Hay resistencias y resquemores entre los 197 países que participan de la cumbre de Líderes de la Conferencia de la ONU sobre Cambios Climáticos (COP-30), para alcanzar, en Belem, un acuerdo definitivo. No obstante, hay consenso sobre la necesidad de actuar rápido en la transición energética: “No se pueden seguir retrasando las soluciones” admiten todos, incluidas las potencias. Solo que en este proceso influirá definitivamente la capacidad de financiación que aporten los países ricos. Y es que se precisarían 1,3 billones de dólares este año; sin embargo, la disposición a depositar fondos alcanza apenas los 300.000 millones de dólares, es decir, un 23%.
Esa famosa transición significa, ni más ni menos, que transformar el sistema energético del mundo, mediante el abandono del petróleo y el carbón, para su reemplazo por fuentes limpias, entre ellas la solar y la eólica. El presidente Lula da Silva, al abrir la sesión de hoy, formuló el problema en estos términos: “El planeta ya no puede sostener un modelo de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles, que prevaleció en los últimos 200 años. Estamos obligados a actualizar los planes climáticos, diez años después del Acuerdo de París y luego del fracaso de la COP 29, en Bakú”.
El mandatario defendió, luego, que “parte de las ganancias del sector petrolero deben ser enfiladas hacia la transición, y para eso es preciso crear un fondo especial”. Más aún, aventuró que su país “establecerá ese fondo” para financiar la lucha contra el cambio climático. En ese sentido, admitió que la explotación petrolera seguirá durante la transición como vía legítima para obtener los recursos que sostengan “la transición en los países en desarrollo”.
El propio Lula se refirió a un informe donde se señala que “75% de las emisiones de gas estufa procede de la producción y consumo de energía”. Al mismo tiempo sostuvo, en tono conciliador, que “no será necesario apagar máquinas y motores, ni cerrar fábricas de la noche a la mañana”. En su visión, para eso se cuenta con “la ciencia y tecnología que nos permitirá evolucionar de modo seguro hacia un modelo masivo de energía limpia”.
Ese el discurso que fomenta su gobierno estos días, pero no cuenta con el respaldo de las organizaciones civiles. Ocurre que el jefe de Estado autorizó la exploración, y ahora promueve la futura explotación, de un yacimiento petrolero marino muy próximo a la desembocadura del río Amazonas.
Un manifiesto, firmado por organizaciones de la izquierda de Europa, advierte: “La olas de calor, los mega incendios interminables, las tormentas extremas e inundaciones catastróficas, las sequías y la creciente desertificación, se han vuelto más frecuentes, cuando antes se trataban de acontecimiento excepcionales”. Y alerta acerca de un fenómeno antiguamente impensable: “La pérdida de comunidades por la subida del nivel del mar ya está en marcha. Esto no se debe a fallas del mercado, a la mala gestión de un gobierno o a una conspiración empresarial”. Para estas corrientes políticas, “esto es el resultado de tendencias contradictorias, donde la destrucción ambiental se convierte en una oportunidad de negocio. Cuando un río se contamina, su limpieza pasa a ser un nicho de mercado. Lejos de proteger los ecosistemas, esta lógica los subordina a la rentabilidad”.
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El etanol mereció un capítulo esencial, como fuente de energía "limpia". Y Argentina es un ejemplo: el año pasado se logró un récord histórico de producción de bioetanol, con 1.210 millones de litros elaborados por Córdoba, Santa Fe y San Luis. En el país, el uso principal es como combustible, dado que la ley obliga a su empleo para cortar la nafta con un 12%. En el caso de Brasil, la producción llegó el último año a 36.900 millones de litros, de los cuáles exportó 3.000 millones de litros al mundo.
Según señaló el líder brasileño, “el etanol es una alternativa eficaz de la que se dispone de inmediato para abastecer la industria y el transporte. Pero lamentable, su empleo sufre presiones y amenazas, al punto que llevó a posponer este paso”. En verdad el uso de etanol es discutido por los europeos, para quienes el cultivo del maíz y de la caña de azúcar le sacan tierras a la plantación de alimentos. Frente a esto, el gobierno brasileño señala que aportará una sensible reducción de CO2.
