Perú: una segunda vuelta entre la derecha de Keiko Fujimori y la izquierda de Pedro Castillo
Se anuncia un final de fotografía en un país con grandes desigualdades y en el que ex presidentes y gobernadores regionales enfrentan sentencias y juicios por corrupción.
Los dos candidatos llegan con un empate técnico al ballotage. |
AFP
Gloria Granda G.*
Perú perdió 0-3 ante Colombia el último jueves, por las clasificatorias al Mundial de Qatar 2022, pero el resultado más esperado, a juzgar por lo que se vive en el país desde hace semanas, es el de este domingo, día en que 25 millones de electores han sido convocados para elegir presidente en el balotaje entre la conservadora Keiko Fujimori y el marxista Pedro Castillo.
Las últimas encuestas han reportado un virtual empate técnico. La ley electoral prohíbe publicar encuestas en medios de comunicación.
Castillo y Fujimori quedaron en los dos primeros lugares tras la primera vuelta de las elecciones generales del 11 de abril, al obtener 2,724.752 votos y 1.930.762 votos, de un universo de 14.400.630 votos válidamente emitidos, es decir tras conseguir 18,8% y 15,3% del sufragio, respectivamente.
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Perú, en el año del Bicentenario de su independencia (28 de julio), es un país de renta media, con cada vez más oportunidades a decir por el incremento del empleo y de los emprendimientos de los últimos años, pero no ha logrado reducir las grandes desigualdades, especialmente en las regiones, donde sus gobernadores han sido en su mayoría poco eficientes –sin hablar de los casos de corrupción- para invertir el dinero obtenido por las grandes inversiones, sobre todo en proyectos mineros.
Es un país que, con casi 33 millones de habitantes, resultó muy golpeado por la pandemia generada por el COVID_19, con una cifra de al menos 180,764 muertos (entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo último), según la revelación hecha por el actual gobierno.
Perú es uno de los países que peor ha manejado la pandemia. Directos responsables: los gobiernos de Martín Vizcarra (2018-2020) y el actual, de Francisco Sagasti.
El registro fue revelado esta semana, después de haber sido ocultado durante el gobierno de Vizcarra, vacado de la presidencia en noviembre, por incapacidad moral para gobernar, y por el régimen de emergencia que preside Sagasti, por seis meses hasta el “sinceramiento” de las estadísticas mortales.
La capacidad de Perú para enfrentar la pandemia ha residido en la estabilidad económica del país, en el que desde 1990, con el régimen del encarcelado ex presidente Alberto Fujimori -padre de la candidata presidencial- se sentaron las bases para la recuperación de la economía tras el desastroso primer gobierno del extinto Alan Garcia (1985-1990).
Sin embargo, pese a los programas económicos estatales para contrarrestar los efectos del confinamiento, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que 1,8 millones de peruanos se han empobrecido tras las dos olas de la pandemia que han enfrentado.
El segundo gobierno de García (2006-2011) fue diametralmente opuesto al primero y el país siguió creciendo económicamente de forma sostenida, se redujo la pobreza y la pobreza extrema en cifras nunca antes vistas.
La estabilidad económica se gestó en los años ’90 en paralelo a la lucha contra los grupos terroristas Sendero luminoso (SL) y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru). De hecho, los fundadores y líderes de esos grupos fueron capturados en 1992, después del autogolpe de Fujimori, el 5 de abril de 1992.
El accionar terrorista y la lucha contra el terrorismo dejaron más de 70.000 muertos en el Perú, además de lisiados, miles de campesinos huyendo a las ciudades, junto a millonarios daños materiales
Abimael Guzmán y Víctor Polay, fundadores de SL y MRTA, además de sus lugartenientes e integrantes de sus grupos ilegales, fueron procesados y condenados por terrorismo.
En paralelo a la lucha contraterrorista, Perú empezó a reconstruir su economía, con recorte de libertades y denunciados abusos atribuidos al gobierno autoritario de Fujimori, quien tuvo el apoyo incondicional del hoy también encarcelado jefe de Inteligencia, Vladimiro Montesinos, acusado de dirigir un comando paramilitar, además de jefes militares.
Fujimori cayó en el 2000. Renunció desde Asia. El Congreso lo inhabilitó por incapacidad moral. Lo extraditaron, procesaron, enjuiciaron en un proceso cuestionado hasta hoy por sus defensores y un sector de la prensa.
Desde el 2000, se agudizó la polarización en el Perú, con cada gestión gubernamental que se autoproclamó como abanderada de la lucha anticorrupción poniendo siempre a Alberto Fujimori en el centro de sus campañas electorales.
Sin embargo, muchos de los detractores de Alberto Fujimori tienen cuentas que rendir a la justicia. Por ejemplo, el ex presidente Alejandro Toledo, el primero que llegó a la presidencia deplorando la gestión de Fujimori, enfrenta hoy en Estados Unidos el pedido de extradición de la justicia peruana, acusado de haber recibido a través de testaferros al menos 20 millones de dólares de empresas constructoras brasileñas a cambio de contratos millonarios durante su gobierno (2001-2006).
