La primera en anunciar el fallecimiento fue María Betiana Malatini, una de las denunciantes, quien el sábado publicó en su cuenta de Facebook: "Hoy murió el sacerdote que abusó de mí cuando era niña". Con esa frase escueta y contundente, Malatini inauguró el último capítulo de un caso que sacudió al sur de la provincia de Córdoba durante más de una década.
Héctor Pinamonti tenía 93 años y nunca estuvo preso: aunque la propia Iglesia Católica lo halló culpable, la Justicia no lo investigó. El religioso había sido apartado del ejercicio del sacerdocio luego de las acusaciones que se hicieron públicas en los últimos años y fue sepultado el domingo en el cementerio de Sampacho.
En la misma publicación, Malatini destacó la dimensión simbólica de la fecha: "Durante años tuvo prestigio, respeto y poder. Hasta que hablé. Fue denunciado. Fue juzgado. Fue condenado. Murió un 8 de marzo, el día en que las mujeres recordamos que nuestra voz también hace justicia".
Décadas de abusos en parroquias del sur provincial
El caso salió a la luz públicamente en marzo de 2022, cuando una mujer relató que había sido abusada por el párroco de Sampacho cuando tenía 11 años. Tras esa denuncia inicial, otras mujeres también afirmaron haber sido víctimas de hechos similares ocurridos durante su infancia.
Una de las nuevas denunciantes marcó abusos en sus primeras etapas como sacerdote, en 1978. Hasta 1986, Pinamonti estuvo a cargo de la parroquia en Sampacho. Un tercer testimonio, surgido también en 2022, situó los hechos en la parroquia de General Deheza. La denunciante afirmó que tenía 8 años cuando fue forzada a un acto sexual antes de una misa, en un almacén detrás del altar.
La investigación canónica que siguió a esas denuncias concluyó el 3 de febrero de 2021. El obispo Adolfo Uriona, a cargo de la Diócesis de Río Cuarto, lo declaró imputable del delito de abuso sexual y le prohibió ejercer el ministerio sagrado en público por tiempo indeterminado, aunque sigue ligado a la institución católica. La Iglesia optó por no expulsarlo del estado clerical, una decisión que generó controversias.
La Justicia penal, bloqueada por la prescripción
Mientras el proceso canónico avanzó hasta una sentencia, la vía penal permaneció cerrada desde el principio. Los delitos denunciados habían prescripto por el transcurso del tiempo, lo que imposibilitó cualquier investigación judicial ordinaria.
Ante ese obstáculo, las víctimas y sus familias presentaron una demanda civil contra la Diócesis de Río Cuarto, en busca de una reparación económica fundada en la responsabilidad institucional de la Iglesia por los actos de sus ministros.
El caso Pinamonti no es un episodio aislado en el mapa del abuso clerical en Argentina. El caso resuena con el del exsacerdote Justo José Ilarraz, condenado a 25 años de prisión por corrupción de menores y abuso sexual agravado, aunque en julio de 2025 la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo sobreseyó al declarar prescripta la acción penal.
El tribunal consideró que los delitos investigados no podían ser asimilados a delitos de lesa humanidad ni a graves violaciones a los derechos humanos, y que la aplicación de la prescripción resultaba obligatoria conforme al principio de legalidad penal. Ese fallo marcó un precedente que afecta directamente la posibilidad de juzgar abusos cometidos antes de 2015, año de entrada en vigencia de las leyes que extendieron los plazos de prescripción para delitos contra menores.
El cierre de un ciclo para las denunciantes
María Betiana Bramardo, otra de las mujeres que impulsó la investigación canónica, describió en declaraciones a medios locales la sensación que le dejó la noticia de la muerte del sacerdote. "Hay una serenidad en saber que esta persona ya no es un peligro para la sociedad", afirmó. "Mis días seguían pegados a él. Siempre estaba alerta de si aparecía en una misa, si daba la comunión o si volvía a tener algún tipo de reconocimiento".
Bramardo también describió las dificultades del proceso canónico: quienes declaraban debían firmar el llamado secreto pontificio, un acuerdo de confidencialidad que les impedía hablar públicamente sobre el proceso. "Cada paso del proceso fue cerrando ciclos: poder hablar, poder denunciar, lograr una sentencia. Ahora aparece otra sensación de serenidad", expresó
En abril de 2022, vecinos de Sampacho organizaron una movilización hasta la vivienda del sacerdote en la calle San Martín, donde dejaron carteles con mensajes como "No al abuso infantil", "El abuso es un delito, no es un pecado" y "¡No violarás!". El intendente Franco Suárez también participó del reclamo y pidió que la marcha sirviera para evitar que los hechos sucedan.
Pinamonti fue velado en el templo de La Consolata de Sampacho antes de ser sepultado en el cementerio local. La demanda civil contra la Diócesis de Río Cuarto continúa su curso.
