La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) dio por cerrada su investigación preliminar y remitió a sorteo judicial la denuncia presentada por Esmeralda Mitre. La resolución, que lleva la firma de la fiscal Mariela Labozzetta, sostiene que los hechos descritos deben ser abordados bajo un estándar de "debida diligencia reforzada", un protocolo exigible internacionalmente para casos de violencia de género.
En su presentación, se ratificó la existencia de un "plan criminal" ejecutado por una presunta asociación ilícita conformada incluso antes del fallecimiento de Bartolomé Luis Mitre, ocurrido el 25 de marzo de 2020. El objetivo central de esta organización habría sido despojar a Esmeralda de sus derechos hereditarios sobre las empresas KMB S.A. y La Nación S.A., anulando así su autonomía personal y patrimonial en un contexto de violencia económica y simbólica.
Según el dictamen fiscal, la coordinación de estas maniobras habría estado a cargo de Julio César Saguier y Fernán Saguier (presidente y director de la S.A. La Nación). También se señala la participación de los abogados Mariano Gagliardo y Gastón Marquevich, quienes habrían articulado acciones con los Saguier y con la madre de la actriz, Blanca Isabel Álvarez de Toledo, para obtener beneficios económicos ante el inminente fallecimiento del entonces director del multimedio.
Las maniobras denunciadas, "un mosaico siniestro"
Los escritos presentados por la actriz ante la UFEM detallan una "larga sucesión de hechos graves que emergieron como un mosaico siniestro". Entre los hechos señalados figura la omisión de declarar el 22% de las acciones de La Nación que pertenecían a KMB S.A. como parte del acervo hereditario, atribuyéndolas fraudulentamente al accionista Federico Spínola.
Se menciona además la creación del "Fideicomiso Mitre Nación" en 2021, el cual habría permanecido oculto incluso después de que se revocaran los poderes a los abogados intervinientes en 2023.
La denuncia también alcanza a la escribana Sandra Iampolsky por facilitar presuntamente la instrumentación de este fideicomiso y la gestión de certificados para la venta de un inmueble familiar sin que existiera una oferta real.
Otro eje central del planteo judicial es el operativo de internación psiquiátrica ocurrido el 15 de agosto de 2024. Mitre sostuvo que ese procedimiento constituyó una “coacción grave y privación ilegítima de la libertad” y lo vinculó con una estrategia destinada a desacreditar sus reclamos patrimoniales. En ese contexto, señaló como responsables a su cuñado, Marcos Pereda Born, y a su hermana, Azul García Uriburu.
Mitre describió actos de violencia física durante dicho procedimiento: afirmó que Pereda Born le devolvió su teléfono "sin clave y con información borrada" de forma violenta y que, tras un forcejeo, le cerró "la puerta del ascensor lastimándole el brazo, lo cual le provocó un hematoma".
En su presentación, Mitre también denunció lo que describió como una “estrategia de violencia mediática y simbólica”. Señaló a la conductora Yanina Latorre y a la productora Mandarina por difundir información que —según sostuvo— buscó desacreditarla públicamente y justificar su desapoderamiento patrimonial. La fiscalía incorporó ese planteo dentro del relato de los hechos denunciados al analizar el contexto del caso.
Además, Mitre cuestionó el accionar del juez federal Alejandro Patricio Maraniello en el marco de una audiencia judicial. Según su relato, el magistrado habría intentado aplicarle una “mordaza judicial” y no intervino ante los insultos que —afirmó— recibió por parte de Julio Saguier. En ese contexto, sostuvo que durante la audiencia fue llamada “loca” y “mal conocida” y que el juez “simuló no haber escuchado tales expresiones”.
En el documento firmado el 2 de marzo, la UFEM señaló que una parte significativa de los hechos relatados por Mitre ya fue o está siendo analizada en distintos expedientes judiciales de los fueros civil, comercial y penal. No obstante, la fiscalía sostuvo que la naturaleza de la denuncia exige un análisis contextual con perspectiva de género para determinar si esos episodios podrían encuadrarse en distintos tipos de violencia contra las mujeres previstos en la ley 26.485, como la violencia económica, psicológica o simbólica.
La resolución concluyó que, ante la complejidad de los hechos y la multiplicidad de causas vinculadas, corresponde remitir la denuncia a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional para que se realice el sorteo de un juzgado que evalúe la apertura de una investigación penal. Finalmente, la UFEM dio por cerrada la etapa preliminar y dejó en manos de la Justicia la definición sobre el futuro del expediente.
GD/DCQ/ML
