La jueza federal María Eugenia Capuchetti definirá en los próximos días si abre una nueva investigación penal contra el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, por la presunta asignación irregular de una custodia de la Policía Federal Argentina (PFA) para su esposa, Bettina Angeletti. La resolución de la titular del Juzgado Federal N° 5 responde a una derivación de la denuncia efectuada por el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade, quien expuso el caso en el Congreso y terminó, a su vez, siendo imputado en una causa paralela por supuesto espionaje ilegal contra el funcionario y su entorno familiar.
La controversia comenzó el 29 de abril, cuando Adorni se presentó ante la Cámara de Diputados para brindar su informe de gestión. Durante la ronda de preguntas, Tailhade hizo referencia a distintos lugares frecuentados por Angeletti y aseguró que contaría con custodia de la Policía Federal Argentina incluso para actividades de carácter privado.
Las declaraciones generaron una inmediata reacción del Ministerio de Seguridad, que presentó una denuncia judicial al considerar que podría haber existido una maniobra de espionaje sobre la vida privada del jefe de Gabinete y su entorno familiar.
La presentación recayó en el Juzgado Federal N° 5, a cargo de Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. Allí, los abogados de la cartera que conduce la ministra Alejandra Monteoliva advirtieron sobre posibles “tareas de espionaje ilegal” y plantearon que los hechos podrían incluso tener implicancias vinculadas a la seguridad nacional.
Desde el área de Seguridad sembraron sospechas sobre los métodos utilizados por el diputado de Unión por la Patria, recordando su pasado en la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) como director de Contrainteligencia. El escrito judicial sugiere que Tailhade pudo haber empleado "indebidamente influencias, contactos, información y/o eventualmente medios técnicos" para realizar el seguimiento de la familia de Adorni. No obstante, este presunto espionaje ya se encontraba bajo la lupa del juez Daniel Rafecas y el fiscal Guillermo Marijuan, a raíz de la denuncia previa de un abogado particular en los tribunales de Comodoro Py.
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El escenario sumó un giro imprevisto cuando el expediente comenzó a avanzar: Tailhade cuestionó que el Ministerio de Seguridad actúe "como abogado" particular de Adorni y ratificó sus acusaciones sobre el desvío de fondos públicos para la custodia de Angeletti.
Esa presentación derivó en una nueva línea de análisis judicial. La fiscal Ochoa entendió que el presunto espionaje debía seguir investigándose en el expediente que ya tramitan el fiscal Guillermo Marijuan y el juez Daniel Rafecas, quienes ya tenían abierta una causa por esos mismos hechos a partir de una denuncia presentada previamente por un abogado particular.
Al mismo tiempo, consideró que existía un aspecto distinto que merecía una evaluación separada: la supuesta utilización de recursos estatales para brindar custodia oficial a Bettina Angeletti. Por ese motivo, sugirió extraer testimonios y remitir esa cuestión a sorteo para determinar si corresponde abrir una nueva investigación.
Ahora la decisión quedó en manos de Capuchetti. Antes de resolver, la magistrada solicitó información sobre los expedientes en trámite, tanto el vinculado al presunto espionaje como otra causa por enriquecimiento ilícito que impulsa el fiscal Gerardo Pollicita.
Con esos elementos la jueza deberá determinar si la denuncia vinculada a la custodia de Angeletti constituye un hecho autónomo que amerita una investigación propia o si corresponde desestimarla.
Cabe recordar que la Cámara Federal porteña le asignó recientemente a Capuchetti la totalidad de las denuncias por los denominados “créditos VIP” del Banco Nación. Se trata de cuatro presentaciones judiciales radicadas el mes pasado que investigan la concesión discrecional de préstamos millonarios por parte de la banca estatal a diversos funcionarios y dirigentes de La Libertad Avanza.
GD / EM
