La investigación por el escándalo de recaudación ilegal en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires entró en su etapa final. El juez de Garantías de La Plata, Guillermo Atencio, confirmó la elevación a juicio oral del expediente que tiene como principales imputados a Julio “Chocolate” Rigau, Claudio y Facundo Albini, dos dirigentes del Frente Renovador, y a 43 presuntos empleados de la Legislatura bonaerense.
En una fecha aún por determinar, los acusados deberán comparecer ante un tribunal para responder por las maniobras que, según la fiscal Betina Lacki, configuraron un esquema sostenido de defraudación contra la administración pública. La investigación comenzó el 8 de septiembre de 2023, cuando Rigau fue detenido en un cajero del BAPRO a diez metros del palacio legislativo. Llevaba consigo 43 tarjetas de débito pertenecientes a personas con contratos o vínculos laborales en la Cámara baja provincial, así como más de dos millones de pesos en efectivo guardados en bolsas de residuos.
"Chocolate" Rigau fue beneficiado con prisión domiciliaria
De acuerdo al escrito del juez Atencio, “con las probanzas colectadas se ha podido acreditar que, desde fecha aún no determinada y hasta al menos el día 9 de septiembre de 2023, cuanto menos tres personas -uno de ellos Sub Director de Personal de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires (Claudio Albini), otro su hijo (Facundo Albini) y un contratado por dicha institución (Chocolate Rigau)- integraron una organización que de modo habitual y permanente mediante acuerdo tácito o expreso, tenían el propósito de cometer el delito de fraude en perjuicio de la administración pública”.
Según lo planteado por la Justicia, el modus operandi consistía en la contratación de personas que no desempeñaban tareas reales en la Legislatura, quienes cedían sus tarjetas a cambio de beneficios como obra social, aportes jubilatorios o un porcentaje del sueldo. “Una vez recaudado el dinero por Rigau, a través de las gestiones realizadas por Facundo Albini, se rendían cuentas del dinero obtenido ante Claudio Gustavo Albini, quien le daba un destino diferente al que originariamente tenia, sea para beneficio propio o de terceros", detalló el juez. Al respecto, las pericias contables determinaron que el perjuicio económico para el Estado superaría los 800 millones de pesos.
El juez coincide con la hipótesis de que podrían estar involucrados personas de mayor peso. “No me resulta razonable presumir que ello (toda la maniobra descubierta) pudiera reducirse a un empleado de categoría inferior, a un subdirector de un área ajena al manejo de las contrataciones y a quien ni siquiera pertenece a la planta funcional legislativa”, escribió, en alusión a los tres imputados principales. No obstante, la fiscalía no avanzó más allá de ese círculo.
El estado de los acusados
La figura de “asociación ilícita” recae sobre Rigau y los Albini, pero no sobre los 43 supuestos empleados, a quienes el magistrado considera partícipes de un fraude, un delito con penas menores que podrían derivar en excarcelaciones. La causa tiene además un condimento político: Facundo Albini fue reelecto como concejal platense mientras se conocían los detalles del escándalo y era apoderado a nivel provincial del Frente Renovador, espacio liderado por Sergio Massa.
En cuanto al estado actual de los acusados, Claudio Albini fue internado recientemente por complicaciones en su cuadro de hipertensión y diabetes. Estaba alojado en la alcaidía de Melchor Romero, al igual que su hijo, ambos con prisión preventiva confirmada. Las solicitudes de morigeración fueron rechazadas. Rigau, en cambio, recibió el beneficio de la prisión domiciliaria y actualmente permanece con tobillera electrónica en su casa en la misma localidad.
MB/ Gi
