esa indignación pasa por alto que los propios Estados son los que expulsan a aquellos que sueñan con llegar a Europa y transformarse en los próximos Samuel Eto’o y Mario Balotelli.