Después, llegó a la presidencia Ollanta Humala, oficial retirado del Ejército, quién también usó a Fujimori y a su gobierno como ejemplo de la corrupción en el país, prometió un gobierno de izquierda limpio y hoy, junto a su esposa Nadine Heredia, enfrenta procesos judiciales por recepción indebida de millonarios aportes de empresas constructoras brasileñas, las que recibieron contratos millonarios en su mandato presidencial (2011-2016).
El caso de la ex alcaldesa izquierdista Susana Villarán (2011-2014) es también digno también de estudio. Ella y sus defensores realizaron millonarias campañas mediáticas contra Fujimori y la actual candidata presidencial, acusándolos de corrupción y enfocándose en convencer a jóvenes, universitarios y de institutos, con apoyo de muchos actores y personas vinculadas a ONGs.
Hoy, Villarán y varios de sus asesores enfrentan juicios por haber recibido sobornos millonarios de parte de la empresa brasileña Odebrecht, para impulsar la campaña en contra del pedido de revocarla de la Alcaldía de Lima.
El jueves por la noche, Fujimori, de 46 años, del partido Fuerza popular, y Castillo, de 51, de Perú Libre, cerraron sus campañas electorales, con multitudinarios y coloridos mítines, a pesar del llamado del gobierno para evitar aglomeración de personas, debido a la emergencia sanitaria.
En su cierre, Keiko invitó a su familia.
Por su parte, Pedro Castillo encabezó un "balconazo" en la plaza Dos de Mayo de Lima.
Ambos candidatos rechazaron y deploraron el reciente atentado terrorista de sendero luminoso en el poblado de San Miguel del Ene, en el Valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro, sudeste del país, en el que murieron 16 personas, dos de ellas niños.
Sin embargo, de los dos candidatos, es Castillo quien lidera el partido que ha llevado al Congreso (2021-2026) a personas con vínculos con Sendero luminoso, como Guillermo Bermejo.
Castillo lleva en sus filas a integrantes del grupo Movadef, formado a su vez por defensores de condenados por terroristas. Movadef pide desde su formación la liberación de Abimael Guzmán y muchos otros condenados por terrorismo.
Cuando se le consulta a Castillo por esos vínculos, pide que pare el “terruqueo” (neologismo que significa atribuir simpatías con el terrorismo a todo aquel que critica el orden establecido) en su contra y en contra de su agrupación, cuyo secretario general es un condenado por hechos de corrupción, Vladimir Cerrón, quien además ha posado en fotografías reveladas por medios locales con integrantes de Sendero Luminoso.
Cerrón, fundador de Perú libre y ex gobernador de la Región Junín, es el ideólogo del partido definido como “marxista-leninista-mariateguista”. La última referencia es por José Carlos Mariategui, fallecido en 1930, fundador del partido Socialista peruano, que años después se transformó en el partido Comunista.
Los peruanos deberán sufragar este domingo, al cabo de una campaña en la que Fujimori concurrió a cuanto foro la convocó para asegurar que respetará la Constitución Política y para dar propuestas, algunas de las cuales han sido calificadas como populistas, y en la que Castillo se mostró en dos debates con su rival y también en algunos mítines, pero evitando conferencias de prensa o entrevistas periodísticas que no sean al paso.
Castillo, autoproclamado líder del pueblo, ha llegado a anunciar un día medidas en un supuesto gobierno y desmentirse un día después, como negar haber declarado el último lunes a la televisora #CanalN que los feminicidios “son producto de la ociosidad que genera el Estado” y un día después negar que lo dijo.
Lo que sí no ha variado es que, de llegar al gobierno, alentará la convocatoria de una Asamblea Constituyente, tal como hizo Hugo Chávez en Venezuela, lo que no está permitido por la actual Constitución Política, que fue aprobada por referéndum en 1993.
Keiko Fujimori ha recibido el apoyo total del premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, antiguo enemigo político de su padre, y con cuyo hijo, Alvaro Vargas Llosa, se fundió el jueves por la noche en un fuerte abrazo durante su mitin de cierre en el populoso distrito limeño de Villa El Salvador, y también del ex candidato presidencial venezolano en el exilio Leopoldo López (quien estuvo esta semana en Lima), entre otras figuras internacionales.
Mientras que el candidato Castillo ha sido apoyado por el gobernante venezolano Nicolás Maduro y por los ex presidentes de Bolivia Evo Morales y de Uruguay José Mujica, entre otros personajes internacionales.
En Perú, donde cuestionar a un candidato puede costar la estigmatización pública a través de las redes sociales, queda resistir levantando las banderas de la Democracia y de las libertades que solo en ella podemos ejercer.
