(Desde San Pablo) El gobierno de Donald Trump cometió una “traición”, aunque no directa, contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El director de Represión a las Drogas del Departamento de Justicia, James Sparks, envió una carta al secretario de Seguridad de Río de Janeiro Víctor Santos. El estadounidense afirma: “Reiteramos nuestros respeto y admiración por el trabajo incansable de las fuerzas de seguridad del Estado (fluminense) y nos colocamos a su disposición para cualquier apoyo que sea necesario”.
Añade en la misiva que “con profundo pesar expresamos nuestras condolencias por la trágica pérdida de vida de cuatro policías, que cayeron en el cumplimiento de su deber, en la Operación Contención” emprendida hace 10 días por el gobernador Claudio Castro en las favelas del Complejo del Alemán y de la Penha.
En ese operativo a cargo del gobierno fluminense, con la participación de 2.500 agentes policiales de ese estado provincial, murieron 121 personas. Hay muchas dudas sobre si fueron asesinados y de qué manera. Varios cadáveres fueron encontrados degollados y otros con un tiro en la nuca; además varios tenían señales de haber sido acuchillados. Lo cierto es que la acción debía cumplir como objetivo detener 100 narcotraficantes del Comando Vermelho, pero sus líderes fueron avisados a tiempo y lograron escapar cuatro horas antes de la llegada de los agentes.
Río en llamas, redes que blanquean y un atajo que llega a la Argentina
Esto llevó al presidente Lula a declarar ayer que la maniobra anti narco había sido un “desastre” y terminó en una “matanza”. De hecho, las críticas al operativo continúan y los expertos advierten que provocó una crisis de seguridad pública en la capital carioca. El mensaje emitido desde Washington, con el “visto bueno” de la Casa Blanca, no ha hecho más que profundizarla al señalar la “disposición” a ayudar directamente a Río de Janeiro, sin pasar por las autoridades nacionales. En ese sentido, concuerda con las consideraciones de Trump, para quién las bandas narcos son terroristas; un concepto que está en aplicación por estos días en el Mar Caribe y en el Pacífico, donde fuerzas americanas bombardean lanchas, con la suposición de que trasladan drogas.
La ofensiva policial fue útil para que el gobernador, miembro del grupo político de la familia Bolsonaro, resucitara una extrema derecha que venía golpeada por la conducta poco feliz de Eduardo Bolsonaro, diputado que permanece en EE.UU. desde abril último, en campaña para que la Casa Blanca presione a Lula, a los congresistas y la Justicia, por la liberación de su padre condenado a 27 años de prisión.
Encuestas: fuerte apoyo al megaoperativo contra el Comando Vermelho, sobre todo en las favelas
Según describen analistas políticos brasileños, la operación “fue para cosechar favores de la población. No tuvo una planificación adecuada que mirase para medidas de corto, medio y largo plazo”. Juzgan también que si por un lado consiguió reunificar la extrema derecha con un discurso único, por otro lado, también interrumpió el alza de la popularidad de Lula para las elecciones de octubre de 2026. Hasta hace dos semanas, el líder brasileño vencía a todos sus opositores con mucha ventaja.
El sociólogo y profesor Vinicius Alves, objetó la escalada de iniciativas semejantes a la carioca en otros estados brasileños. El objetivo, dijo, sería colocar el tema em el centro de los debates para las presidenciales del año próximo, cuando también se eligen gobernadores. No por casualidad algunos mandatarios estaduales vinculados políticamente con Castro, decidieron crear el “Consorcio de Paz”, presuntamente con el fin de sumar fuerzas en el combate a las mafias de las drogas. Figuran entre ellos, el de Santa Catarina, Jorginho Mello; el de Minas Gerais, Romeu Zema y el de Goiás, Ronaldo Caiado. Estos dos últimos aspiran a presentarse como candidatos presidenciales en 2026.
